Instan al Gobierno por medidas respecto a crímenes de lesa humanidad ocurridos en dictadura
La petición surge a 46 años del golpe militar y considera que el Estado de Chile mantiene deudas en Verdad, Memoria, Justicia, Reparación y no Repetición, que perpetúan el daño que causaron los crímenes de lesa humanidad en nuestra sociedad.
La Sala de la Cámara aprobó la resolución 732 por 83 votos a favor, 34 en contra y 30 abstenciones, presentada por un grupo de diputadas/os de oposición, que solicita al Presidente de la República medidas administrativas y legales que permitan el acceso a la justicia y a la verdad de las víctimas y sus familias, afectados por la dictadura.
Entre las peticiones se consideran:
1.- El cierre de la cárcel especial de Punta Peuco. Se señala que el Estado debe garantizar el cumplimiento total de las penas fijadas por la justicia en cárceles comunes, acompañada de la degradación y el cese de privilegios asociados a la mantención de sus grados militares.
2.- Enviar al Congreso Nacional el proyecto de ley que actualiza los requisitos para optar a beneficios a criminales de lesa humanidad e impedir su indulto, la rebaja de condenas y la libertad condicional para dichos criminales.
3.- Calificar con suma urgencia el proyecto de ley que sanciona el negacionismo respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile (boletín 11.949). Y presentar un proyecto de ley para la desclasificación de los archivos relativos a los crímenes de la dictadura, incluyendo los generados por las comisiones Rettig y Valech. Ello, acompañado de la creación de un organismo de sistematización y centralización de información sobre las violaciones a los DD.HH.
4.- Calificar con suma urgencia la iniciativa legal para declarar la nulidad de derecho público del DL 2.191, de 1978, que concede amnistía (boletín 4.162).
5.- Remitir el proyecto de ley que amplíe las facultades y el financiamiento del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, -actual encargado de seguir los procesos judiciales de búsqueda de detenidos desaparecidos e investigación de ejecuciones políticas-, incluyendo las facultades de querellarse y dar curso a las investigaciones por tortura y prisión política.
Las/os autores de la propuesta son Claudia Mix (Comunes), Camila Rojas (Comunes), Pamela Jiles (PH), Miguel Crispi (RD), Gabriel Boric (CS), Emilia Nuyado (PS), Boris Barrera (PC), Karol Cariola (PC), Maya Fernández (PS) y Carmen Hertz (PC).