Cámara analizó situación financiera de universidades públicas
En sesión especial, las y los parlamentarios revisaron el presente de las instituciones de educación superior, en el marco de la pandemia de Covid-19.
Con el objeto de conocer en detalle la compleja situación financiera que están sufriendo las Universidades Regionales Públicas no estatales, pertenecientes al G9, a raíz de la pandemia por Covid-19, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados abordó el tema en una sesión especial.
En el tiempo previo intervino la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), quien hizo presente las necesidades que para la educación superior plantea la pandemia, que ha obligado la adopción de diversas medidas para impartir clases, garantizar la salud de los estudiantes, profesores y toda la comunidad académica, contribuyendo así al control de la enfermedad, a lo que se debe sumar el trabajo de investigación académico que desarrollan en los laboratorios.
En tal sentido, la parlamentaria dijo que “las universidades regionales del G9 han sido un baluarte”, con su trabajo invaluable en la formación. “Existe una clara necesidad de inyección de recursos; este es el momento de tenderles la mano”, precisó.
Posteriormente, hizo uso de la palabra el rector de la Universidad Católica de Temuco y presidente del G9, Aliro Bórquez, quien indicó que existe una merma muy importante en la matrícula, lo que, a su vez, repercute en los aranceles.
Precisó que, solo en el 2020, las universidades del G9 recibieron menores ingresos por 29.779 millones de pesos respecto de 2019 (-6.6%). Precisó que los porcentajes van del 2,5 al 14,5%, según institución, lo que representa una situación “casi catastrófica”.
Bórquez informó que también se redujeron drásticamente otros aspectos, como formación continua u otros convenios, a lo que se suma gastos no previstos como el costo de implementación de las plataformas y la implementación de medidas sanitarias.
En tal sentido, el presidente del G9 señaló que, en total, el déficit estimado, sumando los años 2020 y 2021, supera los 155 mil millones de pesos.
Intervinieron en el debate los diputados Rodrigo González (PPD), Andrés Molina (EVOP), Jaime Mulet (FRVS) e Iván Flores (DC).
Ejecutivo
En representación del Gobierno intervino el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, quien resaltó la importancia que tienen estos planteles para el país.
En esa línea, indicó que el Ejecutivo ha adoptado algunas medidas como traspaso de fondos derivados de los aportes basales y aportes vinculados a la gratuidad.
“Manifestamos toda nuestra voluntad y disposición para seguir reuniéndonos y ver cómo estos desfinanciamientos no representen pérdidas para las instituciones ni tampoco una merma en la calidad de la educación que se imparte a los estudiantes”, precisó el personero.
Resoluciones
Al término de la sesión, se aprobaron tres resoluciones que piden al Presidente de la República la adopción de diversas medidas.
Entre los planteamientos figura solicitar al Mandatario que, a través del Ministerio de Educación, se busquen fórmulas que permitan recuperar a los alumnos y alumnas que han desertado de sus carreras universitarias, especialmente en universidades regionales, garantizando que la calidad de la educación no se vea fuertemente dañada por la pandemia.
Asimismo se pide que se instruya al ministerio de Educación realizar las acciones que sean necesarias para generar más instancias de reunión y participación con la Red de Universidades Públicas No Estatales “G9”, a fin de establecer una comunicación más directa y estrecha con dicho grupo de planteles, que les permita estar en conocimiento del escenario que cada una enfrenta para llevar a cabo las políticas y medidas que favorezcan a sus estudiantes, a sus regiones y, en general, al sistema de educación superior chileno.
Finalmente, se pide la creación de una comisión de trabajo, al más breve plazo, entre las universidades regionales pertenecientes al G9 y los Ministerios de Educación y de Hacienda, instancia que deberá resolver urgencias como el establecimiento de un sistema de financiamiento de emergencia, a raíz de la catástrofe sanitaria provocada por el Covid-19; la creación de un fondo especial para las universidades con créditos de bajo costo y garantía estatal; y permitir la reorientación de los recursos obtenidos por Gratuidad este 2021, dada la disminución de la matrícula.