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Cámara analizó los hechos de violencia registrados en La Araucanía

En sesión especial, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados analizó los hechos de violencia ocurridos en el marco de los desalojos registrados en cuatro municipios de la zona a principios de agosto.

Sala

Conocer con detalle los hechos de violencia y discriminación en contra de personas pertenecientes al pueblo Mapuche, acaecidos en la región de La Araucanía la noche del 1 y madrugada del 2 de agosto de 2020, en el contexto del desalojo con participación de civiles de las municipalidades de Curacautín, Victoria, Traiguén y Ercilla, fue el objeto de la sesión especial de la Sala, realizada este miércoles 11 de agosto.

La convocatoria también abordó las actuaciones de las autoridades del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de la intendencia de la región de La Araucanía, del gobernador provincial de Malleco, de Carabineros de Chile, de los alcaldes de las municipalidades respectivas en estos mismos hechos; como asimismo, las actuaciones del Ministerio Público y de sus respectivas fiscalías,

Abrió el debate la diputada Emilia Nuyado (PS), quien señaló que es tiempo de que el Estado ponga fin a la postergación y discriminación de los pueblos originarios, particularmente el pueblo Mapuche.

Al respecto, llamó al Gobierno a reconocer que existen presos políticos mapuches, producto de causas en las que no se han entregado las garantías del debido proceso, situación que debiera revertirse.

Dip. Emilia Nuyado

Nuyado instó a “recordar el montaje de la Operación Huracán y el asesinato del hueichafe Camilo Catrillanca; hechos que dan cuenta de una situación que ya no tiene nombre”.

La parlamentaria precisó que, hoy, la comunidad Mapuche está consciente de sus derechos colectivos, del despojo de las tierras y la negación de sus derechos como pueblo. “No podemos tener a más hermanos mapuches que pongan en riesgo su vida; el Gobierno debe terminar con su política represiva representada en el accionar de Carabineros”, remarcó.

Emilia Nuyado agregó que no se puede decir que el pueblo Mapuche no tiene vocación de diálogo, “porque, incluso, a este Congreso han llegado más de 300 personas desde La Araucanía para buscar el diálogo y soluciones que, hasta ahora, seguimos esperando”. “Necesitamos avanzar en proyectos que permitan la ratificación del Convenio 169”, concluyó.

En el debate también intervinieron las y los diputados RN Miguel Mellado y Jorge Rathgeb; DC Mario Venegas y Miguel Ángel Calisto; PPD Andrea Parra y Ricardo Celis; RD Jorge Brito; PC Carmen Hertz; Evópoli Sebastián Álvarez; independiente Tomás Hirsch; y FRVS Alejandra Sepúlveda.

Gobierno

Ministro del Interior

A nombre del Ejecutivo intervino el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien señaló que es deber del Estado construir una ruta y un camino pacífico que mejore la convivencia en la zona.

En ese contexto, sostuvo que el Gobierno “reitera la necesidad de que los procesos se hagan en un marco de paz por lo que el Ejecutivo va a tomar todas las medidas necesarias para garantizarla”.

“La violencia es algo que tenemos que erradicar porque lo que corresponde es el respeto a la ley y a las resoluciones de los tribunales de justicia, ya que la violencia y la muerte de alguien no hace más que agravar un conflicto de esta naturaleza”, enfatizó.

El secretario de Estado llamó a establecer el diálogo político para avanzar en un Plan Araucanía, que permita a la zona salir de la pobreza y la postergación, puesto que “no es posible aceptar que la violencia genere la incertidumbre y el dolor que hoy tiene la gente en la zona de la Araucanía; esto debe ser una oportunidad real y verdadera de avanzar. Empecemos un camino para garantizar esa paz”.

Respecto a los hechos que motivaron la realización de la sesión especial, el titular del Ministerio del Interior fue categórico al señalar que “si no hubiera actuado el piquete de carabineros, hubiéramos seguramente tenido que lamentar muertes, porque los incidentes hubieran sido mucho más graves”.

Además, condenó el actuar de civiles en los hechos, ya que “la ciudadanía no puede tomar la justicia por sus propias manos, porque eso va contra el Estado de Derecho”.

Resoluciones aprobadas

Finalmente, la Sala de la Cámara aprobó cuatro resoluciones por intermedio de las cuales se solicita al Presidente de la República la adopción de una serie de medidas:

  • Resolver los obstáculos legales o administrativos que entraban la solución de las huelgas de hambre de presos mapuches en cárceles de Temuco, Angol y Lebu. En particular, establecer con urgencia las modificaciones necesarias al reglamento penitenciario y a las leyes penales para que estas cumplan las disposiciones del Convenio 169 y sean pertinentes a este.
  • Disponer la creación de una “Comisión de Esclarecimiento Histórico de la Verdad Mapuche”, cuyas conclusiones y recomendaciones sean vinculantes, para así reparar la memoria de la relación que ha tenido el Estado de Chile con el pueblo Mapuche.
  • Reconocimiento histórico que debe permitir a la sociedad, como garantía de no repetición, el no olvidar todos los abusos, crímenes y pérdida patrimonial, contra el pueblo Mapuche y, en particular, el despojo de sus tierras y territorios aún en disputa, así como los derechos de agua y culturales, entre otros.
  • Facilitar el diálogo fraterno entre los actores en conflicto de la región de La Araucanía, estableciendo como condición la renuncia a toda forma violenta de reivindicación territorial o política. Igualmente, disponer de todas las medidas y recursos del Estado para reprimir la violencia y los atentados contra la vida y la propiedad de los habitantes de la zona afectada por la violencia.
  • Asegurar que en las regiones de La Araucanía y Biobío el Estado garantice a todas las personas el íntegro ejercicio de sus derechos, como el de propiedad, libre tránsito y ejercicio de actividades básicas, como la económica.
  • Establecer, a la brevedad, los mecanismos para fiscalizar el respeto y cumplimiento íntegro del convenio 169 de la OIT, en especial, con el pueblo Mapuche, reconociendo y respetando su cultura, forma de vida, derecho sobre tierras y recursos naturales, junto con dar solución inmediata a las prioridades de sus presos políticos.