Aportar al aumento de legitimidad de la función pública ante la ciudadanía, a través de información oportuna y de calidad. Ese es uno de los objetivos centrales de la futura Agencia para la Calidad de Políticas Públicas (ACPP) propuesta por el Ejecutivo y que, hoy, la Sala de la Cámara aprobó y despachó a segundo trámite.
El proyecto (boletín 16799) se presentó a través del informe de la Comisión de Hacienda, que rindió el diputado Carlos Bianchi (IND). En él se da cuenta que esta entidad pretenderá anticiparse a las demandas que diariamente se relacionan con el sector público. Para ello, emprenderá diversos procesos de análisis de las políticas públicas, en cuanto a los resultados esperados, y evaluará los cambios que sean necesarios para asegurar su eficacia y resguardar la eficiencia en el gasto.
Paralelamente, la Agencia definirá una política regulatoria consistente, con centro en la agilidad y productividad del Estado y de los sectores regulados. En este marco se procurará la inversión a largo plazo y el desarrollo económico sostenible, resguardando el interés general de la población.
El nuevo organismo se inscribe dentro de las reformas proyectadas en el Pacto Fiscal. Estas buscan elevar la eficiencia y aumentar la transparencia, calidad de servicio y probidad en el ámbito público.
Además, según remarcó el Ejecutivo durante el trámite del proyecto, viene a materializar un compromiso de sucesivas administraciones. Este pasaba por crear un servicio independiente que velara por la calidad, eficiencia, eficacia y coherencia regulatoria, construido sobre la institucionalidad vigente. Para esto se tomó como base la actual Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), que será absorbida por la nueva entidad y reforzada con nuevos equipos provenientes, principalmente, de la Dirección de Presupuestos y nuevas contrataciones.
De la Agencia
La ACPP será un servicio público descentralizado, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
La Agencia tendrá por objeto “velar, promover y evaluar la eficacia, eficiencia y coordinación de las políticas, normas, planes y programas de los órganos de la administración del Estado, así como promover los instrumentos y las buenas prácticas regulatorias”. Su finalidad será contribuir a aumentar el bien común y la generación de ganancias en productividad.
En particular, la ACPP formulará directrices y establecerá lineamientos para la estandarización de los procedimientos técnicos de evaluación de diseño de programas sociales y no sociales nuevos o que planteen reformularse significativamente. Igualmente, respecto de los procesos de seguimiento de la gestión e implementación de los programas sociales y no sociales. Esto, sin perjuicio de las funciones que correspondan a los organismos respectivos.
También evaluará las políticas, planes y programas sociales y no sociales de los órganos de la administración del Estado. La idea será verificar el cumplimiento de sus objetivos y su desempeño. Adicionalmente, elaborará el Plan Anual de Evaluación de Resultados, que promoverá el uso de buenas prácticas e instrumentos de mejora regulatoria.
Asimismo, entre otras variadas funciones, propondrá la derogación expresa de leyes o decretos que se encuentren en desuso, estén obsoletas o presenten inconsistencias; e impulsará capacitaciones.
Para desarrollar su labor, la ACPP contará con un gobierno colegiado y personal técnico de excelencia. Ejecutarán sus funciones a través de su propio equipo profesional o contratando evaluaciones externas. En este marco, podrá requerirse información y antecedentes a diversos organismos públicos, incluso, aquellos catalogados como reservados o secretos.
Los resultados de sus evaluaciones serán públicos.
Finalmente, el proyecto propone en la estructura organizacional de la ACPP un Consejo y una dirección ejecutiva.
Debate y votación
En la discusión intervinieron Frank Sauerbaum (RN), Joanna Pérez (DEM), Agustín Romero (PREP), Jaime Sáez (FA), Jaime Naranjo (PS), Jaime Mulet (FRVS), Miguel Mellado (RN), Flor Weisse (UDI), Carlos Bianchi (IND), Marlene Pérez (IND), Emilia Nuyado (PS) y Felipe Donoso (UDI).
En general, las opiniones apoyaron la creación de esta Agencia. Estimaron conveniente que exista un ente independiente que evalúe las políticas públicas y el buen uso de los dineros fiscales.
Pese a lo anterior, también hubo críticas específicas, justamente, en pro de maximizar la independencia del organismo. Igualmente, en cuanto a la calidad de contratación del personal, dado que algunos estimaron que era mejor avanzar por la vía del Código del Trabajo y no por la del Estatuto Administrativo.
Dicha visión se plasmó a la hora de las votaciones. Es así que la idea de legislar se aprobó en forma unánime, tanto en sus normas simples como de quórum especial. Sin embargo, no tuvieron el mismo resultado cuatro de sus artículos, en línea con las críticas ya mencionadas. Las normas rechazadas apuntan a:
- Integración del Consejo de la Agencia y su designación.
- Designación del presidente del Consejo por parte del Presidente de la República.
- Determinación que el personal de la Agencia estará afecto al Estatuto Administrativo.
- Dirección Ejecutiva.
