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Expertos y funcionarios critican falta de recursos en nueva Defensoría de las Víctimas

Ante la Comisión de Constitución, tanto representantes del Ministerio Público, la Defensoría Penal, funcionarios de las corporaciones de Asistencia judicial y académicos hicieron ver que el proyecto no contempla un aumento de recursos ni dotación.

En el marco del debate del proyecto de ley, presentado por el Ejecutivo, que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos (boletín 13.991), la Comisión de Constitución llevó a cabo una extensa sesión para escuchar a más de una docena de representantes de organizaciones y entidades públicas.

Estas, en su mayoría valoraron la creación de este nuevo servicio, pero fueron críticos en manifestar que la propuesta carece de un financiamiento acorde a las necesidades que debe cubrir.

Así lo plantearon, en primer término, tanto el Fiscal Nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott, como el Defensor Nacional Penal Público, Marco Montero, quienes advirtieron que esta entidad debiera contar con más recursos para llevar a cabo la defensa de las victimas y, también, sugirieron incorporar a la futura ley acuerdos reparatorios o mediación en materia penal.

También disconformes con la falta de recursos, se manifestaron los representantes de los funcionarios. Las presidentas de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (Fenadaj), Claudia Facinetti; de la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial, Marcela Torres; de la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Macarena Moreno; y los presidentes de la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior, Cristián Inzunza, y de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, explicaron a las y los diputados que este proyecto fue hecho sin los trabajadores y que, tras su análisis, difícilmente se podrían cumplir las metas establecidas de tramitar todos los delitos con la misma dotación actual.

Explicaron que el año 2020 sólo atendieron a 75 mil víctimas, y que el proyecto necesita recursos para poder llevar a cabo sus objetivos, de lo contrario se podría transformar en un problema.

Sobre el punto, la comisión solicitó al ministro de Justicia, Hernán Larraín, que presenten propuestas a las diversas objeciones o planteamientos realizados en la sesión, en especial, respecto del financiamiento del nuevo servicio.

Ejecutivo

Desde el gobierno, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, informó a la comisión, en detalle, los logros alcanzados por el Programa Nacional de Apoyo a Víctimas (PAV) de su cartera, que aborda de manera integral a quienes han vivido un hecho delictivo y que pasará en forma integral a la nueva Defensoría.

Del total de las víctimas de delitos y faltas en Chile (1 millón 200 mil víctimas por año, aproximadamente, el programa focaliza su acción en un conjunto de 9 grupos de delitos; los cuales corresponden al 8% del total. Entre los años 2007 y 2020, el PAV ha ingresado a más de 635 mil víctimas de delitos violentos a sus distintos servicios (Ver presentación).

Por su parte, el director general de la Corporación de Asistencia Judicial de la región Metropolitana, Alejandro Díaz, sostuvo que la creación de la Defensoría va a ser beneficiosa pues permitirá unificar el trabajo de las actuales cuatro corporaciones que existen en el país y, se añade la especialización en materia de defensa de los DD.HH.

A su vez, el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, General Inspector Esteban Urbina, comentó que la institución apoya la iniciativa, ya que un querellante más en favor de la víctima siempre es mejor en el proceso judicial, porque ayuda en la persecución penal y con eso hay mayor garantía de justicia, que es lo que se busca.

Profesionalización

Para el presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso, Alejandro Gómez, es importante que el proyecto incluya defensa profesional para las víctimas, lo cual implica que sean abogados. Asimismo, cuestionó la organización del servicio, que mantiene cuatro macrozonas y centralizado en la región Metropolitana y que no se prevé un aumento en la dotación funcionaria.

En tanto, los docentes de la Universidad Católica, Daniela Bolívar; de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce, y el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, indicaron que la iniciativa no menciona la posibilidad de proponer reformas legales relevantes, las que serán necesarias si se quiere desarrollar iniciativas de justicia restaurativa; y tampoco se hace cargo de problemas de gestión importantes que hoy existen en el sistema, como la duplicidad de roles en diversas unidades del Estado.

La Comisión de Constitución acordó votar la idea de legislar, en su próxima sesión.