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Instan al Ejecutivo a tomar acciones por denuncia de prensa sobre la denominada “Operación W”

En la resolución, se pide hacer efectivas las responsabilidades pertinentes en un caso que incluyó la interceptación de comunicaciones a un periodista y de militares que denunciaban hechos de corrupción dentro del Ejército.

Dip. Jorge Brito con legisladores PS y PC

Un llamado al Presidente de la República a tomar diversas acciones en torno a la denuncia efectuada por un medio de prensa respecto de la denominada “Operación W” contempla la resolución 1489, aprobada por la Sala de la Cámara por 67 votos a favor, 48 en contra y 14 abstenciones.

En el documento se expone que, en 2019, se dio a conocer operaciones del Ejército a través de las cuales se interceptaron comunicaciones tanto de militares que denunciaban hechos de corrupción dentro de la institución, como de un periodista que investigaba fraudes y corrupción al interior de ella.

Junto a variados datos del caso, se destaca que, en marzo de este año, un medio publicó nuevos antecedentes del tema, entre ellos, que la autorización judicial de intervención telefónica fue aprobada teniendo a la vista que el número en cuestión correspondía a una supuesta agente extranjera que buscaba informaciones estratégicas del Ejército, cuando se trataba del celular del periodista que había descubierto el millonario fraude del denominado “Milicogate”.

“De ser efectivo estos hechos, no cabe sino concluir que el Ejército, deliberadamente, montó una operación en la cual, mediante engaño al Poder Judicial, logró la autorización que requería para realizar la interceptación de comunicaciones”, se plantea.

Además, estima que el entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, fue de igual forma engañado, o bien, actuó como encubridor de estos hechos al asistir a la Cámara y negar tajantemente cualquier ilegalidad en la “Operación W” y “Operación Topógrafo”.

En tal plano, se le pide al Presidente de la República que instruya las medidas necesarias para hacer efectivas las responsabilidades políticas, administrativas y penales que eventualmente deriven de los hechos denunciados, entre otros puntos.

La idea fue planteada por los/as diputados/as Jorge Brito (RD), Gabriel Ascencio (DC), Gabriel Boric (PCS), Maya Fernández (PS), Marcela Sandoval (RD), Carmen Hertz (PC), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Alexis Sepúlveda (PR) y Jaime Tohá (PS).