Ratifican informe de investigadora sobre Programas de Alimentación Escolar de Junaeb y Junji
El documento afirma que el funcionamiento de la Junaeb responde a un modelo de negocio, donde las empresas, por maximizar beneficios, disminuyen sus costos, afectado la alimentación de los menores.
La Sala de la Corporación respaldó, por 111 votos a favor, tres en contra y ocho abstenciones, el informe de la comisión investigadora (CEI 35) de los Actos u Omisiones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), en relación con la ejecución del “Programa de Alimentación Escolar y Párvulos” (PAE).
Tras la indagatoria, que incluyó la realización de 16 sesiones, las y los diputados concluyeron que en Chile existe un problema grave y urgente de salud asociado a una mala alimentación; y que la Junaeb, cuyo objetivo, debería ser entregar a los niños de Chile una alimentación saludable, estaría respondiendo, más bien, a un modelo de negocios en el que las empresas que participan en las licitaciones maximizan los beneficios disminuyendo los costos.
En las intervenciones participaron el diputado Patricio Rosas (IND) y la diputada Cristina Girardi (PPD), quienes insistieron en mejorar el sistema de alimentación para las niñas y niños del país.
Lamentaron que sean entidades privadas las encargadas de tan importante actividad y llamaron a continuar con las fiscalizaciones, para que el Estado no siga entregando recursos con el fin de “mal alimentar” a los menores.
Otras conclusiones
En el informe, rendido a la Sala por la diputada Cristina Girardi (PPD), las y los parlamentarios resolvieron también que existe debilidad institucional en la Junaeb y asimetría en su relación con las empresas que le prestan servicios, debido a la falta de recursos humanos y tecnológicos para la supervisión y fiscalización de la ejecución de los programas de alimentación.
Se señala que a nivel país, hay 107 supervisores para 8.511 establecimientos, siendo totalmente insuficiente el número de supervisores.
Asimismo, se acusa falta de inversión histórica en infraestructura de las cocinas de las escuelas; y se critica la falta de rigurosidad en seguir contratando a empresas ya sancionadas. Además, se plantea la necesidad de incentivar progresivamente el sistema de compras a proveedores locales y abordar la situación laboral de las manipuladoras de alimentos, planteándose la posibilidad de incorporarlas al Estado.
En cuanto a la Junji, se critica que no se consideren las necesidades especiales ni los tipos de alimentación que puedan necesitar los niños o niñas; y se pide mayor participación en la elaboración de las bases de licitación de programas de alimentación, así como en el control de las actividades, entre otros puntos.
Recomendaciones
Sobre la alimentación de los menores, el informe propone fortalecer los mecanismos de supervisión del servicio de alimentación y una utilización eficiente de los recursos públicos. Además, se llama a velar por la adecuada nutrición y alimentación de los niños y niñas del país, así como por los derechos laborales de las trabajadoras manipuladoras de alimentos y el resto de los trabajadores de este rubro.
También se pide buscar un mecanismo que permita tener un acompañamiento del profesorado durante la entrega de la alimentación; ahondar en la cobertura en nutrición y se enseñe a llevar una vida saludable; profundizar en la sustentabilidad de la comida escolar; y ampliar los planes de alimentación, entre otros puntos.
Sobre el fortalecimiento institucional se plantea unificar la supervisión que se aplica en la Junji e Integra al interior de una sola institución; que la alimentación que se entregue por la Junaeb sea saludable como “imperativo legal”; gestionar una entrega directa de los alimentos por parte del Estado; y que el Estado contrate a las manipuladoras de alimentos.
De igual modo, se propone establecer normas sanitarias especiales para cocinas y comedores escolares; elaborar una nueva ley de planta funcionaria para la Junaeb, cuya estructura data del año 1964; y adoptar medidas para ponerse al día en el finiquito de contratos, que requiere previamente del cobro de multas.
Por último, se postula aumentar, mejorar y modernizar los métodos de supervisión del cumplimiento de las bases de licitación; y constituir una mesa de trabajo entre el Gobierno (Junaeb), las empresas y un comité parlamentario que llegue a un acuerdo nacional sobre lo que se quiere incentivar y lo que se quiere castigar en la implementación del PAE.