Abogado y gremios en audiencias de la acusación constitucional en contra de ministro Figueroa
La comisión técnica recibió, entre otros invitados, a representantes del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación (Conaech) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
El grupo parlamentario encargado de informar sobre la procedencia de la acusación constitucional presentada en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, por eventual incumplimiento a la Constitución y las leyes, recibió a distintos invitados y diversos antecedentes para llevar a cabo el mandato de sus funciones.
En dicho contexto, el abogado Jaime Arancibia se pronunció acerca de los aspectos de la acusación ligados al tema de las “subvenciones”, respecto de lo cual se afirma que hubo una regulación incompleta, tardía y discriminatoria, que implicó fuertes disminuciones en el financiamiento de los establecimientos.
En específico, el abogado explicó que la acusación se refiere a una norma (art. 1) de la Ley 21.294, que ordena el pago de subvenciones a establecimientos afectados por la pandemia.
De acuerdo con la acusación, detalló, esta disposición sería incompleta, tardía y discriminatoria. Ello, porque “estableció una fórmula de financiamiento para el año 2020 que privilegia arbitrariamente el retorno a clases presenciales”. En tal plano, dijo que se discriminó “a los establecimientos educacionales y comunidades educativas que legítimamente tenían temor de regresar”.
A su juicio, el ministro de Educación no está siendo acusado por un acto propio sino que por una ley que fue aprobada por el mismo Congreso que ahora lo acusa por ella. (Ver mayores detalles aquí)
Conaech
En representación del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación (Conaech) intervinieron su presidente, Miguel Ángel Araneda, y su secretario general, Manuel Valenzuela. Expresaron que han tenido problemas con el actual Gobierno producto de lo que consideran “falta de voluntad política”. Apuntaron, principalmente, a temas como “el incentivo al retiro; la demora en el pago de los bonos; y la falta de recursos para que los funcionarios realicen turnos éticos seguros”.
Indicaron que han pedido al ministro que transfiera antes del termino del año todos los recursos pendientes del Bono Incentivo al Retiro. Sobre todo, a aquellos trabajadores/as que esperan con graves enfermedades y que están vigentes en el sistema.
De igual manera, dijeron que han solicitado que patrocine la moción que contiene modificaciones a la citada ley que, como consejo, consideran se deben realizar a la normativa.
Por su parte, la asesora regional en Educación en Salud de la Unesco, Mary Guinn Delaney, enfatizó que no estaban en condiciones de emitir opiniones políticas ni jurídicas, sino mas bien en un rol de apoyo a los ministerios de educación en la región y en los estados miembros, en el fortalecimiento de la respuesta del sector educativo frente al Covid.
Otros testimonios
La presidenta de la Asociación de Apoderados Regreso a Clases Seguro, Ingrid Bhon, dijo que la acusación habla de la salud mental y física. Sin embargo, sostuvo que son los padres los que viven diariamente con los alumnos y alumnas y ven su deterioro emocional.
Desde ese punto de vista, agradeció que exista la disponibilidad de abrir las escuelas con las medidas que se han dispuesto. No solo para recibir contenidos, sino que, además, por la alimentación que se le entrega a los niños.
Según su parecer, la acusación vulnera el derecho de los padres y de los niños a la educación, ya que se necesitan escuelas abiertas para decidir.
En tanto, las representantes del Circulo de Profesoras Feministas, Amanda Labarca, Andrea Jara y Claudia Sánchez se refirieron al contexto educacional en pandemia. Manifestaron el agobio, producto de la falta de lineamientos y políticas claras para los aprendizajes, como también la carencia de recursos e implementos. Subrayaron la feminización del gremio docente y la precarización que existe (Ver presentación).
Detalle de la Acusación Constitucional
El primero de los capítulos responde a la vulneración del derecho a la educación, que divide los argumentos en ocho apartados. Allí se alude a temas como ausencia de recursos adicionales a los ya contemplados en las leyes de presupuesto para enfrentar la pandemia; omisión en la regulación de las clases a distancia; subvenciones que implicaron fuertes disminuciones en el financiamiento de los establecimientos, entre otros.
El segundo capítulo se refiere a la vulneración de las/los trabajadores de la educación. Describe la existencia de “abandono y desprotección respecto a las condiciones laborales durante la pandemia; y, en segundo lugar, respecto al incumplimiento del bono incentivo al retiro”.
Por último, el tercer capítulo se denomina: amenaza a la vida e integridad física y psíquica. Detalla y recuerda la insistencia del ministro en la vuelta a clases presenciales, en el marco de la pandemia y los protocolos sanitarios para garantizar un retorno seguro a las aulas.