Comisión que investiga entrega de libertades condicionales comienza su labor
Él Ministerio de Justicia y Gendarmería entregaron información de cómo opera el procedimiento para la entrega del beneficio. Magistrados plantearon judicatura especializada y que se creen instancia de revisión de su entrega.
La Comisión investigadora de las actuaciones del Ministerio de Justicia en la elaboración de informes de libertad condicional y procesos de reinserción social, comenzó a desarrollar su mandato recibiendo al titular de esa cartera de Estado, Hernán Larraín. La instancia, que preside el diputado RN Andrés Longton, también escuchó a Gendarmería y a la Asociación de Magistrados.
En primer término, el ministro de Justicia comenzó su exposición detallando que la Ley N° 21.124, de 2019, modificó el régimen de libertad condicional para establecer expresamente que esta consiste en un beneficio y no en un derecho; subió los bimestres de muy buena conducta exigidos de 3 a 4; incorporó como requisito el contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por Gendarmería, y determinó que la concesión, denegación o revocación por parte de la Comisión de Libertad Condicional respectiva debe realizarse a través de una resolución fundada.
A su vez, estableció un sistema de supervisión, a cargo de Gendarmería, que lleva a cabo un delegado de libertad condicional y se modificaron las causales de revocación del beneficio, asociándolas al incumplimiento del plan de intervención individual diseñado para la persona.
Lineamientos del Ministerio
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha establecido que los objetivos específicos de las acciones de reinserción y supervisión dirigidas deben orientarse a dar cumplimiento de las condiciones impuestas por la libertad condicional; disminuir las probabilidades de reincidencia y promover la integración social del individuo. En ese plano, al 8 de marzo de 2021, se han contratado a 58 Delegados de Libertad Condicional.
En materia estadística, el primer semestre del año pasado fueron 3.257 personas propuestas por el Tribunal de Conducta para obtener la libertad condicional; 2.050 (un 62,9%) de los cuales obtuvieron el beneficio. En tanto, el segundo semestre de 2020, los propuestos fueron 3.550 y los beneficiados 1.811 (51%).
Asociación de Magistradas y Magistrados
En representación de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial expuso su vicepresidenta, Verónica Vymazal, quien se enfocó en el sistema de protección de la infancia, que calificó como en crisis debido a la falta de una Ley de Garantías; la tercerización de la atención de la infancia con un trabajo proteccional a través de licitaciones, escasa supervisión y enfocado exclusivamente en el cumplimiento del contrato y no en la calidad y resultados de la intervención. A ello, se suma la falta de una institución de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes, como organismo autónomo, público y gratuito que cumpla con los estándares internacionales de defensa especializada.
Respecto del sistema de libertades condicionales, la magistrada señaló que como asociación han propuesto establecer un debido proceso para resolver todas las formas distintas de cumplimiento de condena, en el que debieran participar el Ministerio Público, defensoría/condenado, víctima, querellante si lo hubo, más las instituciones a cargo de controlar el cumplimiento de la pena.
También, la posibilidad de recurrir y establecer recursos para poder exigir la revisión de las decisiones y contar con una judicatura especializada, con competencia en el cumplimiento de condenas, con enfoque de derechos, incluyendo profesionales afines como psicólogos, asistentes sociales, profesores o psiquiatras, propios del tribunal e independientes de las instituciones que controlan el cumplimiento de las sanciones.
Gendarmería
Por último, el director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, se refirió a los informes de postulación psicosocial necesarios para postular a la libertad condicional. Indicó que estos deben ser elaborados por un equipo profesional del área técnica de su institución, orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia y las posibilidades de reinsertarse adecuadamente en la sociedad, así como aportar antecedentes sociales y características de personalidad del condenado.
Alveal precisó que durante este proceso se realizan entrevistas directas con el postulante, redes familiares y/o cercanos significativos, lectura de la sentencia, revisión de antecedentes de intervención y conducta intrapenitenciaria, entre otras fuentes, que aportan al análisis integral criminógeno de la persona. Explicó que solo pueden ser designados para elaborar estos informes, profesionales psicólogos, terapeutas ocupacionales o asistentes sociales.
En ese ámbito, afirmó que se requiere ampliar la dotación de profesionales para aumentar la cobertura de personas condenadas, favoreciendo así a la disminución efectiva de la reincidencia delictual y potenciar la Escuela de Gendarmería.
En relación a las fases del proceso de libertad condicional, recordó que el beneficiado cuenta con 5 días corridos desde su egreso para presentarse en el CAIS, Centro de Apoyo a la Integración Social, y otros 3 días para conocer a su Delegado de Libertad Condicional. Además, durante el primer año será sometido a supervisiones mensuales.
Por último, indicó que quienes se encuentran gozando del beneficio de libertad condicional han cumplido la mitad del período de condena y con las condiciones del plan de seguimiento e intervención individual, podrán ser beneficiadas con la concesión de su libertad completa, por medio de una resolución de la respectiva Comisión.