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Constitución inició tramite de proyecto que elimina la pena de muerte en la justicia militar

La iniciativa busca derogar la pena de muerte del ordenamiento jurídico nacional, mediante la modificación de las normas que la contemplan en el Código de Justicia Militar. Por otra parte, la instancia escuchó nuevas exposiciones sobre el proyecto de reforma previsional.

La Comisión de Constitución inició el estudio del proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar para eliminar la pena de muerte (boletín 15006).

La instancia recibió a los autores de la moción, los diputados independientes Lorena Fries y Tomás Hirsch, quienes presentaron la iniciativa.

El texto pretende derogar, de manera absoluta, la pena de muerte del ordenamiento jurídico. Esto, mediante la modificación o supresión de las normas que la contemplan en el Código de Justicia Militar.

Así, el proyecto consta de dos artículos. El primero de ellos anuncia la abolición de la pena de muerte establecida para tiempos de guerra, presente en el Código de Justicia Militar.

El segundo introduce modificaciones a dicho texto legal, en las normas que regulan las penas principales militares, sus efectos y su determinación. También, en la penalidad asociada a los delitos militares castigados con la muerte.

Lo anterior, a fin de que el marco de la pena, en los casos en que se contempla la pena capital, sea reemplazado por la pena de “presidio militar perpetuo calificado”.

La diputada Lorena Fries señaló que con este proyecto se busca cerrar un capítulo en Chile, respecto de la pena de muerte.

“Chile se encuentra dentro de los pocos países que han abolido la pena de muerte solo en relación con delitos comunes, manifestándose en el Código de Justicia Militar para hechos ocurridos en tiempos de guerra”, añadió la parlamentaria.

Por su parte, el diputado Tomás Hirsch resaltó que “el solo hecho de que exista la pena de muerte establecida, es una señal tremendamente nociva”. Esto, “en términos de que Chile la sigue validando”.

Opiniones contrapuestas

La presidenta de la comisión, diputada Karol Cariola (PC), valoró el proyecto de ley y se mostró a favor de eliminar una norma que, dijo, “está en desuso”.

En tanto, el diputado Luis Sánchez (PREP) llamó a poner el foco en proyectos que son prioritarios para el país. “Debemos tener cuidado en dónde ponemos las urgencias, independiente de la importancia que tiene este proyecto (…). Esto es algo que está en desuso y que no se ha aplicado en décadas”, advirtió el legislador.

El diputado Miguel Ángel Calisto (DC) solicitó hablar de los derechos humanos en toda su concepción. “Lo que se ha planteado en este proyecto nos abre a la discusión para abordar todos los temas sobre derechos humanos”, reiteró.

Reforma previsional

La Comisión continuó, además, con la tramitación de la reforma constitucional que establece una destinación específica del financiamiento para fines previsionales y una garantía sobre la propiedad de los fondos de capitalización individual de las y los afiliados (boletín 14921).

Ante la instancia, expusieron el exministro del Interior y abogado constitucionalista, Mario Fernández; los abogados Paula Artuz y Alan Bronfman; y los profesores Roberto Cerón y Claudio Raddatz.

Este último, llamó a la comisión a definir o acordar de qué son propietarios los cotizantes para determinar qué acciones del Estado son limitadas por el proyecto.

Asimismo, manifestó que el posible uso de los saldos acumulados para financiar los gastos de administración futura podría representar un cambio perjudicial para los cotizantes que no parece protegido por el proyecto.

Indicó que usar los fondos originados en las cotizaciones para financiar pensiones alimenticias traspasaría parte de esta responsabilidad al conjunto de contribuyentes y cotizantes.

La abogada Paula Artuz resaltó la necesidad de dar una certeza jurídico-política a la ciudadanía. Esto, en relación con la suerte de esta medida, de aprobarse la propuesta constitucional.

“Tenemos que recordar que la disposición transitoria primera señala que, a partir de la entrada en vigencia de la nueva constitución, quedaría derogada la Constitución de 1980, sus reformas constitucionales posteriores y sus leyes interpretativas”, remató.