Establecer un sistema de incentivos para la gestión sostenible de suelos agropecuarios (Sigess). Ese es el objeto del proyecto de ley (boletín 16391), aprobado y despachado al Senado -por 115 votos a favor y 1 abstención- por la Sala de la Cámara.
La iniciativa, iniciada en mensaje, busca impulsar la adopción de prácticas, por parte de los agricultores, que permitan mejorar y mantener las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos agropecuarios, así como contribuir a la producción sostenible de alimentos por un plazo de 12 años.
Para el logro de tales objetivos, la iniciativa dispondrá de tres instrumentos: la bonificación de la gestión sostenible de los suelos agropecuarios; la transferencia de conocimientos para su gestión sostenible y el fondo comunitario para la gestión sostenible de los suelos.
La normativa crea el Programa de Sistema de incentivos para la gestión sostenible de suelos agropecuarios (Sigess).
Para los efectos, define el concepto de gestión sostenible de suelos agropecuarios como el conjunto de acciones, prácticas y políticas que promueven la conservación, mejoramiento y habilitación de los suelos agropecuarios. Asimismo, su biodiversidad para el cumplimiento de sus funciones y servicios ecosistémicos, sin afectar su integridad para el futuro.
Gestión sostenible de suelos agropecuarios
El Sigess contempla, en sus pilares, entregar orientaciones, instrucciones y criterios para la aplicación de los instrumentos de gestión sostenible de los suelos agropecuarios.
En esa línea, establece que el Ministerio de Agricultura fijará los lineamientos estratégicos, así como la distribución de los recursos asignados. Se establece la obligatoriedad de realizar estudios de suelo que contemplen la evaluación de los niveles de fósforo (P), nitrógeno (N) y potasio (K) para todos los terrenos destinados a la producción agrícola en el territorio nacional.
Además, instaura una bonificación de la gestión sostenible de los suelos agropecuarios. Un decreto del citado ministerio determinará las especificaciones técnicas y los valores de las actividades que se bonificarán
Adicionalmente, crea un fondo comunitario para la gestión sostenible de los suelos agropecuarios. Este podrá contemplar, anualmente, hasta un 10% de los recursos asignados al sistema. El fondo financiará hasta un 90% de los costos de los proyectos que hayan sido seleccionados.
Sanciones
La norma establece que se deberán restituir los fondos entregados y no podrán postular a beneficios, en un plazo de dos años, cuando exista incumplimiento del plan de manejo.
Junto con ello, el que, con el propósito de acogerse a algunos de los instrumentos que establece esta ley, proporcione antecedentes falsos o adulterados será sancionado con una multa equivalente al 150% de lo solicitado, de conformidad al instrumento respectivo.
Asimismo, cuando el operador acreditado confeccione un plan de manejo utilizando maliciosamente antecedentes falsos. En este caso la sanción alcanzará una multa de 200 UTM y, accesoriamente, la eliminación permanente del registro respectivo.
Debate
En el debate en la Sala participaron las y los diputados Felipe Donoso (UDI), Jaime Naranjo (PS), René Alinco (IND), Benjamín Moreno (PREP), Marcela Riquelme (IND), Francisco Pulgar (IND), Frank Sauerbaum (RN), Patricio Rosas (IND), Daniel Lilayu (UDI), Emilia Nuyado (PS), Felipe Camaño (IND), Jorge Rathgeb (RN), Nelson Venegas (PS), Gustavo Benavente (UDI), Clara Sagardia (IND), Ana María Bravo (PS), Consuelo Veloso (IND) y Juan Carlos Beltrán (RN).
Las y los parlamentarios coincidieron en que es importante que el Estado coloque más recursos en la agricultura nacional, con el objeto que los distintos agricultores puedan recuperar suelos que han sido degradados.
Sin embargo, hubo opiniones discrepantes sobre la propuesta en trámite. En particular, respecto de que es peligroso que la iniciativa pueda solo llegar a beneficiar a las grandes empresas y no así a los campesinos. Y, que esto perjudique los reavalúos fiscales.
Quienes apoyaron el proyecto, señalaron que es una iniciativa con múltiples beneficios. Estimaron que permitirá focalizar de mejor manera los recursos que se van a destinar y aquellos que se bonificarán en pos de reconocer la actividad agrícola.
A su vez, plantearon que la norma tiene una implicancia importante para la política agraria nacional. Por ello, consideraron que se requiere de la intervención y colaboración del Ejecutivo, junto con la ciudadanía, para aumentar la productividad.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, señaló que la iniciativa se hizo cargo de la crítica a la antigua Ley de suelos degradados.
Destacó que el país tiene una estrategia de soberanía de seguridad alimentaria que hay que preservar. ”El suelo es el patrimonio fundamental de la agricultura. El 95% de los alimentos se producen gracias a las condiciones de nuestro suelo”, aMinisterio firmó.
