CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a tercer trámite, al Senado, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y modifica la Ley 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, junto con otras normas (boletín 11174).

La propuesta legal fue abordada en tres votaciones para ratificar su idea de legislar, la primera respecto de sus normas generales y las dos siguientes en lo relativo a las disposiciones de quórum especial que requerían un mínimo de 78 y 88 votos favorables, respectivamente. En los tres casos se superó los 130 votos a favor.

Luego, en particular, hubo otras seis votaciones que ratificaron el texto planteado desde las comisiones.

Cabe recordar que la iniciativa, ingresada durante la administración de la Presidenta Michell Bachelet, lleva casi cuatro años en tramitación y surgió luego de los cuestionamientos al Servicio Nacional de Menores (Sename) y al sistema de justicia y de reinserción infantil, adolescente y juvenil.

La idea matriz es la creación del denominado Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, entidad pública especializada que asumirá, en coordinación con otras agencias del Estado, el proceso de reinserción social de los adolescentes infractores de ley.

Dicha propuesta considera los acuerdos en materia de infancia y seguridad, tras la conformación de mesas con distintos actores en 2018, que confluyeron en reemplazar y superar el Sename, distinguiendo dos roles distintos en protección de infancia vulnerada e infractora.

Debate y contenido del proyecto

Tras la entrega de los informes de las Comisiones de Hacienda y de Constitución, rendidos por los diputados Cosme Mellado (PR) y Juan Antonio Coloma (UDI), respectivamente, se inició un debate en el que participaron las y los diputados Matías Walker (DC), José Miguel Ortiz (DC), Marcos Ilabaca (PS), Pepe Auth (IND), Natalia Castillo (IND), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Amaro Labra (PC), Karol Cariola (PC) y Leonardo Soto (PS).

Igualmente, intervino el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien destacó el trabajo legislativo desarrollado para crear un servicio con un alto nivel de atención en la o el joven, con un trabajo profesionalizado y un modelo de intervención cuyo objetivo es la reinserción social, con la mejora en la administración de justicia y con un nuevo modelo técnico especializado intersectorial. Además, explicó el proceso de implementación de la ley (un proceso de instalación progresiva de centros) y el aumento de recursos (de 87 mil millones a 144 mil millones de pesos en régimen).

Conforme a lo explicado en el debate, el Servicio que se propone tiene por objeto la administración y ejecución de las medidas y sanciones contempladas por la Ley 20.084, mediante el desarrollo de programas que contribuyan al abandono de toda conducta delictiva y la integración social de los jóvenes sujetos de su atención, junto con la implementación de una política intersectorial en la materia.

En el cumplimiento de su objetivo, la nueva entidad deberá garantizar el pleno respeto por los derechos humanos de sus sujetos de atención, reconocidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales.

Además, proveerá las prestaciones correspondientes, asegurando la oferta pública en todas las regiones del país, directamente o a través de organismos acreditados.

Se contempla el nombramiento de autoridades del Servicio por Alta Dirección Pública, la creación de un Consejo Nacional de Reinserción Juvenil coordinado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que permitirá generar una política que influya en la agenda de los otros sectores.

En su organización se considera el desarrollo de un modelo de gestión de programas que fomente su constante retroalimentación, mejoramiento y perfeccionamiento. En la formulación de programas, se proyecta un reforzamiento de los procesos de diseño, detallando los estándares de calidad para su funcionamiento, sus objetivos e indicadores. Dichos estándares, se agrega, serán validados por una instancia colegiada: el Consejo de Estándares y Acreditación, respaldo técnico externo de especialistas autónomos para los procesos de intervención. Las direcciones regionales tendrán un rol protagónico en la operación de dichos programas.

En relación a la colaboración público-privada, se mantendrá un modelo de externalización de programas, que deberán ser acreditados, licitados y monitoreados.

Se reemplaza el sistema de subvenciones, por un nuevo modelo de financiamiento. En tanto, la acreditación, será un proceso en el cual se evaluarán las capacidades de las entidades privadas para el cumplimiento de los estándares de calidad previamente determinados. Para ello se efectuará un proceso de evaluación ejecutado por las direcciones regionales, cuyos resultados serán ratificados previo informe del Consejo de Estándares y Acreditación.

En otro aspecto, se establece la obligación de denuncia de los funcionarios del Servicio o de los directores o profesionales de los órganos colaboradores en caso de vulneración de derechos que fuese constitutiva de delito, la que deberá realizarse dentro de un plazo de 24 horas a la autoridad competente en materia criminal.

Durante la votación, se ratificó la indicación del Ejecutivo aprobada en Hacienda, referida al traspaso de funcionarios del Sename al nuevo Servicio, los que deberán cumplir con los requisitos exigidos y los perfiles de los nuevos cargos (3.470 funcionarios).

Ley de responsabilidad penal adolescente

La iniciativa legal también considera variados cambios a la Ley de responsabilidad penal adolescente, entre ellos, la creación de un sistema de determinación de la pena que considere un informe técnico que se elabore en forma coordinada con los diversos planes de intervención disponibles (se focaliza la individualización de las sanciones a las necesidades del adolescente).

Asimismo, se incorpora la mediación como forma de resolver conflictos (con voluntariedad de las partes); hay cambios en el sistema de penas, con la eliminación del sistema semicerrado y el establecimiento de límites mínimos y máximos para las sanciones (por ejemplo, seis meses mínimo para asegurar una intervención eficaz); y se limita la aplicabilidad de la multa y de la amonestación.

Por último, entre otras materias, se aumentará el número de jueces, fiscales y defensores especializados en forma gradual y se establecerán salas exclusivas en las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel y Concepción, así como salas preferentes en otras regiones del país.