Analizan proyecto que restringe beneficios carcelarios a agresores sexuales de menores
La Comisión de Constitución conoció la propuesta que pretende limitar el acceso a la libertad provisional establecida en el Código Procesal Penal, para cualquier imputado por este tipo de delitos.
La Comisión de Constitución inició el debate de una nueva modificación al Código Procesal Penal. La propuesta (boletín 16563), originada en una moción impulsada por la diputada Marcela Riquelme (IND), restringe el otorgamiento de beneficios carcelarios/judiciales a agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes (NNA).
La norma tiene como propósito visualizar una problemática grave que aqueja constantemente a las víctimas de estos delitos. Se trata del hecho que imputados y condenados pueden acceder a beneficios durante la tramitación del juicio, sin considerar la gravedad del delito cometido.
En tal plano, se busca limitar las acciones tendientes a quienes, por tener una capacidad económica superior, creen que pueden obtener un beneficio carcelario, sin importar la vulneración de derechos cometidos a las víctimas. Ello genera en la sociedad una horrible percepción de impunidad, se plantea en el texto.
Atendiendo el punto, el proyecto contempla establecer la imposibilidad de que los agresores sexuales contra NNA tengan beneficios. Así, se propone negarles de forma absoluta la posibilidad de acceder a la libertad provisoria, al arresto domiciliario o rendir caución.
La diputada Riquelme planteó que la libertad del imputado siempre constituye un peligro para el ofendido. Por ello, se aspira a limitar la libertad provisional y la caución para reemplazar la prisión preventiva.
Impresiones
En el debate, Luis Sánchez (PREP) se refirió a la revictimización a la que se ven afectadas las personas, sobre todo en regiones, generando un daño a la salud mental.
Por su parte, Camila Flores (RN) dijo que a los niños hay que protegerlos con toda la fuerza de la ley. Además, observó que estos agresores sexuales tienen una tasa de rehabilitación prácticamente nula.
El presidente de la comisión, Raúl Leiva (PS), señaló que hay un tema de técnica legislativa que se debe considerar, ya que siempre un imputado va a tener prisión preventiva. Es decir, cualquier persona se puede querellar en contra de otra, teniendo o no fundamento, y desde el momento que es imputado tendría prisión preventiva.
Maite Orsini (RD) planteó argumentos similares, señalado que podría ser peligroso. En tal plano, consultó la posibilidad de ampliar el rango de delitos y no solo a delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
Finalmente, Karol Cariola (PC) consideró que, en este caso, se trata de dar una señal contra este tipo de delitos. Agregó que se busca visibilizar que esto ocurre en Chile. Adicionalmente, estimó que se debería dar un paso hacia la formalización más que a la imputación, por lo que considera que debería revisarse el punto.