La Sala de la Cámara aprobó por unanimidad, la creación de una Comisión Especial Investigadora para revisar los actos del gobierno, en especial, del Ministerio de Educación y de la Superintendencia de Educación Superior, en relación al proceso de acreditación, entrega de recursos públicos y financiamiento de las universidades. Así como, el cumplimiento de la normativa educacional vigente y su funcionamiento general.
La petición -suscrita por 64 diputados y diputadas, liderados por el diputado Juan Santana (PS)- hace referencia al caso de la Universidad San Sebastián, en que una serie de docentes y académicos habrían recibido sueldos y diversos pagos, sin que conste el desarrollo de un trabajo profesional y académico claro y tangible.
Al respecto, se cita el caso de los exministros Andrés Chadwick y Marcela Cubillos, y del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus.
Respecto a la exministra de Educación, se cuestiona el pago de 17 millones de pesos, pese al trabajo a distancia desde España, donde reside. Mientras que, en el caso de Matus se contravendría la norma que, si bien permite labores docentes, impide la realización de labores investigativas.
Se propone que investigue y fiscalice el hecho de que dicha casa de estudios recibe recursos públicos destinados a sostener su proyecto educativo. Además, debe tener un cumplimiento normativo riguroso por tener acreditación. También se busca indagar si ha vulnerado o no las normativas vigentes, en lo relativo a la prohibición del lucro en la educación y las que regulan la actividad académica de las universidades.
El propósito es recabar antecedentes e indicios que pudieren dar cuenta de un eventual mal funcionamiento. Ello, a través de la fiscalización de instituciones educativas gubernamentales que, históricamente, participaron en permitir el funcionamiento de la Universidad San Sebastián.
La comisión deberá rendir su informe a la Corporación en un plazo no superior a 60 días, pudiendo constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
