Acusaciones constitucionales y cuatro proyectos abordó la Sala esta semana

La aprobó la acusación en contra de los jueces de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, y rechazó la admisibilidad del libelo acusatorio en contra de la ministra Carolina Tohá.

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Lámina resumen del trabajo de la Sala

Dos acusaciones constitucionales y el despacho de cuatro proyectos de ley es el balance del trabajo de la Sala de la Cámara en la presente semana de octubre.

Las acusaciones se revisaron y votaron en las sesiones del miércoles 9 y del jueves 10. La primera fue la dirigida en contra de los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. La segunda apuntó a la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Respecto del primer caso, la Sala rechazó la impugnación apelada por los abogados defensores de ambos jueces, respecto a que no se cumplían con los requisitos formales para la presentación del libelo. Tras esto, se procedió al debate de fondo de las acusaciones. Ello culminó con la aprobación de la admisibilidad de la acusación en contra de ambos magistrados. Ahora corresponderá defender dicha posición ante el Senado.

En el trámite de la acusación en contra de la ministra Tohá no se abordó el tema de los requisitos formales. De hecho, por propia solicitud de la secretaria de Estado, se pasó directamente al fondo de la discusión. Así, expuso primero la parte acusatoria; luego, le correspondió a la defensa. Además, plantearon su posición diputados y diputadas en la fundamentación del voto. El resultado, finalmente, fue favorable a la ministra al desecharse la admisibilidad de la acusación en su contra, concluyendo con eso el proceso.

Lunes

El lunes 7, la Sala aprobó y despachó a segundo trámite un proyecto (boletín 16986) que modifica el Código Orgánico de Tribunales. La iniciativa aborda el tema de la jurisdicción extraterritorial, en caso de delitos de cohecho.

El texto incluye a las personas jurídicas constituidas o domiciliadas en Chile, dentro de los supuestos de la referida jurisdicción. La idea es que puedan ser juzgadas por cohecho de funcionarios públicos extranjeros, incluso cuando el delito haya sido cometido fuera del territorio nacional.

Además, se respaldó una iniciativa (boletín 16811) que busca asegurar condiciones de calidad en la educación parvularia. Para ello promueve medidas que responden a la urgencia de mejorar la oferta educativa y corregir sus deficiencias a través de la creación de calendarios parvularios y de un sistema de información centralizado. Asimismo, fija el 31 de diciembre de 2034 como nueva fecha final para el cumplimiento del reconocimiento oficial del Estado.

En este día, adicionalmente, se apoyó la creación de una nueva comisión investigadora. Analizará el proceso de acreditación, entrega de recursos públicos y financiamiento de las universidades. De igual modo, se revisará el cumplimiento de la normativa educacional vigente y su funcionamiento general.

Martes 8

En la jornada del martes, la Corporación aprobó, en general y en particular, el proyecto que crea el contrato de buceo y actividades conexas (boletín 17005). Con esto, la iniciativa pasó a segundo trámite, al Senado. La iniciativa se propone responder a las alarmantes cifras de accidentabilidad del sector.

El texto pone énfasis en la salud y seguridad en el trabajo, considerando las exigencias y riesgos específicos de esta función. Además, amplía las definiciones y alcances de las actividades industriales, que no son propias de la acuicultura. También se consideran mayores herramientas de reconocimiento al trabajo de las y los buzos.

Adicionalmente, se apoyó el proyecto (boletín 16396) que otorga una atención prioritaria a personas con discapacidad ante los diferentes trámites que se ofrecen en los servicios públicos.

El beneficio establecido se dirige a las personas que cuenten con credencial o certificado de discapacidad vigente emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Se amplía también para sus cuidadores o cuidadoras, que cuenten con el certificado respectivo.

En particular, se les entrega el derecho a ser atendidas, preferente y oportunamente, en todas las instituciones públicas y privadas que brinden atención al público. Para el caso de atenciones en salud, regirá lo dispuesto en la Ley 20.584.