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Despachan a Sala proyecto que protege a denunciantes en actos contra la probidad

La iniciativa propone crear en la administración pública un canal de denuncias centralizado, a través de una plataforma electrónica a cargo de la Contraloría General de la República con normas para la debida reserva de la identidad del denunciante.

Con la presencia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, las Comisiones Unidas de Gobierno Interior y Constitución concluyeron la votación y despacharon a Sala el proyecto de ley que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (boletines 13.565  y 13.115).

La iniciativa, que corresponde a un mensaje del Ejecutivo refundido con una moción de origen la diputada Marcela Hernando (PR), forma parte de la agenda anti corrupción del gobierno, establece medidas en el Estatuto Administrativo y en el Estatuto de los funcionarios municipales, para resguardar a denunciantes de irregularidades. 

En ese contexto, los objetivos de la norma propuesta es inhibir, detectar y sancionar hechos constitutivos de delito o de faltas administrativas o infracciones disciplinarias, perpetrados al interior de la Administración del Estado, facilitando que su personal, así como personas particulares, puedan denunciar la comisión de aquellos.

Para ello, se crea una plataforma digital desde donde se podrán efectuar y gestionar las denuncias. Y, con el objeto de incentivar la “denuncia responsable”, el sistema exige la individualización del denunciante, quien tendrá la posibilidad de manifestar que su identidad sea tratada con reserva, reconociéndose así una de las medidas de protección elementales.

En ese sentido, durante el debate legislativo se ha estimado indispensable incorporar, en el ámbito procesal penal, normas de protección con el objeto de garantizar la salvaguarda de los derechos e integridad del denunciante, así como tipos penales especiales destinados a la protección de la reserva de los hechos ventilados en el contexto de la sustanciación de los procedimientos de investigación respectivos.

El texto legal regula que será la Contraloría General de la República el órgano público a cargo de la implementación y gestión del canal de denuncias.

El informe será rendido a la Sala por la diputada Marcela Hernando (PR).

Principales puntos de la norma

  • Creación de Canal de denuncia en la Contraloría General de la República
  • Reserva de identidad del denunciante
  • Reforzamiento de las medidas de protección en favor del denunciante y establecimiento de medidas correctivas
  • Sanción por acciones de hostigamiento contra denunciantes o testigos  (Se sanciona con destitución a quienes realicen cualquier clase de acciones de hostigamiento en contra de quien efectúe una denuncia o sea testigo en una investigación)
  • Protección en el sistema de justicia penal
  • Protección del empleo de los denunciantes, incluidas las personas contratadas a honorarios
  • Prohibición de traslado de localidad o de función del denunciante, sin su autorización.
  • El denunciante no será objeto de precalificación anual si denunciado es un superior jerárquico
  • Se modifica el delito de denuncia calumniosa en el Código Penal para incluir en su tipicidad los casos de denuncias de infracciones administrativas y disciplinarias.