Constituyen comisión que analizará la acusación constitucional en contra del ministro Figueroa
La instancia determinó el cronograma de trabajo que seguirá durante su funcionamiento; la notificación al titular del Mineduc sobre este proceso y la elección de su presidencia, la que recayó en el diputado Juan Fuenzalida (UDI).
El grupo parlamentario encargado de informar la procedencia de la acusación constitucional presentada en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, por eventual incumplimiento a la Constitución y las leyes, se reunió para trazar el camino que seguirá conforme al mandato otorgado por la Sala de la Corporación.
En la sesión, el grupo determinó que será el diputado Juan Fuenzalida (UDI) quien dirigirá las labores de la instancia. Igualmente, se acordó que el viernes 23 de julio el ministro Figueroa será notificado. Tendrá como plazo el 4 de agosto para entregar su respuesta, ya sea en forma personal o por escrito.
Acordaron, además, entregar las propuestas de invitados para participar en las sesiones de trabajo de la comisión, las que comenzarán el lunes 26 de julio.
La instancia, a su vez, tendrá un plazo de seis días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre ella. Luego de ello, se pondrá el libelo a disposición de la Sala de la Corporación.
Integrarán también la comisión, además del diputado Fuenzalida, Marisela Santibáñez (PC), Tomás Fuentes (RN) y los UDI Enrique Van Rysselberghe y Guillermo Ramírez.
Consideraciones de la acusación
El libelo acusatorio está compuesto por tres capítulos. El primero de ellos responde a la vulneración del derecho a la educación, que divide los argumentos en ocho apartados. Allí se alude a temas como ausencia de recursos adicionales a los ya contemplados en las leyes de presupuesto para enfrentar la pandemia; omisión en la regulación de las clases a distancia; subvenciones que implicaron fuertes disminuciones en el financiamiento de los establecimientos, entre otros.
El segundo capítulo se refiere a la vulneración de las/los trabajadores de la educación. Describe la existencia de “abandono y desprotección respecto a las condiciones laborales durante la pandemia; y, en segundo lugar, respecto al incumplimiento del bono incentivo al retiro”.
Por último, el tercer capítulo se denomina: amenaza a la vida e integridad física y psíquica. Detalla y recuerda la insistencia del ministro en la vuelta a clases presenciales.
En dicho apartado se despliega un informe de fiscalización de la Contraloría al Programa de Retorno a Clases Presenciales de los Establecimientos Educacionales, respecto del cumplimiento efectivo de los protocolos sanitarios en los establecimientos que iniciaron el año escolar en marzo de 2021, el cual, según señala el documento, “arroja un sinnúmero de irregularidades, omisiones e incumplimientos, los que, evidentemente, reflejan la deficitaria situación en los establecimientos que no garantizan un retorno seguro”.
El texto fue suscrito por las/los diputadas/os Camila Rojas (Comunes), Gonzalo Winter (PCS), Juan Santana (PS), Mario Venegas (DC), Rodrigo González (PPD), Tomás Hirsch (IND), Esteban Velásquez (FRVS) y Marcela Hernando (PR).