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Asociación Chilena de Casinos de Juegos acusó desconocimiento normativo de la Superintendencia

El presidente de la ACCJ, Rodrigo Iñiguez, se refirió al impacto que ha provocado el Covid -19 sobre los ingresos de este sector y los problemas que enfrentan con la Superintendencia producto de la renovación de las licencias de operación.

La Comisión Especial Investigadora de los actos de los órganos de la administración encargados de fiscalizar los casinos de juego, particularmente respecto del estado de insolvencia del grupo Enjoy y el daño a finanzas regionales y municipales, recibió al gerente de la Asociación Chilena de  Casinos de Juegos, ACCJ, Rodrigo Guiñez, quien expuso sobre el escenario por el que atraviesa el sector en el marco de la actual pandemia.

Relató que, el 23 de marzo realizaron una primera solicitud de medidas ante el cierre de operaciones de los casinos, entre las que mencionó la suspensión o reprogramación del pago por el impuesto al juego del mes de marzo de 2020, que correspondía realizar el 12 de abril; la suspensión por un año o, en su defecto, la reducción del 50% de este impuesto durante el mismo plazo y la prórroga de las actuales licencias y plazos para iniciar operaciones de los proyectos y de los procesos de licitación que se están por iniciar por un plazo de 5 años, entre otras.

Guiñez argumentó que, ante la publicación de bases en consulta del proceso de licitación, la ACCJ realizó una segunda solicitud, el 20 de mayo, a través de una carta en la que pidieron aplicar correctamente el artículo 3 de la Ley 19.995, en el que se indica que “los permisos de operación otorgados con anterioridad a la modificación de la presente ley se regirán por las normas vigentes al tiempo de su otorgamiento, salvo que las normas posteriores impliquen mejores condiciones para su operación”.

En ese contexto, expresó que la Superintendencia de Casinos de Juegos ha aplicado erróneamente la norma, obligando a que todos los casinos deban licitar la renovación de sus licencias con las normas de la ley del año 2015, y subrayó que “el desconocimiento de la normativa aplicable por parte de la SCJ causa severos perjuicios a la industria”.

“Se nos está obligando a participar en un proceso de licitación que no está conforme a derecho”, enfatizó el representante de la asociación, que reúne a casinos privados que actualmente operan amparados bajo la Ley N° 19.995 y fiscalizados por la Superintendencia (Casino Sol Calama y Osorno, Antay Casino Copiapó, Monticello, Gran Casino Talca, Marina del Sol Talcahuano, y Dreams de Temuco, Valdivia, Coyhaique y Punta Arenas).

Frente a esto, la comisión acordó invitar al subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, para la próxima sesión del grupo parlamentario, con el fin de conocer mayores antecedentes en relación a lo expuesto por la Asociación Chilena de Casinos de Juegos.