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Llaman al Ejecutivo a difundir información sobre permisos solidarios de suministros de alimentos

A través de un acuerdo, la Cámara ha solicitado que se informe a los municipios del país sobre la vigencia y prórroga de este permiso que es fundamental para el funcionamiento de las denominadas “ollas comunes”.

Aprueban

Por 115 votos a favor, la Sala de la Cámara aprobó el acuerdo 27, que pide a la Subsecretaría de Prevención del Delito y al Ministerio de Desarrollo Social y Familia utilizar todos los medios disponibles para informar, difundir y notificar a los municipios del país sobre la vigencia y prórroga del Protocolo de Permisos Solidarios para suministros de Alimentos, para que reciban las planillas y puedan tramitar el permiso correspondiente.

El documento respaldado por la Corporación detalla que es urgente mantener informados a los municipios sobre este permiso, el cual es fundamental para la existencia de las ollas comunes, para la tranquilidad de sus dirigentes y sus beneficiarios. Argumentan que su denegación puede provocar que cientos de familias y personas no puedan alimentarse, siendo su único sustento diario.

El texto consigna que, de acuerdo al sitio web www.laolladechile.com, se registran 288 ollas funcionando a la fecha y entregando alimentación. Adicionalmente a ese catastro, hay otras ollas o comedores que funcionan agrupadas en otras organizaciones o de forma individual, a través de juntas de vecinos u otras comunidades, sobre las cuales no se tiene un registro acabado.

De igual manera, argumentan que la extensión de la pandemia ha provocado que las ayudas no lleguen como en un principio de la crisis o que, incluso, algunas ollas hayan debido cerrar por falta de manutención y cooperación.

Junto con lo anterior, las medidas sanitarias tomadas por la autoridad, cada vez más restrictivas, señalan, han provocado que algunas ollas o comedores hayan dejado de funcionar por no tener claridad las autoridades sobre la aplicación del Protocolo de Permisos Solidarios para el Suministro de Alimentos, el que fue emitido por la Subsecretaría de la Prevención del Delito en junio de 2020, tomando cada municipio la decisión de autorizarlas o denegarlas.

Los autores del acuerdo 27 son los diputados y diputadas Cristina Girardi (PPD), Iván Flores (DC), Félix González (PEV), Marcela Hernando (PR), Raúl Leiva (PS), Marisela Santibáñez (PC), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Gonzalo Winter (PCS) y Juan Santana (PS).