Posted on: . Updated on:

Comisión avanza en proyecto que suspende cobro de aranceles en la educación superior

La moción parlamentaria incluye, además de los aranceles, los derechos básicos de matrícula por parte de toda institución de educación superior, sea esta estatal o privada, hasta que termine la vigencia del estado de excepción constitucional por la pandemia de Covid-19.

Comisión de Educación

En sesión telemática y presencial, la Comisión de Educación inició la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que dispone la suspensión del cobro de aranceles y derechos de matrícula por parte de instituciones de educación superior, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, con ocasión de la pandemia del Covid-19 (boletín 13378).

La iniciativa establece como un derecho de los estudiantes beneficiados con la suspensión, que la suma adeudada por los aranceles y matrícula sea prorrateado en, al menos, 24 cuotas iguales y mensuales, que no podrán generar intereses o multas por mora.

Además, el proyecto prohíbe a las instituciones de educación superior condicionar la rendición de exámenes y otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones al pago de aranceles.

En la Comisión participó el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, quien aseguró que el proyecto de ley es “equivocado por generar un grave perjuicio a la educación superior”. Argumentó que el Estado “ya entrega ayudas a dos de cada tres estudiantes para financiar sus carreras”.

Apoyo parlamentario

Comisión de Educación

Unos de los autores de la iniciativa, el diputado Juan Santana (PS) aseguró que, con este proyecto, se respetan dos principios básicos: “el primero, la continuidad de las y los estudiantes de instituciones de educación superior que han sido afectados producto de la crisis sanitaria y económica que está viviendo el país; y, en segundo lugar, garantizar que no existan sanciones por intereses o moras en caso que los estudiantes, finalmente, no puedan cancelar”.

Por su parte, el diputado Luis Pardo (RN) aseguró que el proyecto ha sido mejorado. “Lo que se ha establecido es que las instituciones de educación superior deberán elaborar un plan para la continuidad pedagógica y económica de los estudios de los alumnos”, especificó.

Agregó que, en el caso de aquellos que acrediten una situación económica y financiera afectada por la pandemia, “se establecen los parámetros y podrán acogerse a facilidades que las propias instituciones van a definir, las que no consideran intereses ni multas, sino que una reprogramación en sus deudas”.

Los parlamentarios continuarán con la votación de la iniciativa en la próxima sesión de la Comisión de Educación.