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Comisión Investigadora analizó participación del CDE en controversia entre Codelco y la Contraloría

El grupo parlamentario recibió en una nueva cita al presidente de la minera estatal, junto a su equipo legal y técnico, para concluir con las respuestas pendientes a consultas de los legisladores en una sesión anterior, pero también para hacerse cargo del escrito presentado por el Consejo ante el 25 Juzgado Civil de Santiago que, entre sus líneas, acusa que la cuprífera habría violado reglas básicas de probidad.

Con la entrada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) a la pugna judicial que sostienen Codelco y la Contraloría General de la República, representando en este caso al ente fiscalizador, los ánimos en el conflicto volvieron a encenderse.

La repercusión del hecho se apreció en la pasada sesión de la Comisión Investigadora de Codelco, a la que concurrió el presidente del directorio de la empresa, Óscar Landerretche, acompañado de su equipo jurídico, que trató de convencer a los diputados que la entrada del Consejo obedece a una obligación institucional y que sus observaciones en la demanda responden a lo que su cliente requiere.

En lo particular, Landerretche optó por no dar opiniones sobre la arista judicial y llamó a evitar declaraciones que no ayuden a la solución del problema.

“Creo que las personas que estamos a cargo de estas instituciones debemos dar muestras de sobriedad y eso involucra trabajar para dar una solución constructiva a este conflicto. A mi juicio, lo he hecho ver varias veces, hay un camino para una solución constructiva que fortalezca tanto a Codelco como a los controles que deben existir sobre la compañía y yo no voy a ser partícipe ni voy a contribuir a debates públicos estridentes de ningún tipo”.

Sin embargo, los legisladores no dejaron pasar los comentarios del equipo legal de Codelco y, transversalmente, defendieron la actuación del CDE, como remarcaron los diputados Juan Luis Castro (PS) y Felipe Ward (UDI).

“Cuando una y otra vez desde Codelco se emiten opiniones descalificatorias del resto de las instituciones del Estado, abre el campo de batalla en vez de circunscribirlo y ese es un error estratégico que a mi juicio está cometiendo Codelco”, indicó el diputado Castro.

“Creo que esta guerrilla política no beneficia ni a la Contraloría ni a Codelco. En lo que estamos interesados es que finalmente se encuentre una solución y creo que la solución es cumplir con la ley. Me parece que no se requiere de una nueva legislación, se requiere únicamente que Codelco cumpla con la ley y declaraciones de más y declaraciones de menos finalmente perjudican el encuentro de esta solución. Yo hago un llamado a que levantemos la mirada y que Codelco comprenda que los dictámenes de Contraloría no son sugerencias, sino dictámenes obligatorios y si el Consejo de Defensa del Estado emite una opinión no es la pluma de la Contraloría la que está detrás del CDE, es el CDE”, precisó el diputado Ward.

Contratos con partes relacionadas

Pero el debate en la pasada sesión no estuvo solo enfocado a este tema, sino que también abordó algunos de los puntos del fondo de las indagatorias, como son los cuestionados contratos con partes relacionas.

Sobre el tema, Landerretche sostuvo que la empresa, desde 2015, ha impulsado diversas medidas en pro de mejorar sus estándares y afirmó que, a junio de este año, solo un 1,5% de los contratos se asignan directamente y que sobre el 47% de las licitaciones son públicas, lo que estimó es un record histórico para Codelco y para la industria minera.

Para los diputados, el discurso se contradice con la realidad, como planteó Juan Luis Castro, quien precisó que “cuando uno ve estos trece contratos en el periodo 2013-2015, trece contratos por 500 millones de dólares, que ocurrieron en el pasado reciente, que afectan a trece grupos comerciales distintos, donde hay tíos, cuñados, parientes, hasta convivientes, hay aquí, demostradamente, en contratos multimillonarios. ¿Qué podemos decir? ¿Quién sale a defender esto? Ese es el problema”.

Para el diputado Ricardo Rincón (DC), parte del problema radica en facultades de fiscalización que fueron restadas a Cochilco, que ha impedido indagar en profundidad en materias hoy cuestionadas. “Lo que está en juego aquí es si los contratos con partes relacionadas, de ejecutivos muy bien pagados en Codelco, basta ver la nómina, solamente, está públicamente establecida, y las asignaciones directas sin licitación pública se mantienen vigentes. La Contraloría dice que sí y hay auditorías previas que lo ratificaron en años anteriores que Codelco se comprometió a modificar y no modificó y, por lo tanto, mientras no nos traigan exactamente la acreditación contable de que ello ha cambiado, no porque lo diga Óscar Landerretche podemos creerle, porque hay una historia totalmente distinta”.

La Comisión continuará su trabajo la próxima semana, gracias a la prórroga de 60 días aprobada por la Sala, contemplándose invitar para dicha sesión a los representantes del Consejo de Defensa del Estado.