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Cámara pide al gobierno rechazar violaciones a los DD.HH. en Colombia

En la resolución aprobada también se solicita expresar la “total solidaridad con los familiares de las víctimas fatales” y expresar el repudio por los hechos de violencia y violaciones a los DD.HH.

Diputados aprueban resolución

Por 81 votos a favor, 11 en contra y 49 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó solicitar al Presidente de la República que manifieste ante organismos internacionales como la OEA, el total repudio, rechazo y condena a las graves violaciones a los Derechos Humanos acaecidas en Colombia, bajo el mandato del presidente Iván Duque.

La resolución 1539, presentada por los diputados de la Bancada PPD, Raúl Soto, Ricardo Celis, Cristina Girardi, Tucapel Jiménez, Carolina Marzán, Andrea Parra y Patricia Rubio, también solicita expresar la “total solidaridad con los familiares de las víctimas fatales que han resultado como consecuencia del actuar represivo de los agentes de dicho Estado”.

En dicho país, durante el mes de abril, a raíz de la propuesta de reforma tributaria planteada por el presidente Duque, la ciudadanía reactivó sus demandas sociales y salió a la calle a manifestarse en contra de la iniciativa legal, sumando además otras demandas pendientes.

Diversos gremios han convocado a jornadas de protestas y de paros nacionales que derivaron en el retiro del proyecto, pero que no detuvo las movilizaciones; ante lo cual el gobierno “dispuso medidas de represión severas contra los manifestantes”, registrándose, según reportes de prensa, más de veinte personas fallecidas supuestamente a manos de la policía.

Además, existirían más de 140 víctimas de violencia física, 761 detenciones arbitrarias, 17 víctimas de agresión en sus ojos, nueve víctimas de violencia sexual y 56 denuncias por desapariciones en el contexto de la movilización.

Ante estos hechos, la presente resolución plantea que no cabe sino expresar preocupación y también repudio ante los hechos de violencia y violaciones a los DD.HH.

“El Estado de Chile, al igual que todos los demás Estados miembros de la OEA y de la ONU tienen el deber moral y democrático de solicitar al gobierno colombiano detener de inmediato la represión en contra de su pueblo”, se remarca en el documento.