Consejo de Defensa del Estado busca contar con abogados especializados
En la Comisión de Constitución, su presidente detalló los cambios a la estructura organizacional y a las atribuciones y competencias del organismo, que propone el mensaje del Ejecutivo.
En el marco del debate del proyecto de ley, presentado por el gobierno, que moderniza el Consejo de Defensa del Estado, su presidente, Juan Antonio Peribonio, manifestó que para cumplir con las nuevas funciones que tiene el organismo se requiere una dotación necesaria con abogados especializados.
En sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, que analiza este cuerpo legal (boletín 13522), Peribonio recordó que el CDE tiene, entre otras funciones, la misión de querellarse por delitos que comenten funcionarios públicos como cohecho, soborno, negociación incompatible y fraude, y que afectan el patrimonio del Estado.
Asimismo, defender los intereses del Estado a petición del Presidente de la República y asumir la defensa de funcionarios públicos a petición de los jefes de las respectivas instituciones.
Para ello, actualmente cuentan con 187 abogados litigantes y hasta 2020 tenían 13 mil 412 juicios que representaban montos de más de 20 mil millones de dólares, lo que representa el 7,4% del PIB nacional.
Añadió que, desde 2012 y gracias al trabajo coordinado con el Banco Interamericano del Desarrollo, BID, han estado trabajando en modernizar 11 de las 17 procuradurías fiscales, tanto en materia de recursos humanos, procesos internos y tecnologías.
Competencias
Sobre las competencias del CDE, Peribonio planteó que se deben ampliar ciertos aspectos, como la actuación en los recursos de protección sin acuerdo previo del Consejo y, en materia penal, poder representar a las víctimas y ampliar la intervención en procesos hasta la etapa de ejecución de la pena, especialmente en casos de comiso e indemnizaciones civiles.
En relación a la defensa en temas medio ambientales, el personero explicó que, actualmente, la titularidad de la acción la tienen los municipios o los perjudicados, y el CDE queda sólo como tercero coadyuvante, lo que debilita su acción, por lo que se proponen cambios.
Por su parte, el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, también destacó el trabajo conjunto de modernización del organismo, y algunos puntos contenidos en el actual proyecto como las modificaciones al nombramiento y requisitos para los consejeros, la necesidad de un nuevo estatuto para los abogados consejeros y la posibilidad de establecer un sistema de remoción.
Principales aspectos del proyecto
El proyecto de ley, que como se mencionaba, busca modernizar el organismo dedicado a asesorar, defender y representar los intereses patrimoniales y no patrimoniales del Estado a través de acciones judiciales y extrajudiciales, que fue creado hace 125 años, plantea entre otros aspectos:
- Aumentar de 12 a 13 los consejeros, para integrar con tres miembros cada uno de los cuatro comités (penal, civil, contencioso administrativo y tributario, y medio ambiental), además de un presidente;
- Establecer el cargo de director ejecutivo;
- Crear un comité de ética;
- Crear dos nuevas procuradurías fiscales en Santiago;
- Establecer un nuevo estatuto para abogados consejeros y abogados de procuradurías, que incluya un nuevo catálogo de prohibiciones e inhabilidades.
Además, en el caso de los consejeros, se propone fijar como requisito para su nombramiento por parte del Presidente de la República (a partir de una quina elaborada por el Consejo de Alta Dirección Pública), el ejercicio en la academia y/o tareas de litigio nacional o internacional.
Los consejeros permanecerán en sus cargos por diez años, sin posibilidad de reelección, y se renovarán por parcialidades.
Además, se permitirá la remoción de estos, a cargo de la Corte Suprema, a petición del Presidente de la República o de un cuarto de los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Modificación Reglamento de la Cámara
En una segunda materia, la Comisión de Constitución conoció el proyecto -iniciado en moción-, que modifica el Reglamento de la Cámara para sancionar ausencias e inasistencias de sus miembros a las sesiones de comisiones (boletín 13995).
El diputado Marcos Ilabaca (PS), uno de los coautores de la iniciativa, explicó que la propuesta toma el compromiso y las obligaciones que se debe tener en el desempeño de las funciones parlamentarias, regulando las ausencias y que ellas sean justificadas mediante algún documento que las respalde.
A su vez, se considerará una asistencia anual a comisiones que sea igual o superior al 70%. De no ser así, se sancionará al diputado o diputada, con el 40% de la dieta parlamentaria. En cuanto, a la ausencia en las votaciones, se establece que la multa no podrá ser inferior al 3% de la dieta.