Por cuatro meses se extenderá la fiscalización que realiza la Contraloría General de la República al Servicio de Impuestos Internos (SII) respecto al avalúo de predios agrícolas. Así lo informó la titular del organismo, Dorothy Pérez, a las y los diputados de la Comisión de Agricultura de la Cámara. El informe final se espera para octubre próximo.
La personera detalló que esta fiscalización surgió luego de la denuncia presentada por la diputada Paula Labra en enero pasado.
En dicho documento se planteó la necesidad de verificar una eventual existencia de irregularidades en la determinación de nuevos valores de predios agrícolas.
La contralora Pérez informó que el 2 de abril se notificó el inicio de la fiscalización al SII, cuyo proceso en terreno inició en mayo. Agregó que, en específico, se busca determinar si el servicio tiene procedimientos y controles definidos que aseguren la correcta determinación de los nuevos valores de los predios agrícolas. Así como, constatar si éstos últimos se ajustan a la normativa vigente contenida en la Ley de impuesto territorial.
La autoridad especificó que la fiscalización indagará el período desde el 1 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2023, para revisar todos los procedimientos ejecutados para determinar el reavalúo aplicado en 2024.
Sin embargo, Dorothy Pérez aclaró que como ente contralor “no podemos calificar si la determinación tributaria es correcta o no”. Ya que, precisó, dicha atribución corresponde al SII. “Lo que sí podemos revisar es el método de cálculo utilizado”, puntualizó.
Contribuciones
Adicionalmente, la investigación revisará -de acuerdo a la normativa actual- que todos los bienes raíces agrícolas que pagan contribuciones su avalúo supere los 45 millones de pesos.
También, que el incremento del giro por dichas contribuciones no exceda a nivel nacional el 10%. Además, que no exista un incremento superior al 25% entre la nueva cuota y la del semestre anterior.
Otro punto es el paso de predios agrícolas exentos a afectos y que su cuota máxima sea equivalente a 22.074 mil pesos en el primer semestre de 2024. Finalmente, verificar las denuncias de contribuyentes que llegaron al organismo.
Efectos del reavalúo
El diputado René Alinco lamentó que los nuevos avalúos afecten a alrededor del 25% de las y los campesinos de todo el país. Enfatizó que se requiere una solución ahora y no en meses o en un año más.
Añadió que en Aysén los arriendos de predios han subido exponencialmente. Por lo tanto, una solución “personalizada” en caso de error puede tardar demasiado. “Más que una solución técnica se requiere una solución política del gobierno de Chile”.
La diputada Paula Labra consideró que no sólo se debe revisar la fórmula de cálculo, sino también, los antecedentes que se consideran para ello. “Puede que sea información desactualizada, respecto a las hectáreas o el tipo de suelo”, planteó.
Para el presidente de la Comisión de Agricultura, Jorge Rathgeb, los nuevos avalúos tienen efecto en las contribuciones y en la renta presunta que considera el 10% del avalúo fiscal del terreno. “No hay limitación, puede aumentar 100, 200 o 300% de un proceso a otro. Además, si existe un avalúo agrícola superior se puede dejar fuera de beneficios y del saneamiento de terreno”, criticó.
Por otra parte, planteó que la fórmula de cálculo está obsoleta, ya que, a su juicio, el parámetro de cercanía a las vías de comunicación o centros urbanos trae externalidades negativas, como que se deposite basura en los predios o ser víctima de robos.
Finalmente, la Contralora manifestó que están considerando los antecedentes entregados por los parlamentarios y por las personas afectadas. Recalcó, al respecto, que en caso de detectarse errores, el servicio podría hacer correcciones, notificando a los contribuyentes para tener ajustes.
Sobre la falta de la actualización normativa, dijo que el ente contralor no tiene injerencia, ya que desde 2002 la ley impide que se pronuncie sobre temas de mérito o conveniencia. Es decir, enfatizó, no puede instruir cambios legales.
