Piden avanzar en justicia y reparación de víctimas de violaciones a DD.HH. del estallido social
En sesión especial, los parlamentarios enfatizaron en la necesidad de avanzar en la búsqueda de justicia con las víctimas. Situación que fue abordada junto a los ministros del Interior y Justicia.
Evaluar los avances en materia de justicia y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos, cometidas por las Fuerzas de Orden y Seguridad, desde octubre del 2019 a la fecha, fue el objeto de la sesión especial de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, realizada este miércoles 20 de enero.
En tal sentido, el diputado Gonzalo Winter (CS) argumentó que “desde octubre de 2019, la respuesta del Estado de Chile a la situación de movilizaciones generalizadas a lo largo del país ha incluido masiva y generalizada violación de derechos humanos hacia la población civil”.
Ello, cometido por agentes del Estado, como funcionarios de las policías y de las Fuerzas Armadas, a través del uso desproporcionado de la fuerza, del “uso indiscriminado de perdigones y elementos químicos y vulneraciones como lesiones, tortura, detenciones arbitrarias y muerte”, precisó el legislador.
En dicho contexto, entregó algunas cifras: 8.510 querellas en el Ministerio Público por violaciones a los DD.HH, de las cuales 411 son por lesiones oculares. De ellas, 7.178 corresponden a adultos y 1.315 a niños, niñas y adolescentes. Igualmente, rechazó que hasta octubre de 2020 sólo existían 75 personas formalizadas, 25 en prisión preventiva y sólo un condenado.
Al respecto, los legisladores coincidieron en que las violaciones a los DD.HH. surgidas luego del estallido social deben ser reparadas por el Estado, ya que el rol de los tribunales ha tenido pocos avances en justicia y reparación.
Intervinieron en el debate las y los diputados Sebastián Torrealba (RN), Claudia Mix (Comunes), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Gael Yeomans (CS), Camila Vallejo (PC), Issa Kort (UDI), Pablo Vidal (Ind.) y Ricardo Celis (PPD).
Opinión del Gobierno
A nombre del Ejecutivo hicieron uso de la palabra los ministros del Interior y Seguridad Pública, y de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Delgado y Hernán Larraín, respectivamente.
En primer lugar, hizo uso de la palabra el ministro Delgado, quien indicó que el gobierno trabaja en una reforma a las policías para asegurar a las personas el respeto a los DD.HH., mejorando los protocolos en el control de las manifestaciones, asegurando la evidencia y fomentando la presencia de fiscales en terreno; mejorando los canales de denuncia, separando a los funcionarios investigados y fomentando uso de municiones menos letales, dejando las escopetas antidisturbios sólo para situaciones de extrema violencia. Ello unido a la capacitación de Carabineros, formación de personal operativo en DD.HH. y derechos de la niñez, entre otras medidas.
El ministro del Interior consideró que se ha avanzado en la reparación en ciertos casos, como con la implementación de un programa integral de trauma ocular, y para los vecinos afectados por la violencia -que fue uno de los puntos destacados por diputados oficialistas-, reparación de fachadas y recursos para 6 mil 800 pymes afectadas.
Posteriormente, fue el turno del ministro Hernán Larraín, que señaló, en relación a la investigación de los hechos denunciados, que corresponde exclusivamente al Ministerio Público, que es un órgano autónomo. Agregó que, es un deber establecer la verdad de los abusos y atropellos, estableciendo la verdad y hacer justicia.
Añadió que la labor de su cartera y de la subsecretaría de DDHH es promocional. Sin embargo, han realizado el seguimiento de las recomendaciones de los informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, Human Right Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y de organismos nacionales como el INDH y la Defensoría de la Niñez.
Entre ellas, se trabaja en mejorar la función policial, regular el ejercicio del derecho a la reunión pacífica -vía un futuro proyecto de ley- y el deber de investigar, primero con la investigación administrativa y de existir delito entregar antecedentes a la justicia.
Además, agregó, han dado seguimiento a los programas y acciones de apoyo a las víctimas con el Programa de Trauma Ocular, el de apoyo a personas con consecuencias graves de salud y el de violencia a las mujeres que hayan sufrido violencia física o sexual. Por otro lado, han entregado capacitación en DD.HH. a funcionarios públicos.
Al término de la sesión se aprobó una resolución que solicita al Presidente de la República el patrocinio del proyecto de ley que establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de víctimas de lesiones, mutilaciones o muertes, en el contexto de las movilizaciones sociales (boletín 13854) y la entrega de pensiones para quienes hayan quedado incapacitados total o parcialmente para trabajar.