CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Poco después de las 10:00 horas de hoy, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó el análisis y discusión de la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, cuya defensa anunció, al inicio de la cita, que no apelaría a la denominada “cuestión previa”, que refuta la procedencia formal del libelo.

Por efecto de lo anterior, conforme a las normas vigentes para esta situación, se comenzó directamente con el debate del fondo entregándole la palabra a la parte acusadora, representada en la ocasión por el diputado Gabriel Ascencio (DC).

El legislador inició su exposición criticando el discurso empleado por la defensa el ministro en las etapas previas, donde estimó se hizo uso de descalificaciones y términos peyorativos para quienes presentaron el libelo acusatorio. Asimismo, destacó las diversas contradicciones en que se incurrió y la necesidad de, incluso, cambiar a los abogados durante el proceso.

Ascencio remarcó, particularmente, que una primera línea argumentativa de la defensa se enfocara a restar responsabilidades de Víctor Pérez, indicando que la tutela de las policías no estaba bajo el Ministerio del Interior, sino que bajo el control de Defensa, al existir un decreto por estado de excepción constitucional. En este plano, observó que el discurso varió al denotarse un conflicto político al interior del gabinete y con la propia coalición de gobierno.

“No entiendo cómo no previó los efectos que iba a provocar, porque me imagino que eran efectos no deseados, sino sería una actitud desleal con su par de Defensa, Mario Desbordes”, planteó, acotando luego que, ante la comisión informante, dicha autoridad, así como Carabineros, sostuvieron que las policías están bajo el mando del Ministerio del Interior por disposición constitucional.

Los capítulos

Luego, el diputado Ascencio entró a defender los tres capítulos que componen el libelo acusatorio: el orden público y las medidas que se han adoptado en este sentido, centrado en el accionar frente al paro de camioneros; el principio de igualdad ante la ley, debido al tratamiento diferenciado frente a diversas movilizaciones; y el ámbito de control jerárquico que le corresponde al secretario de Estado, respecto del accionar de Carabineros de Chile.

Respecto del primer punto, inició su planteamiento recordando que los promotores del paro de camioneros mandaron una carta que anunciaba que se iba a “estrangular las carreteras de Chile”, a lo que siguieron hechos concretos en esa línea con el bloqueo de carreteras que, particularmente hacia el sur del país, provocaron una fuerte crisis de desabastecimiento.

Sin embargo, remarcó el parlamentario, pese a la gravedad del hecho no se apeló a las Ley de Seguridad Interior del Estado (LSIE), para lo cual el ministro del Interior tiene facultades exclusivas. No conforme ello, agregó, tampoco se usaron disposiciones del Código Penal ni la norma impulsada por este Gobierno, la Ley Antibarricadas, que presenta disposiciones claras y precisas para este caso y que, en su momento, fue defendida por Pérez en su calidad de senador.

Sostuvo que se cometiendo ilegalidades que no fueron controladas por la autoridad, como el bloqueo de las principales rutas; la obstrucción de pasos esenciales; provocar desórdenes; impedir el abastecimiento, el paso de vehículos de emergencia, la recolección de basura y la entrega de alimentos a la Juaneb; superar el toque de queda y las reglas sanitarias impuestas por la pandemia; y amenazas a quienes no fueran adherentes al paro, así como a las propias policías.

El legislador resaltó que el negativo contexto que se vivía en ese momento era observado, incluso, por otros integrantes del gabinete (titulares de Salud, Agricultura, Economía), ya que había obstaculización para el paso de funcionarios de la salud y de ambulancias y para la entrega de insumos médicos, en un país sumido en una pandemia; con desabastecimiento de alimentos y combustible; con alza y especulación de precios, generado por lo anterior; y con el bloqueo hacia puertos y pasos limítrofes.

En este ámbito, sostuvo que no solo se verifica la causal de no haber aplicado las leyes, sino que, además, se permitió, como consecuencia de ello, que el paro continuara por seis días con resultados dañosos para el país. “Avaló la violencia y calificó como pacífico el estrangulamiento de las carreteras”, enfatizó, criticando, además, que faltó a su deber de denuncia frente a los ilícitos cometidos bajo su vista.

