Bono alivio y reducción del impuesto a las gasolinas focalizaron debate en la Comisión de Hacienda
Respecto del tema del impuesto, los representantes del transporte público expresaron su apoyo a la medida, pero plantearon que se aplique de forma permanente y focalizada en el sector legalizado y no como norma general. El SII, en tanto, sostuvo que la reducción podría implicar una menor recaudación fiscal entre 730 mil y 890 mil millones de pesos.
La efectiva implementación del denominado “bono alivio” para las mipymes y que debe incluir por norma a los feriantes y los alcances de un proyecto destinado a rebajar el impuesto específico de las gasolina y petróleo durante el estado de excepción constitucional fueron los temas que focalizaron la sesión de hoy de la Comisión de Hacienda.
Para el primer punto, la instancia que preside el diputado Pablo Lorenzini (IND) contó con la participación del ministro de Economía, Lucas Palacios, quien entregó la visión del Gobierno en torno a la aplicación de la Ley 21354. En este marco, sostuvo que la aprobación de una indicación durante el trámite legislativo vino a crear mayores trabas a los feriantes, ya que se les está exigiendo contar con el permiso municipal respectivo vigente.
Sostuvo que el Ejecutivo tiene la voluntad de entregar una solución que va en la línea de crear un sistema, a través de Sercotec, que avanzará en la formalidad de dicho sector, así como de otros (artesanía, belleza y estética, etc.) y, una vez concretado dicho punto, entregar una ayuda similar a la del bono alivio.
Los parlamentarios presentes remarcaron la necesidad de llegar a un acuerdo prontamente, dada la necesidad que poseen los feriantes de percibir recursos y criticaron que el Gobierno, por la vía de resquicios, esté vulnerando el espíritu de lo aprobado en el Congreso Nacional.
Entre las opciones se mencionó entregar el caso a la Contraloría de la República, de modo que dirima cuál es la vía para proceder en la ley indicada o, en su defecto, avanzar en una ley corta que resuelva la situación.
Impuesto específico
En una segunda parte de la sesión, la instancia recibió a cuatros invitados que dieron su parecer respecto del proyecto, iniciado en moción (boletín 14289), que modifica la Ley 18.502, que establece impuestos a combustibles, en el sentido de rebajar en un 50% el impuesto específico a las gasolinas automotrices y petróleo diésel, en caso de y durante la vigencia de un estado de excepción constitucional o alguna calamidad pública que afecte o comprometa gravemente el empleo e ingresos de la ciudadanía.
El primero en intervenir fue el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, quien explicó las características del gravamen objeto del presente análisis y detalló la menor recaudación que el fisco tendría. Acotó que, tomando como base la recaudación de 2020 y aplicando la reducción del 50% solo al componente base, habría una afectación de 730 mil 120 millones de pesos menos para el Estado, cifra que se eleva a 890 mil millones si se aplica la rebaja al componente variable del gravamen.
Alejandro Tirachini, académico de la Universidad de Chile, planteó que una rebaja en el impuesto no necesariamente se traduce en un beneficio directo para los consumidores, como lo demuestra la experiencia alemana, donde se disminuyó el IVA el año pasado pero que solo benefició a los usuarios en un 40%, quedándose con el 60% restante las distribuidoras de combustibles.
Además, remarcó que la rebaja beneficiaría a los deciles más ricos del país (por cada mil pesos que el Estado deje de recaudar, el decil de menores ingresos ahorraría entre cinco y 14 pesos, mientras que el más rico lo haría entre 133 y 353 pesos); y sostuvo que habría una importante merma de los recursos fiscales que se pueden destinar, por ejemplo, para financiar cerca de 310 mil pensiones, la construcción de 3,5 hospitales o la compra de 2.200 buses eléctricos.
Medida esperada
No obstante, el presidente de Conapyme y Conatacoch, Héctor Sandoval, afirmó ante el grupo parlamentario que la medida es esperada por el sector del transporte público. Junto con entregar las cifras del aporte que el sector entrega al fisco cada año, recalcó que el impuesto específico es discriminativo dado que grandes empresas, como las mineras, aéreas y marítimas, no lo pagan.
Reconoció que es una propuesta difícil y llamó a definir la rebaja solo para el transporte regulado, que usa como insumo para su labor el combustible, pero no para los que desarrollan la actividad de manera ilegal o para la gente común, dado que aumentaría la congestión y la contaminación, junto con una reducción mayor de los ingresos fiscales.
Eduardo Castillo, presidente de Conttramen, coincidió en los puntos y pidió una medida permanente y no solo eventual, para lo cual llamó al Ejecutivo a intervenir con una propuesta propia o apoyando el proyecto hoy en trámite.
En el debate, los diputados observaron la importancia de abordar el tema como una situación permanente y no amarrada al estado de catástrofe, que podría terminar en pocos días más. Asimismo, plantearon la importancia de que el Ejecutivo se haga parte y entregue un informe financiero sobre el impacto del proyecto.
Además, acordaron oficiar al SII para que detalle cuánto deja de recibir el Estado por la exención en el pago de este impuesto por parte de las empresas mineras, aéreas y marítimas.
La discusión de esta iniciativa continuará mañana.