Proyecto que establece indemnización para funcionarios del Sename se despacha a ley
La iniciativa, que contó con respaldo mayoritario, beneficia a funcionarios del organismo, de contrata y planta, que no sean traspasados a los nuevos servicios de protección especial y reinserción juvenil, que reemplazarán al Sename.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, en general y particular, por 128 votos a favor, uno en contra y once abstenciones, el proyecto de ley (boletín 14030), iniciado en mensaje, que establece derecho a indemnización para los funcionarios del Sename que no sean traspasados a los dos nuevos servicios, sucesores del organismo.
Cabe recordar que el Servicio de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia entra en funcionamiento en octubre de este año; en tanto que el Servicio Nacional de Reinserción Nacional Juvenil, aún se encuentra en fase de tramitación en el Senado.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, explicó que los funcionarios del Sename podrán ser traspasados de manera parcial a los nuevos servicios, no de manera automática, siempre que cumplan los requisitos de los nuevos perfiles profesionales del nuevo modelo de intervención.
La iniciativa, ratificada en segundo trámite y enviada al Ejecutivo para su promulgación como ley, les entrega derecho a indemnización a trabajadores de planta y contrata del actual Sename cuando sean suspendidos sus cargos, otorgando el pago de once meses por año de servicio como tope (ello, a diferencia de lo que establece el estatuto administrativo que contempla solo seis meses para los de planta, sin considerar a los de contrata), y recogiendo lo que ya se aplicó a funcionarios que pasaron de los CREAD a las residencias especializadas.
El proyecto tiene un costo total de 14 mil 225 millones de pesos, que se pagarán en forma gradual de aquí a tres años y por zonas geográficas, partiendo en el norte, sur y región Metropolitana.
Contenido del Proyecto
El texto señala que, sin perjuicio de las causales previstas en el Estatuto Administrativo, los funcionarios del Sename podrán cesar en el cargo por necesidades del Servicio, lo que determinará su director nacional de manera fundada en razones vinculadas al proceso de reestructuración de dicha institución, con motivo de la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Ley 21.302) y los que se establezcan como sus sucesores legales, a fin de velar por el eficiente funcionamiento de las nuevas instituciones.
El director nacional del Sename deberá considerar la realización de evaluaciones a los funcionarios para efectos de desempeñar cargos en las nuevas instituciones, según se defina mediante decreto del Ministerio de Justicia, el que deberá contener las condiciones y el procedimiento a que se someterán las referidas evaluaciones.
Para la dictación de dicho decreto se considerará una instancia de participación de las asociaciones nacionales de funcionarios del Sename, mientras que las condiciones y el procedimiento deberán garantizar la objetividad de la evaluación.
Dicho proceso no se aplicará a los funcionarios evaluados con anterioridad, con ocasión de la modernización o reestructuración de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) para el establecimiento de residencias familiares. Además, se deberá comprobar que dichos funcionarios no se encuentran afectos a las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio del cargo al que sean traspasados, según lo dispuesto por la ley y la normativa que crea el Servicio de Protección Especializada (art. 56, Ley 21.302).
A los funcionarios que cesen en sus labores, se les aplicará lo dispuesto en la Ley 21.126, que otorga reajuste al sector público.
Al respecto, tendrán derecho a una indemnización equivalente a 30 días de su remuneración por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, prestados continuamente al Sename. Dicha indemnización tendrá un límite máximo de 330 días de remuneración, para funcionarios de planta y contrata.
La aplicación de esta ley en su primer año será financiada con el presupuesto del Ministerio de Justicia, y lo que falte, con cargo a la Partida del Tesoro Público. Posteriormente, se financiará de acuerdo a la ley de Presupuestos del sector público.
Debate
Posteriormente a la entrega de los informes de las comisiones de Constitución y Hacienda, por parte de las y los diputados Paulina Núñez (RN) y Gastón Von Mühlembrock (UDI), respectivamente, intervinieron en el debate, los diputados/as Leonardo Soto (PS), Érika Olivera (IND) y Marcos Ilabaca (PS), quienes se manifestaron a favor de la iniciativa.
El diputado René Saffirio (IND), en tanto, expresó postura en contra, al considerar que no es justo entregar una indemnización a trabajadores que por acción u omisión son responsables de abusos físicos, sicológicos o sexuales de niños, niñas y adolescentes.