En cuanto al segundo capítulo, Gabriel Ascencio afirmó que Víctor Pérez ha actuado con trato desigual. En este marco, volvió al ejemplo del paro de los camioneros, donde no se aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado, ni otras leyes para la restitución de la paz y el orden, recibiéndolos en La Moneda y estableciendo compromisos en beneficio del gremio, actuar muy distinto respecto de otras manifestaciones sociales o grupos que no son de su afinidad política.

En dicho plano, recordó la carta enviada el 24 de septiembre de 2020 por un grupo mapuche, en que se anunciaba que se comenzaría con tomas de tierras en Traiguén, frente a lo cual se aplicó inmediatamente la Ley de Seguridad Interior del Estado. “No se aplican las mismas reglas; cuando se anuncia toma de bienes privados se aplica la LSIE, pero cuando una misma intención afecta a toda la comunidad, a bienes públicos, ahí hay relajamiento”, comentó.

Señaló que una situación similar se presenta con diversas manifestaciones sociales, donde hay un trato diferenciado dependiendo de si son o no de su afinidad política. En este orden, remarcó que se viola el viola principio constitucional de igualdad ante la ley y la no discriminación.

Tercer capítulo

Sobre el tercer capítulo, el diputado Ascencio recalcó que, de acuerdo a la Constitución y las leyes, el ministro del Interior es el jefe directo e inmediato de las fuerzas orden y seguridad.

“Él es responsable de su actuación y máximo eslabón jerárquico en la cadena de mando”, recalcó, tras citar a varios juristas que asistieron a la comisión. Agregó que el ministro Pérez ha infringido la ley, porque Carabineros ha actuado con violencia innecesaria y desproporcionada, afectando la garantía constitucional de miles de chilenos/as, el derecho a la vida e integridad física.

Dijo que tampoco cumplió su deber de gestión en la institución, al no adoptar medidas necesarias para evitar estos ilícitos. y remarcó que existe un abandono grave y notorio en el control de Carabineros.

Desde que asumió en su cargo, las violaciones a los DD.HH. continúan afectando en manera grave, con 21 querellas presentadas por el INDH: tres de tortura, una de homicidio frustrado, una de homicidio consumado, dos de violencia sexual y otras de responsabilidad de Carabineros de Chile.

Entre los casos, recordó el del menor de edad que fue empujado al lecho del río Mapocho por un funcionario policial, el pasado 2 de octubre, donde hubo declaraciones de Carabineros que negaron, en primer término, la participación en el hecho, además de no prestar auxilio al menor y encubrir el actuar policial. “Ninguna declaración dice la verdad. No cayó, no perdió el equilibrio o se lanzó”, lo que ha quedado demostrado en la investigación de la Fiscal Chong.

Sostuvo que, a juicio de los acusadores, el ministro no ha cumplido su obligación en cuanto a su rol jerárquico de adoptar medidas para prevenir dicho resultado antijurídico y promover la investigación de los delitos perpetrados.

Finalmente, señaló que la defensa no ha podido desvirtuar los argumentos de la acusación que son fuertes, potentes. “La defensa de los derechos humanos es clave para el funcionamiento de convivencia en cualquier democracia. Ese es el grito explícito que está detrás de la acusación, un cambio de actitud. No es un incidente menor lanzar un joven a un río; no es menor asesinar jóvenes en la calle porque se manifiestan; no es menor agarrar a palos a un joven y volarle todos los dientes; no es menor patear en la cabeza a las mujeres”, sentenció.

En tal plano, consideró que el ministro Pérez es responsable y pidió a la Sala que vote favorablemente la admisibilidad de la acusación constitucional y que pase al Senado, para su competencia.

Cabe recordar que la acusación fue suscrita por las y los diputados Camila Rojas, de Comunes; Gabriel Ascencio y Víctor Torres, de la DC; Gabriel Boric, del PCS; Jorge Brito, de RD; Carmen Hertz, del PC; Tomás Hirsch y René Saffirio, independientes; Rodrigo González, del PPD; Pamela Jiles, del PH; Jaime Naranjo y Luis Rocafull, del PS; y Alejandra Sepúlveda, de la FRSV.