Comisión de Educación analiza proyectos de rebaja de aranceles
La instancia conoció tres mociones cuyo objetivo es establecer el pago de aranceles universitarios de acuerdo a los créditos académicos que tome cada estudiante y rebajar el copago en establecimientos educacionales particulares pagados y subvencionados.
En sesión completamente telemática, la Comisión de Educación analizó tres proyectos de ley presentados por diputados y diputadas que apuntan a bajar la carga económica de estudiantes y sus familias desde la educación parvularia hasta la superior.
Junto al subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, la instancia analizó el proyecto (boletín 13.508) que tiene como objetivo disponer el cobro de aranceles en proporción a la cantidad de créditos académicos inscritos por las y los estudiantes.
La iniciativa fue presentada por el diputado Gustavo Sanhueza (UDI), quien señaló que, de acuerdo a cifras entregadas por la OCDE, solo el 16% de quienes estudian una carrera universitaria la terminan en el tiempo establecido.
Frente a esto, la idea es que las universidades cobren el arancel sobre la cantidad de ramos que tome el estudiante. A su juicio, esto no incide en el presupuesto de la universidad, pues el mismo valor que se cobra por el total de la carrera sería parcializado en función de la cantidad de créditos que tiene cada asignatura, permitiendo que el estudiante pueda desarrollar su carrera sin sobre pagarla.
El subsecretario planteó su mirada crítica de la propuesta, ya que considera que el problema que se expone en la iniciativa no ocurriría a nivel generalizado, pues hay instituciones que ya tienen esquemas de cobros que consideran rebajas respecto de quienes están próximos a egresar y toman menos ramos.
Además, explicó que, en su mayoría, las instituciones tienen estructuras de costos escalonadas y bastante rígidas, considerando las plantas académicas que deben sostener sus planes de estudio para asegurar su calidad y responder a los requerimientos de los procesos de acreditación.
En este escenario, agregó que una flexibilización del sistema podría, eventualmente, atentar contra las estructuras de costos, pudiendo incluso llegar a encarecer los últimos años de formación, poniendo a las universidades en un escenario de estrechez financiera.
Rebaja copago educación escolar
Luego la instancia procedió a analizar dos mociones (boletines 13.445 y 13.466) cuyo objetivo principal es que, en el marco de la crisis sanitaria que enfrenta el país y que ha implicado la suspensión de clases presenciales, se rebaje el copago que las familias realizan a los establecimientos subvencionados o particulares pagados.
El diputado Carlos Abel Jarpa (IND) explicó una de las mociones, que señala que la rebaja planteada debe corresponder a un 30% del pago. La propuesta plantea que podrán eximirse de esta obligación aquellos establecimientos que, en atención a sus flujos de pagos, justifiquen la imposibilidad de asumir dicha rebaja, pero entregando una proposición para implementar otro monto que, en cualquier caso, no podrá ser inferior al 15% del arancel anual.
Frente a la iniciativa, el subsecretario de Educación, Jorge Poblete, alertó sobre la presión que una norma como esta significaría para los establecimientos educacionales en esta crisis. Sostuvo que, “hoy día, en promedio, el 70 u 80% de los costos de un colegio están vinculados a los costos asociados a las remuneraciones de los docentes”, por lo que una rebaja en sus ingresos podría afectar directamente a las y los profesores, quienes, por lo demás, se encuentran activos generando contenidos a través de medios remotos.
Agregó que el proyecto afectaría la libertad de enseñanza que está contenida en la Constitución Política y que resguarda la posibilidad de autodeterminación y diferenciamiento de los establecimientos, pues, por ley, se le obligaría a una rebaja en los costos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el proyecto podría ser inconstitucional.