CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Analizar y discutir con el Gobierno la situación que enfrenta el país a raíz de la pandemia generada por el Covid-19, así como conocer las medidas anunciadas por el Presidente de la República en torno a esta crisis, fueron los objetivos centrales de la sesión especial convocada por la Cámara de Diputadas y Diputados para este martes 21 de abril de 2020.

El debate del encuentro, iniciado a las 11:30 horas y concluido pasada las 16:20 horas, fue iniciado por la intervención del diputado Diego Schalper (RN), quien observó la gravedad de la pandemia que vive el mundo y que a Chile le tocó enfrentar luego del estallido social. “El primer mensaje a la ciudadanía es que se vienen tiempos tremendamente duros”, planteó el legislador.

Llamó a la dirigencia política a actuar con humildad y no con afanes triunfalistas, a tener autocrítica y a asumir la buena fe de todos. Asimismo, pidió a la autoridad explicar claramente las medidas emprendidas y que se pueda responder a las expectativas de la ciudadanía.

La diputada Jenny Álvarez (PS) remarcó la situación excepcional que se vive en Chile y apeló al Ejecutivo a ir impulsar medidas que eviten la propagación. En este plano refutó el llamado de la autoridad a una “vuelta a la normalidad”, más aún cuando no se ha alcanzado el pick de contagiados ni de fallecidos en el país.

El diputado Daniel Verdessi (DC) valoró positivamente el trabajo realizado hasta hora por el Gobierno, pero puso de relieve la importancia de mantener un equilibrio entre los nuevos casos presentados y aquellos dados de alta, de modo de no saturar el sistema de salud.

Objetó marcadamente la propuesta de establecer un carnet de inmunidad para quienes estén dados de alta, dado que aún no se conocería el real comportamiento de este virus y si existe la posibilidad que las personas vuelvan a infectarse o puedan contagiar a otros posteriormente. Asimismo, pidió que se mantenga una información completa de los antecedentes epidemiológicos y que estos sean debidamente socializados.

Para el diputado independiente Patricio Rozas, la medida de forzar a un retorno progresivo a la normalidad es compleja y prematura, en un país que no ha alcanzado su pick de contagios y donde las cifras pueden estar alteradas, porque habría población no testeada que continua expandiendo el contagio.

Sostuvo que Chile no puede imitar a países que están en la delantera del tema, como Alemania, que no lleva 45 días con la pandemia como Chile, sino 90. Asimismo, recordó que en China, a cinco meses de iniciado el conflicto epidemiológico, recién se está retornando a clases. “Es una irresponsabilidad temeraria”, sentenció.

El diputado Cosme Mellado (PR) pidió que se tome en cuenta la diversidad de realidades que presenta el país, donde no todos se han visto favorecidos con las medidas implementadas por el Ejecutivo. En este plano solicitó apoyar a los trabajadores informales, como los que laboran en el transporte público o los temporeros, y pidió flexibilizar el uso de los fondos de las AFP, de modo que las personas puedan hacer retiros.

El diputado Jorge Alessandri (UDI) recordó que hay 2 millones 400 mil personas afectadas en el mundo y 10.507 infectados en el país, con 139 muertes al día de ayer. En este contexto, afirmó el Gobierno se tomó en serio esta realidad desde el primer momento, emprendiendo medidas desde enero a la fecha.

Observó también que Chile tiene una alta tasa de recuperados y una baja tasa de mortalidad respecto del total de contagiados, lo que permite la aplicación de una medida como el retorno progresivo a la normalidad. Sin embargo, llamó al Gobierno a aplicar el plan escuchando a los directores de escuelas y a los alcaldes y tomando en cuenta las realidades diferenciadas del país y de cada zona.

Para el diputado Miguel Crispi (RD), la propuesta de vuelta a la normalidad “no es un discurso ingenuo del Gobierno” y la calificó como “peligrosa”. Sostuvo que, en este caso, el Estado se pone al servicio de la productividad y no de las personas, al forzar a un retorno de las actividades cuando se está ad portas de entrar al pick de contagio y muertes. “Es poner en carne de cañón a los más vulnerables”, remarcó, acotando luego que lo importante es dar un giro para poner en el corazón de Chile a las personas.

En la sesión también intervinieron, presencial o telemáticamente, los/as legisladores/as Félix González (PEV), Ricardo Celis (PPD), Patricio Melero (UDI), Camila Vallejo (PC), Paulina Núñez (RN), Gastón Saavedra (PS), Gael Yeomans (CS), Cristina Girardi (PPD), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Jorge Sabag (DC), Pedro Velásquez (IND), Amaro Labra (PC), Francisco Eguiguren (RN), Loreto Carvajal (PPD), Miguel Ángel Calisto (DC), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), José Pérez (IND), Ximena Ossandón (RN), Juan Santana (PS), Joanna Pérez (DC), Raúl Soto (IND), Eduardo Durán (RN), Marcelo Schilling (PS), Fernando Meza (IND), Miguel Mellado (RN), Luis Pardo (RN), Jaime Bellolio (UDI) y Raúl Leiva (PS).

