CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

La Comisión de Constitución prosiguió con la votación en particular del proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la Ley 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes (boletín 11.174), abocándose en la presente jornada a las normas sobre ejecución de las condenas y su administración.

En primer término, la instancia aprobó la indicación del Ejecutivo sobre limitar la utilización -a través de un informe técnico- de los antecedentes que permiten determinar la pena afectiva, una vez evacuado el veredicto condenatorio.

Otra norma respaldada por la instancia fue la que señala que la ejecución de las condenas impuestas quedará sujeta a la aprobación judicial de un plan de intervención, estructurado a partir de las reglas técnicas que al efecto determine el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

Además, se aprobaron, las normas relativas a la remisión de antecedentes que indican que, “si la condena impusiere las penas de reparación a la víctima, prestación de servicios en beneficio de la comunidad o amonestación y en el curso del proceso se conocieren antecedentes que den cuenta de que el condenado presenta adicción a las drogas o al alcohol, el tribunal ordenará en la misma sentencia que dichos antecedentes sean remitidos a la autoridad competente para la adopción de las medidas o acciones que corresponda aplicar”.

Igualmente, se determinó que “las condenas a internamiento en régimen cerrado, con programa de reinserción social, se iniciará el día en que quede ejecutoriada la sentencia que las impone”. En las demás condenas, la ejecución se iniciará el día de ingreso efectivo del condenado al respectivo programa.

Del mismo modo, se aprobaron otras disposiciones referidas al régimen en internación provisoria, competencia en el control de la ejecución y quebrantamiento de condena.

Debate

La sesión se realizó con la participación del subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, y con representantes del Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y Defensoría de la Niñez, Eva Guria, Pablo Aranda y Emilia Rivas, respectivamente.

El subsecretario de Justicia indicó que, en la propuesta inicial, se propuso establecer que la información disponible sería usada para tres ámbitos: la discusión de medidas cautelares, definir las condiciones para la suspensión condicional y para ser planteado en la audiencia de la determinación de penas.

Explicó que, motivados por las observaciones manifestadas por las diputadas y diputados de la Comisión, la disposición ahora se aplicaría solo para la determinación de la pena afectiva.

El diputado Leonardo Soto (PS) indicó que, si bien hace una precisión en el informe técnico, el momento procesal en que se presenta dice que es para efecto de determinar la pena aplicable al menor.

“Se elimina la posibilidad de tener un informe técnico al momento de resolver medidas cautelares, respecto a menores infractores de ley, para resolver si van esperar el juicio en libertad, semilibertad o encierro”, observó.

Por su parte, Eva Guria señaló que “es una lástima no poder contar con el informe para las suspensiones condicionales, para que sea resocializadora del procedimiento; ni para las medidas cautelares, donde se quedan restringidos, solamente, a la sanción”.

Pablo Aranda planteó que, lo que busca la Defensoría Penal Pública con este informe es poder revisar la internación provisoria, para efecto que los adolescentes tengan una medida cautelar más acorde con la pena que van a recibir, que normalmente es libertad asistida o asistida especial. “Nos hubiese gustado, a la Defensoría, utilizar este informe en la revisación de medidas cautelares”, acotó.

El presidente de la instancia legislativa, diputado Matías Walker (DC), resaltó que, al tener urgencia de suma (diez días para el trámite), deberán sesionar todos los lunes que sea necesario para sacar adelante esta iniciativa.