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Comisión aborda proyecto que exige mayor transparencia a empresas encuestadoras

La iniciativa, analizada por Gobierno Interior, también modifica la prohibición de publicar encuestas de 15 a 4 días antes de una elección. El texto legal será votado en general en una próxima sesión.

Comisión de Gobierno

Establecer requerimientos de certificación y requisitos de transparencia a las empresas encuestadoras es el propósito del proyecto de ley que aborda la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara.

La propuesta adecua la Ley 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en materia de difusión de encuestas de opinión pública referidas a preferencias electorales (boletín 13894).

El texto modifica la prohibición de publicar encuestas de 15 a 4 días antes de una elección. Sobre ello se refirió el gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de Cadem, Roberto Izikson.

“Es una buena noticia reducir el plazo, aunque nos gustaría que la reducción fuera a cero días, porque sabemos que la mejor encuesta va a ser la que esté más cerca del día de la elección”, señaló.

Agregó que “no hay, hoy día, un Paper académico que determine el peso que pueda tener una encuesta en la decisión de las personas”. Al mismo tiempo, valoró la importancia de entregar mayores niveles de transparencia a la industria.

“Nuestro compromiso es entregar información confiable, fidedigna y oportuna a la opinión pública (…). Celebro que queden bien explicitados los requisitos que deben cumplir las empresas e instituciones públicas al momento de hacer una encuesta electoral”, acotó Izikson.

Sin embargo, señaló que el problema de la norma es que “les pone a las empresas un nivel de transparencia que, sin bien es razonable y entendible para instituciones de carácter público que usan recursos públicos, se iguala a las empresas privadas”.

Sanciones y mayor regulación

Andrés Tagle

Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servel, señaló que la preocupación del Servicio es con los encuestadores y los documentos técnicos que den a conocer.

“Nos preocupa quién controla esto (…). El Servel no tiene ninguna capacidad de controlar si esos documentos técnicos son correctos o incorrectos y revisarlos (…). Entendemos que esto es para prevenir encuestas falsas, pero quien revisa para efectos de las sanciones (…). Esta ley tampoco designa un organismo controlador”, argumentó Tagle.

Sobre este último, la diputada y autora del proyecto, Marcela Hernando (PR), advirtió que las y los legisladores no tienen atribuciones para entregar nuevas facultades a organismos del Estado, razón por la que esa parte esta omitida en el texto.

La diputada Andrea Parra (PPD) solicitó a los invitados enviar su aporte por escrito para considerar las opiniones y mejorar la propuesta legal.

“Me parece interesante lo que se ha planteado aquí (…). A mi me preocupa esta industria a la que le falta regulación y transparencia”, indicó.

El grupo parlamentario acordó votar el proyecto en general en una próxima sesión.