Ejecutivo

En representación del Ejecutivo intervinieron en la sesión, por la vía telemática, los ministros del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel; de Hacienda, Ignacio Briones; y de Salud, Jaime Mañalich. Presencialmente en la Sala participó la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar.

Jaime Mañalich afirmó que el Gobierno de Sebastián Piñera ha tomado acciones respecto de la pandemia desde el primer momento. Informó que Chile lidera en la región la cantidad de test que se pueden hacer diariamente (entre cuatro a cinco mil), con 51 laboratorios habilitados.

Junto con entregar algunas características del virus, su nivel de contagio y mortandad, sostuvo que las personas que estuvieron contagiadas y fueron dadas de alta adquieren inmunidad, por lo menos, comprobadamente, por tres meses, aunque se calcula que podría ser superior a un año. Además, dijo que aquellas personas que fueron dadas de alta, en las cuales se detectó partículas virales, los estudios indican que estas no se reproducen ni son infectantes. En este plano, justificó la aplicación del carnet para pacientes que hayan superado la enfermedad.

Resaltó que varios organismos internacionales han destacado la labor de Chile en este contexto y explicó que el retorno gradual a las actividades se proyecta primero para aquellos lugares donde no hay contagios.

Ignacio Briones mencionó las medidas emprendidas por el Ejecutivo, como la destinación del 2% constitucional para la utilización de recursos extras para enfrentar la pandemia y sus efectos. Resaltó que esta es una crisis muy particular que afecta la forma en que producimos, con efectos tanto en la oferta como en la demanda, por lo que el plan ha sido inyectar liquidez a la economía y apoyar a las familias y a las empresas.

Dijo que es necesario mantener una visión flexible a la hora de emprender acciones y recordó que el nuevo plan contempla el uso de cinco mil millones de dólares, de los cuales tres mil millones se destinarán para fortalecer al Fogape para el apoyo a las empresas y dos mil millones para un fondo para apoyar a las familias vulnerables.

Asimismo, valoró propuestas hoy convertidas en ley que, por ejemplo, permitieron la utilización del seguro de desempleo para evitar un aumento de la cesantía. Informó que, en los días que lleva de aplicación, 50 mil empresas han estado interesadas en acogerse al beneficio, lo cual beneficia a cerca de 800 mil trabajadores.

Ahondando en este último punto, María José Zaldívar comunicó que, de la totalidad de empresas acogidas, el 90% tiene menos de diez trabajadores. Sostuvo que el 95% corresponde mipymes y que el 79% de los trabajadores beneficiados son de este sector de la economía. Solo un 3% de la totalidad de las empresas son grandes.

También defendió el retorno gradual de los funcionarios públicos que laboren en servicios sensibles para la población, marginando de ello a quienes sean adultos mayores o sean población de riesgo. Asimismo, respecto del retiro de fondos de las AFP, dijo que, habiendo otras medidas posibles de implementar, no es viable sacrificar las futuras pensiones de los trabajadores.

Por último, Gonzalo Blumel relató las acciones del Gobierno, entre ellas, las mesas de coordinación que se llevan adelante con expertos y con el referente social, de modo de generar estrategias para enfrentar la crisis en un contexto de “nueva normalidad”, donde todos deben adaptarse y aportar. “Creo que somos capaces como país de ponernos de acuerdo en estrategias centrales”, remarcó.

Resoluciones

En la oportunidad se aprobaron diez resoluciones dirigidas al Presidente de la República para emprender diversas acciones en torno a la pandemia. La primera de ellas, la 996, pidió un bono de reconocimiento a los trabajadores y funcionarios de la salud que prestan servicios presenciales y efectivos en el actual contexto.

La 997 solicita evaluar las medidas de confinamiento en relación con la violencia intrafamiliar y aplicar un número de emergencia para abordar este tema; la 998 plantea implementar paquetes económicos para proteger a trabajadores independientes o informales, auxilio a las pymes y para la clase media; y la 999 llama a desarrollar una política de transporte para el personal de salud desde sus domicilios a sus puestos de trabajo y viceversa, cuyos proveedores sean conductores del transporte escolar.

La resolución 1000 pide mantener la suspensión de clases hasta que no existan las condiciones sanitarias adecuadas para el retorno de los estudiantes; la 1001 solicita suspender el retorno presencial de los funcionarios públicos, adoptando diversas medidas, como el reforzamiento de las plataformas digitales; y la 1002 propone que se autorice a las personas que demuestren no haber percibido ingresos durante 30 días consecutivos, retirar un monto equivalente al 80% del promedio mensual de ingresos de 2019, de los fondos previsionales, durante el estado de emergencia.

Luego, la resolución 1003 requiere el otorgamiento de una asignación por desempeño por funciones críticas y un seguro de vida a todos los trabajadores que se desempeñen en salud y alimentos, entre otros; la 1004 enumera un largo listado de medidas para implementar en el país, para prevenir y contener los efectos de la pandemia; y la 1005, plantea medidas para resguardar la salud y vida de la ciudadanía.