Un total de siete proyectos de ley sancionó en la presente semana la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. De ellos, dos culminaron su tramitación en el Congreso Nacional y pasaron a fase de promulgación.
Ambas propuestas legislativas se relacionan con elecciones. La primera de ellas (boletín 13105) modifica la Ley 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios. En particular, fija una sanción por no cumplir con el voto obligatorio. Esta consiste en una multa a beneficio municipal de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales. Esto es, entre 34 mil a 104 mil pesos aproximadamente.
La segunda iniciativa (boletín 17823) modifica la Constitución Política. Estipula que los extranjeros avecindados en Chile por más de diez años ininterrumpidos podrán ejercer el derecho a sufragio.
Los extranjeros se considerarán avecindados a partir del momento en que obtengan un permiso de residencia definitiva. Adicionalmente, solo para efectos de esta norma electoral, se determina que, durante el período de avecindamiento, no deben registrar salidas del país por más de noventa días en un período de doce meses.
El texto señala, finalmente, que este cambio se aplicará sólo a partir del año 2026. Es decir, para las próximas elecciones de noviembre de 2025 se mantiene vigente la norma que permite votar a los extranjeros luego de cinco años de obtener una residencia temporal.
Textos despachados a segundo y tercer trámite
Durante esta semana, la Sala de la Cámara también aprobó y derivó a segundo trámite dos proyectos. El primero (boletín 17547), modifica la Ley 21.368, que regula la entrega de productos plásticos de un solo uso. Tiene como objetivo otorgar más certeza respecto de la aplicación de la normativa.
Asimismo, propone exceptuar a productos elaborados a partir de papel, cartón u otro material reciclable o reutilizable. Junto a esto, precisa lo relativo al consumo fuera del establecimiento, donde está permitida la entrega de productos desechables de materiales valorizables distintos del plástico o plástico certificado.
El segundo texto (boletín 17641) se aprobó en forma unánime. Crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo, de cargo fiscal, administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Beneficiará a trabajadores/as y empresas del sector privado. En particular, se enfoca en cuatro grupos rezagados en la incorporación al empleo formal:
- Mujeres entre 25 y 54 años, 11 meses y 30 días de edad.
- Jóvenes entre 18 y 24 años, 11 meses y 30 días de edad.
- Personas de más de 55 años.
- Personas inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad, de ambos sexos y que tengan hasta 64 años, 11 meses y 30 días de edad.
La Sala de la Cámara, igualmente, envió a tercer trámite un proyecto (boletín 11518) que busca disminuir los niveles de sedentarismo, obesidad y sobrepeso en menores de edad. Para ello, aumenta los tiempos destinados a la actividad física dentro de la jornada escolar. Apunta a la educación parvularia, básica y media.
Entre varias materias, plantea la promoción de, al menos, sesenta minutos diarios de juegos, actividad física o deporte. Se realizará a lo largo de la jornada educativa y en coherencia con su proyecto educativo. En ningún caso se podrán conmutar como parte de la asignatura de Educación Física y Salud, o su equivalente.
Proyectos aprobados en general por la Sala
Finalmente, la Corporación aprobó la idea de legislar de otros dos proyectos de ley. Ambos retornaron a sus respectivas comisiones técnicas por ser objeto de indicaciones.
El primer texto (boletín 16895) integra la detección de la bacteria Helicobacter Pylori dentro de los exámenes preventivos. Esto permitirá a las y los trabajadores con contratos de trabajo superiores a 30 días, gozar de medio día de permiso laboral, una vez al año, para su realización.
Si el examen de Helicobacter pylori requiriese un día completo o más para su ejecución y posterior recuperación del trabajador, dicho tiempo adicional deberá compensarse. Esto se convendrá con el empleador, dentro del siguiente año calendario, salvo que el empleador determine que no es necesaria dicha compensación.
La segunda iniciativa (boletín 17095), respalda por la Sala en general, encarga al Servicio Médico Legal (SML) la identificación de restos humanos de víctimas de violaciones a los derechos humanos.
