Comisión de Constitución inició discusión de proyecto que crea la Defensoría de las Víctimas
Las y los legisladores valoraron la propuesta presentada por el Gobierno, pero, al mismo tiempo, manifestaron reparos respecto de diversos puntos, entre ellos, que la defensa debe consagrarse en el articulado como un derecho y establecer un catálogo de delitos.
La Comisión de Constitución inició la discusión del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos (boletín 13991), propuesta que presenta calificación de urgencia “suma”, esto es, quince días para el trámite.
En la jornada, el grupo parlamentario escuchó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, y al subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, quienes explicaron que el objetivo de la normativa es crea un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia Universal, el cual tendrá como foco la defensa de víctimas de delitos.
La nueva institucionalidad tendrá que “garantizar el acceso a la justicia, para lo cual deberá otorgar asesoría jurídica a las personas que requieran orientación legal, defensa y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas por sí mismos o se encuentren en situación de vulnerabilidad, y apoyo psicológico y social, en los casos que corresponda, resguardando de este modo la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”.
Los personeros comentaron que las víctimas contarán también con empoderamiento legal, mecanismos colaborativos de gestión de conflictos, patrocinio, defensa especializada y asistencia integral a grupos vulnerables.
Las autoridades de Gobierno agregaron que la futura Defensoría de las Víctimas transformará a las Corporaciones de Asistencia Judicial en un único servicio público permitiendo, de esta manera, unificar la gestión de ellas, manteniendo sus líneas de acción y unidades operativas, así como fortaleciendo su rol en el proceso penal y la defensa jurídica en materia de derechos humanos y en áreas especializadas de atención a grupos vulnerables. Complementará lo anterior la creación de una Defensoría del Adulto Mayor.
Con todo lo anterior, sostuvieron, se estaría cumpliendo con la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 numeral 3, que asegura a toda persona una igual protección ante la ley en el ejercicio de sus derechos.
La Defensoría, comentaron, será un servicio público y descentralizado, con Supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y DD.HH. Estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública y tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio.
Los legisladores valoraron el proyecto, pero manifestaron reparos respecto a diversos puntos del texto legal, entre los que destacaron que la defensa debe consagrarse en el articulado como un derecho, independientemente de si la víctima lo utiliza o no. De igual modo, pidieron establecer un catálogo de delitos. Por ello, llamaron al ministro y al subsecretario a trabajar en estos puntos para fortalecer la normativa.
Finalmente, las y los legisladores acordaron invitar a diversos actores relacionados al tema para la próxima sesión y, posteriormente a sus exposiciones, votar la idea de legislar del proyecto.