Vivienda legislará para que se simplifiquen los procedimientos administrativos de construcción
La comisión aprobó la idea de legislar de un proyecto, iniciado en moción, que pretende disminuir los plazos de construcción y definir sanciones por incumplimientos.
Por unanimidad, la Comisión de Vivienda aprobó la idea de legislar de un proyecto (boletín 15534) que simplifica los procedimientos administrativos de construcción que contemplan al ante proyecto de construcción.
Para sus fines, la iniciativa, iniciada en moción, modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Particularmente, afecta a lo referente a plazos, junto con definir sanciones por incumplimientos.
La propuesta legal, además, perfecciona el informe de mitigación de impacto vial y el permiso de edificación para reducir los plazos.
Asimismo, apunta a responsabilizar a las direcciones de obra municipal por las demoras en el despacho de instrumentos esenciales para el desarrollo de un proyecto inmobiliario. En la misma línea lo hace para los servicios de vivienda y urbanización; las secretarías regionales ministeriales de transporte y telecomunicaciones; y para el Conservador de Bienes Raíces.
El grupo parlamentario reiteró que la moción es fruto de constantes reclamos recibidos por parte de la ciudadanía, en diversas regiones del país. En este sentido, se explicitó que la idea matriz del proyecto es disminuir los plazos que, hoy día, existen en materia de construcciones.
“Hemos tenido una serie de reclamos por cómo operan las empresas eléctricas y sanitarias”, afirmó el diputado Juan Fuenzalida (UDI), autor de la moción.
Empresas electricidad y sanitarias
Desde la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios A.G. (Andess), aseguraron que las empresas sanitarias requieren de plazo suficiente para asegurar la entrega futura del servicio de concesión.
Resaltaron que el plazo de 20 días, que hoy existe, asegura que los análisis previos se realicen de manera rigurosa, minimizando el riesgo de errores. Al mismo tiempo, agregaron que se encuentran trabajando con las autoridades del Ministerio de Vivienda para contribuir al éxito del Plan de Emergencia Habitacional.
“La acción de los distintos actores público y privados, ha contribuido a entregar un total de 42.597 viviendas y movilizar los proyectos desde “Por Ejecutar” a “En Ejecución”, disminuyendo los primeros desde los 135.590 a las actuales 83.218. Sin embargo, aún hay brechas”, comentó Lorena Schmitt, presidenta de Andess.
Desde la Compañía General de Electricidad Distribución S.A (CGE), señalaron que la Comisión Nacional de Energía (CNE) debe analizar permanentemente los requerimientos normativos para el correcto funcionamiento del sector eléctrico. Igualmente, fijar las normas técnicas que rijan los aspectos técnicos, de seguridad, coordinación, calidad, información y económicos.
Por otro lado, la CNE debe mantener un plan de trabajo anual para dictar, modificar, adecuar o actualizar estas normas técnicas, en un proceso público y participativo.
En ese plano, advirtieron que los problemas que deja entrever el proyecto de ley pasan por los trabajos y las conexiones.
En tal contexto, representantes del Ministerio de la Vivienda ofrecieron al sector eléctrico conformar una mesa de trabajo. Esto, con el fin de “abrir espacios y caminos para poder sacar adelante los proyectos”.
Cámara Chilena de la Construcción
Desde la Cámara Chilena de la Construcción valoraron que se simplifiquen los procedimientos administrativos en el área. Evaluaron que concientiza las urgencias que tienen las familias del país.
Agregaron que, en lo que respecta a los procedimientos administrativos, los plazos establecidos legal o reglamentariamente, muchas veces, no se cumplen.
En la misma línea, añadieron que los permisos o autorizaciones gozan de presunción de legalidad y son susceptibles de ser impugnados administrativa y judicialmente.
Por otro lado, señalaron que los permisos administrativos son solo un aspecto del proceso constructivo, previos, coetáneos o posteriores a la obtención de otras autorizaciones como las ambientales, de factibilidad de servicios básicos, entre muchas otras.
Finalmente, recalcaron que es necesaria una revisión de procesos respecto del cumplimiento de los objetivos que los sustentan.