Fomentar la transferencia tecnológica y de conocimientos a la sociedad y a la industria. Ese es el objetivo del proyecto (boletín 16686) aprobado por la Sala de la Cámara y enviado a segundo trámite.
El informe de la Comisión de Futuro lo rindió la diputada Erika Olivera (DEM). En él se relata que el proyecto releva la investigación realizada por las instituciones de educación superior. Junto a ello, las insta a desarrollar relaciones entre la investigación universitaria, las necesidades sociales y culturales y su articulación con el sistema productivo. En especial, las llama a atender los desafíos sociales, ambientales y económicos del territorio en que están ubicadas.
A su vez, les encarga impulsar iniciativas para compartir, difundir y divulgar los resultados de la investigación al conjunto de la sociedad a través de canales idóneos. Asimismo, les solicita promover estructuras de investigación y de transferencia e intercambio de tecnología y conocimiento. Además, facilitar la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad.
Luego, el proyecto define que el Estado fomentará la investigación, creación, transferencia e intercambio del conocimiento en las instituciones de educación superior reguladas en esta ley, mencionando algunas de las actuaciones que le competerá en este marco. Dichas acciones se desarrollarán a través de los ministerios de Ciencia y de Educación, cada uno en su esfera de competencias.
Objetivo de la transferencia tecnológica
En línea con lo anterior, se determina que el Estado fomentará la protección y la transferencia tecnológica y de conocimientos con el objeto de que los resultados de las investigaciones sean transferidos a la sociedad. Ello se realizará a través de los ministerios de Ciencia y de Economía, encargando a cada cartera tareas específicas en la materia.
Las actividades en este marco alcanzarán a todos los procesos que permitan acercar los resultados de la investigación financiada con fondos públicos a todos los sectores de la economía y generar valor a través de diversas manifestaciones y tipos de transferencia.
En particular, se fomentará la protección y la transferencia tecnológica y de conocimientos en proyectos generados a partir de financiamiento, total o parcial, con fondos públicos, para el desarrollo de objetivos sociales y de mercado basados en los resultados de la investigación. Esto, ya sea que provengan desde el Estado como del sector privado, las instituciones de educación superior reconocidas por el Estado o de la sociedad civil.
Adicionalmente, la iniciativa crea un “Repositorio Nacional de Conocimiento e Información Científica y Tecnológica”. Estará a cargo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Tendrá por finalidad recolectar, clasificar, conservar, promover y difundir el conocimiento científico y tecnológico existente en el país. Será de acceso público y gratuito.
Otros alcances de la propuesta
El texto establece que el Estado y las instituciones de educación superior promoverán y contribuirán activamente a la “ciencia abierta”. Esto, mediante el acceso abierto a publicaciones científicas, datos y códigos vinculados a dicha actividad.
Paralelamente, se define que las instituciones de educación superior podrán crear o participar en empresas de base científico-tecnológica desarrolladas a partir de resultados generados por la investigación, con arreglo a la normativa y sus estatutos vigentes.
Por otra parte, se posibilita que las instituciones de educación superior estatales que participan en empresas de base científico-tecnológica suscriban contratos o convenios de cooperación con ellas. Estos deberán aprobarse por resolución fundada y deberán ser puestos en conocimiento de la Superintendencia de Educación Superior y tomados de razón por la Contraloría.
Además, se norman los derechos y obligaciones de intervención sobre resultados de investigación financiados con fondos públicos. Junto a esto, se regula la atribución de derechos patrimoniales de autor por obras creadas en investigaciones científico- tecnológicas determinadas.
Finalmente, se especifica que las normas de la presente ley entrarán en vigor el primer día del sexto mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial.
Debate del proyecto
Participaron en la discusión Johannes Kaiser (IND), Marta Bravo (UDI), Hotuiti Teao (IND), Jorge Brito (FA), Helia Molina (PPD), Patricio Rosas (FA), Carolina Tello (FA), Nelson Venegas (PS) y Jaime Sáez (FA).
Todas las opiniones fueron a valorar la propuesta. Algunos remarcaron la importancia de socializar el conocimiento y de fomentar la asociatividad entre el mundo del conocimiento con el sector privado.
Resaltaron que la iniciativa fomente el incremento de los fondos destinados a la investigación, que hoy rondan en el 0,36% del PIB. También se destacó la creación de un repositorio de conocimientos y estructuras de transferencias tecnológicas.
Solo el diputado Kaiser expuso una crítica hacia el artículo noveno. Este refiere a la participación de académicos/as y funcionarios/as de instituciones de educación superior estatales en empresas de base científico-tecnológica como excepción a las inhabilidades e incompatibilidades administrativas.
El legislador sostuvo que sus alcances liberan a profesores de obligaciones del estatuto administrativo y promueve inequidades. De prosperar su contenido en las votaciones, anunció reserva de constitucionalidad de la norma.
Ejecutivo
En representación del Ejecutivo intervino la ministra de Ciencias, Aisén Etcheverry, quien afirmó que el proyecto abre grandes oportunidades.
Explicó que la propuesta presenta cuatro elementos esenciales:
- Dota de contenido a la investigación, principalmente al interior de las universidades.
- Se hace cargo de trabas históricas que impiden que los investigadores puedan transitar de la academia al sector privado y que las universidades puedan generar emprendimientos de base científica tecnológica como herramienta para poder poner a trabajar este conocimiento.
- Incorpora el concepto de ciencia abierta, con creación de un repositorio de conocimientos.
- Deja a voluntad de la o el investigador la decisión de cuál es el mejor modelo de negocio para explotar el conocimiento que se genera.
El proyecto se aprobó en general y en particular, alcanzado la votación necesaria de aprobación en todos sus artículos, sin modificaciones respecto de lo propuesto por la Comisión de Futuro.
Día por la paz y no-violencia
Además del proyecto sobre transferencia tecnológica, la Sala de la Cámara aprobó en general una iniciativa que instituye, en todo el territorio nacional, el 2 de octubre de cada año como Día nacional por la paz y la no-violencia.
La propuesta fue dada a conocer a través del informe de la Comisión de Cultura, que rindió el diputado Tomás Hirsch (PAH). Se inició en una moción promovida por el citado legislador y suscrita también por Nathalie Castillo (PC), Ana María Gazmuri (PAH), Marta González (IND), Vlado Mirosevic (PL), Cristhian Moreira (UDI), Ximena Ossandón (RN) y Alberto Undurraga (DC).
La idea es conmemorar el día internacional de la no-violencia y el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi. Junto a ello, busca concientizar y educar a la población nacional sobre el importante desafío de avanzar hacia un mundo en paz y sin violencia.
Por ser objeto de indicaciones, volvió a la Comisión de Cultura para un segundo informe.
