Comisión de Hacienda inicia trámite de proyecto que aumenta subsidio al transporte público
La iniciativa, con discusión inmediata, busca resolver el déficit de financiamiento para mejoras en regiones y operación en el sistema metropolitano. Asimismo, prorroga la vigencia de los aportes especial y adicional.
La Comisión de Hacienda comenzó el estudio del proyecto de ley que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros (boletín 15140).
La instancia escuchó la exposición del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien explicó detalles de la propuesta.
Señaló que el proyecto resuelve el problema de déficit de financiamiento para mejoras en regiones y operación en sistema metropolitano. En ese contexto, indicó que se busca incrementar el monto del subsidio permanente en $42.010 millones para el año 2022, $244.184 millones para el año 2023 y $320.327 millones para el año 2024.
Dichos montos, aseguró, se pretenden repartir de forma equivalente entre el sistema Red de Santiago y el transporte público en regiones.
Por otra parte, indicó que este año se termina la vigencia del aporte especial y el aporte especial adicional, por lo que la propuesta busca prorrogar la vigencia de los montos dispuestos en la ley 20.378 que crea un subsidio de transporte público, desde el año 2022 hasta el 2024.
El personero también señaló que hoy existe un marco regulatorio y financiero insuficiente en regiones. Algo que provoca un vacío respecto a las herramientas contractuales, para asegurar la continuidad del servicio en caso de términos anticipados de los contratos con operaciones.
Gobiernos regionales
La propuesta habilitaría a los gobiernos regionales para utilizar los recursos que reciben desde el Fondo de Apoyo Regional (FAR), en subsidios operacionales, incluyendo transporte colectivo mayor y menor. Asimismo, establece que, al menos, el 20% de dichos recursos deba destinarse a proyectos de transporte público.
En el mismo sentido, la iniciativa flexibilizaría el uso de estos recursos asignados a la región Metropolitana. Ello provocaría una extensión de las figuras del administrador provisional de transporte y estatuto de los bienes afectos a la concesión. Lo anterior con el fin de asegurar continuidad del servicio, en caso de términos anticipados de contratos con operadores en regiones.
Al mismo tiempo, el ministro indicó que se propone una flexibilización de plazos y condiciones, considerados para la implementación del programa. Algo que permite renovar la flota de transporte público en regiones.
El secretario de Estado aseguró, además, que hoy la entrega de subsidios al transporte público puede generar impactos negativos en las remuneraciones de los conductores, en particular, en aquellos casos donde esta se compone de un porcentaje del monto recaudado, a través de la tarifa.
En este caso, la propuesta permite modificar la Ley 20.378, de forma de volver obligatoria la prerrogativa, actualmente facultativa, que impide que las disminuciones tarifarias generadas por la aplicación de subsidios en el transporte impacten negativamente en las remuneraciones de las y los conductores. Además, se establecería la posibilidad de suspender el pago de subsidios a los prestadores de servicio de transporte que no incumplan con esta obligación.
Otras consideraciones
El ministro reforzó, además, que este proyecto de ley resuelve una urgencia y plantea un marco de financiamiento solo hasta el año 2024.
“Se propone extenderlo hasta el 2024 para reflejar, explícitamente, el compromiso del Gobierno de abordar una solución de largo plazo al problema de los subsidios al transporte público nacional. Esto, mediante la presentación de un proyecto de ley largo, a tramitarse por esta administración desde fines de este año”, argumentó el secretario de Estado.
Asimismo, añadió que los recursos adicionales en regiones permiten avanzar en un plan de regulación del transporte público, para que, al término de esta administración, todas las capitales regionales y provinciales cuenten con sistemas regulados.
“Este objetivo, finalmente, es avanzar en el cierre de la brecha entre el transporte público del gran Santiago y los sistemas regionales”, acotó.
Finalmente, el ministro Muñoz enfatizó en que la tramitación, con discusión inmediata de este proyecto, se explica por la necesidad de contar con un marco de financiamiento para el transporte público y para la inversión de los gobiernos regionales. Lo anterior, “como un elemento relevante para la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto 2023”.
Reacciones
Al interior de la comisión hubo reparos transversales a la iniciativa, considerada como centralista. “No responde a las necesidades totales de las regiones”, coincidieron. En ese sentido, las y los diputados afirmaron en que el texto no corrige los problemas en materia de concentración de los recursos.
En este plano, llamaron al Gobierno a separar el proyecto en dos. Primero tramitar lo que respecta al financiamiento, solo hasta fin de año; en segundo lugar abordar a largo plazo lo restante, en la Ley de Presupuestos.
Por otra parte, las y los legisladores manifestaron la necesidad urgente de solucionar los problemas que aquejan a la población en regiones. Algo que tendría directa relación con la escasa presencia de microbuses.
La Comisión acordó recibir, en una próxima sesión, a los gremios del transporte público, conductores y usuarios. Esto, con el fin de conocer su opinión al respecto del proyecto de ley.