Sala rechazó en general reajuste escalonado del sector público propuesto por el Gobierno
El Ejecutivo deberá ahora insistir con su texto en el Senado, en donde se deberá aprobar la idea de legislar por los dos tercios de los senadores en ejercicio. En lo medular, la iniciativa contemplaba un reajuste de 2,7% para las remuneraciones brutas iguales o inferiores a un millón 500 mil pesos y de un 0,8% para los sueldos superiores a ese monto. Además, incluye variados bonos y asignaciones.
Tras un amplio debate, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la idea de legislar del proyecto que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos y otros beneficios, junto con modificar diversos cuerpos legales (boletín 13960).
La iniciativa, discutida sobre la base de los informes de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, que rindieron los diputados Guillermo Ramírez (UDI) y Alejandra Sepúlveda (FRVS), respectivamente, obtuvo 45 votos a favor y 60 votos en contra.
Por efecto de lo anterior, al Ejecutivo le resta insistir ahora con su texto en el Senado. “El Presidente de la República, en caso de un proyecto de su iniciativa, podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y, si ésta lo aprueba en general por los dos tercios de sus miembros presentes, volverá a la de su origen y sólo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes”, especifica la Constitución.
La respuesta de la Cámara al proyecto del ley fue dibujándose desde las comisiones que revisaron su contenido y en los diversos discursos expresados en el debate, particularmente de la oposición. En sus discursos fueron enfáticos al señalar que no respaldarían la propuesta del Ejecutivo, que calificaron como mezquina. Insistieron en que los costos de la crisis derivada de la pandemia de coronavirus “no los pueden pagar los trabajadores”.
En esa misma línea, sostuvieron que la propuesta de reajuste es insuficiente porque no cautela ni protege el poder adquisitivo de los trabajadores y se criticó el enfoque global presentado en la propuesta del Gobierno.
En tanto, en el oficialismo se cuestionó el rechazo al guarismo, afirmándose que no se reconoce el esfuerzo del Ejecutivo en medio de un escenario excepcional como es el que plantea la pandemia, no solo en Chile sino que en el mundo.
En dicho sentido, se señaló que la oposición no reconoce la realidad respecto de otras naciones del continente, ni tampoco la responsabilidad fiscal con la que actúa el país.
Intervinieron en el debate Tucapel Jiménez (PPD), Miguel Mellado (RN), Tomás Hirsch (IND), José Miguel Ortiz (DC), Manuel Monsalve (PS), Patricio Melero (UDI), Pedro Velásquez (IND), José Pérez (PR), Jaime Mulet (FRVS), Daniel Núñez (PC), Ricardo Celis (PPD), Miguel Crispi (RD), Leopoldo Pérez (RN) y Matías Walker (DC).
Asimismo, intervinieron Gastón Saavedra (PS), Amaro Labra (PC), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Pepe Auth (IND), Carolina Marzán (PPD), Giorgio Jackson (RD), Marcos Ilabaca (PS), Iván Flores (DC), Patricio Rosas (IND) y Miguel Ángel Calisto (DC). Además, expuso la posición del Gobierno el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
Texto que se planteaba
La propuesta consideraba un reajuste diferenciado, al 1 de diciembre de 2020. Para los funcionarios cuyas remuneraciones brutas sean iguales o inferiores a un millón 500 mil pesos, el aumento sería de 2,7% (equivalente al IPC acumulado a noviembre); en tanto que para quienes superaran el mencionado margen de ingreso, el incremento sería de 0,8%.
Para aplicar lo anterior, se identificarán los grados, niveles o categorías de las respectivas escalas equivalentes a la remuneración señalada. Según cálculos del Ejecutivo, el 75% de los trabajadores del sector se verían beneficiados con el aumento mayor.
El porcentaje de reajuste que correspondía aplicar en cada caso sería reflejado también en las asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones, o no imponibles, asociadas a los grados, niveles o categorías respectivas.
El proyecto excluía del reajuste las remuneraciones del presidente, ministros y fiscal de la Corte Suprema, así como del contralor general de la República. De igual modo, no se reajustaban los sueldos mensuales, asignaciones, beneficios y demás atribuciones de los grados A, B, C y 1ª, lo que afectaba a los jefes de servicios junto con otras autoridades públicas del país como, por ejemplo, el fiscal nacional y los secretarios de la Cámara y del Senado.
Por otra parte, se dejaba presente en el mensaje que la Ley 21.233 reformó la Constitución para definir un mecanismo de fijación de las remuneraciones de los ministros de Estado y parlamentarios, sistema que, en su modalidad transitoria, se mantiene vigente hasta que surja la metodología de asignación permanente. En tal plano, dichas autoridades no pueden ser objeto de reajuste.
Otros beneficios que se proponían
La iniciativa incluía un bono especial mensual de hasta $45.000, que se aplicaría durante el año 2021 para los trabajadores públicos afectos a la cobertura del reajuste mensual, para rentas de hasta $545.000 y que se desempeñen con jornada completa. Este beneficio sería también aplicable al personal asistente de la educación.
Además, como un reconocimiento al trabajo del sector salud en tiempos de pandemia, la propuesta entregaba un “Bono Trato Usuario para Atención Primaria de Salud y los Servicios de Salud”. Este beneficio tenía su sustento en un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y cinco de siete asociaciones de funcionarios de la salud.
También se realizaba una bonificación extraordinaria para enfermeras, matronas, enfermeras-matronas y otros profesionales de colaboración médica que se desempeñan en puestos de trabajo que requieren atención las 24 horas del día en sistemas de turnos rotativos. En la misma línea, se establecía una asignación especial para profesionales del Servicio Médico Legal
Asimismo, como es tradicional en esta propuesta de ley de ingreso anual, se incluían otros variados beneficios para los funcionarios públicos, también definidos con un sistema escalonado y que excluía a los sueldos más altos:
- Aguinaldo de Navidad: $59.436, para las remuneraciones líquidas de hasta $794.149; y de $31.440, para rentas líquidas superiores $794.149 y de hasta $2.629.807 bruto.
- Aguinaldo de Fiestas Patrias 2021: $76.528, para remuneraciones líquidas de hasta $794.149; y de $53.124, para rentas líquidas superiores a $794.149 y de hasta $2.629.807 bruto.
- Bono de Escolaridad: aporte de $74.426 para remuneraciones brutas hasta $2.629.807, pagado en 2 cuotas iguales (marzo y junio) de $37.213 c/u. Se suma una bonificación adicional de $31.440 para remuneraciones líquidas iguales o inferiores a $794.149.
- Bono de Vacaciones: corresponde a la mitad del bono entregado el año pasado, reduciendo además el tramo alto de entrega. De este modo se proponen $62.817 para trabajadores cuya remuneración líquida sea igual o inferior a $794.149; y de $43.814, para remuneraciones brutas de hasta $1.500.000.
De igual modo, se consideraban las vías de financiamiento; la identificación específica de las categorías funcionarias que acceden a cada tipo de beneficio; los aportes a los servicios de bienestar; bonos para el personal asistente de la educación y para las universidades estatales; y incluía el incremento de la subvención educacional.
Adicionalmente, se modificaba la Ley Orgánica de la Investigaciones de Chile; fijaba el monto de la bonificación a las zonas extremas; traspasaba hasta cuatro mil honorario a contrata; y consideraba la entrega de un bono de invierno (mayo 2021) de $66.292 para pensionados por el Estado, así como aguinaldos de fiestas patrias y de navidad para este sector, entre otros variados puntos.