Abordan norma que reserva un porcentaje de puestos de trabajo para personas discapacitadas
El texto en trámite en la Comisión de Personas Mayores, determina que el 3% de los trabajadores de instituciones con más de 100 funcionarios o trabajadores deberán corresponder a personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez.
Los integrantes de la Comisión de Personas Mayores continuaron con la revisión del proyecto que busca reservar un porcentaje de puestos de trabajo para personas discapacitadas (boletín 13011).
La norma propone que en la selección de personal en entidades como el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral, la Justicia Electoral y otros tribunales especiales, se seleccionará, preferentemente, en igualdad de condiciones de mérito, a personas con discapacidad.
Además, en instituciones con dotación anual de 100 o más funcionarios o trabajadores, a lo menos el 3% deberá corresponder a personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional.
En cuanto al trabajo asignado, deberá ser acorde a sus capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su integridad en el desempeño de sus labores.
Por último, plantea que se proporcionarán los implementos técnicos y tecnológicos para su realización. Asimismo, se adecuará el ambiente o área de trabajo para posibilitar el cumplimiento de las responsabilidades laborales a estos trabajadores.
Dirección del Trabajo
Para abordar esta iniciativa, la comisión escuchó al Director del Trabajo, Pablo Zenteno. Este, en primer lugar, se refirió a las estadísticas, avances y desafíos de la actual ley de inclusión
Luego, respecto del proyecto en debate, planteó que antes de avanzar en esta materia es necesario fortalecer ciertas herramientas. Explicó que hay varios puntos que están abordando en mesas de trabajo para mejorar, por ejemplo, la fiscalización del cumplimiento de la norma.
Puntualizó que antes de avanzar en ámbitos como el aumento de cuota o régimen sancionatorio, apuestan a fortalecer las herramientas de la Dirección del Trabajo. En ese sentido, postuló modificar el reglamento y una mejor interoperatividad con otros servicios, para que entreguen datos que permitan una mejor fiscalización.
Por último, indicó que debe recuperarse la dotación de fiscalizadores, considerando la permanente transformación del mundo del trabajo.