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Investigarán eventuales privilegios a ciertos grupos de la población penal

La Sala de la Cámara aprobó conformar una nueva comisión investigadora, que indagará la existencia de privilegios en el trato y otorgamiento de beneficios a determinados grupos de la población penal, así como el registro de graves vulneraciones a los derechos del personal de Gendarmería.

Aprueban

Por unanimidad, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la solicitud de conformación de una nueva comisión investigadora. La instancia deberá indagar la existencia de eventuales privilegios a ciertos grupos de la población penal.

La instancia estará encargada de reunir información sobre los actos del Gobierno en torno a estos hechos, en particular, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En concreto se pide analizar el presunto uso abusivo, o interpretación errónea, de los beneficios intra penitenciarios entregados.

Asimismo, la comisión investigará las graves vulneraciones a los derechos del personal de Gendarmería de Chile, especialmente las ocurridas en el CDP de Angol, región de la Araucanía, el pasado 7 de mayo de 2023.

En esa jornada, un oficial y dos suboficiales de Gendarmería fueron retenidos por reclusos, por cerca de 1 hora con 15 minutos. Lo anterior como un reclamo, por no haber podido recibir la visita de familiares.

Dichos incidentes los protagonizaron grupos radicales de la población penal, vinculados al conflicto mapuche. Así lo confirmó la propia Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), que rechazó enérgicamente los hechos ocurridos, a través de un comunicado.

En sus fundamentos, la petición aprobada por la Cámara señala que durante el registro de estos graves incidentes, y antes de que los liberaran; los funcionarios de Gendarmería, profundamente consternados por lo sucedido, denunciaron la existencia de privilegios.

El texto pide ponderar las condiciones particulares que se viven en algunas cárceles del país. Ello frente a las garantías otorgadas a algunos reos que cumplen condena en los diversos recintos carcelarios del territorio nacional. Lo anterior porque esto atentaría completamente contra uno de los pilares de la democracia, que es la igualdad ante la ley.

La Comisión rendirá su informe en un plazo días no superior a 90 días. Para el cumplimiento de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.