Cámara ratifica tratado sobre prohibición de armas nucleares
La iniciativa, remitida al Senado para su segundo trámite, implica establecer como país un firme compromiso de prohibir las armas nucleares y promover su desarme total y completo en el marco de la seguridad internacional y el derecho internacional humanitario.
Crear un nuevo “estándar moral” internacional que refleje la creciente necesidad de la comunidad internacional hacia la concreción del desarme nuclear para todos los Estados signatarios es el principal objetivo del tratado internacional (boletín 14.007) ratificado por la Sala de la Cámara por 133 votos a favor y 1 en contra.
La norma, analizada en primera instancia por la Comisión de Relaciones Exteriores e informada en la Sala por el diputado Jaime Naranjo (PS), promueve la prohibición a nivel mundial y en toda circunstancia, de desarrollar, probar, producir, adquirir, poseer, almacenar y transferir armas nucleares, así como también el desarrollo, ensayo, producción, fabricación, adquisición de cualquier otro modo, posesión o almacenamiento de armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares.
El tratado exige a los Estados partes celebrar con el Organismo Internacional de Energía Atómica, un Acuerdo de Salvaguardias Amplias y fijar un mecanismo especial para abordar los casos en que los Estados partes posean u hospeden armas nucleares en sus territorios.
También estipula que cada Estado que lo suscriba deberá proporcionar adecuada asistencia a las personas afectadas por el uso o ensayo de armas nucleares bajo su jurisdicción. Además, deberá adoptar las medidas necesarias y adecuadas para la restauración del medio ambiente de aquellas zonas contaminadas como consecuencia de dichas actividades.
Junto a esto, señala que cada Estado parte podrá cooperar y prestar asistencia a los demás para facilitar la aplicación del Tratado y tendrá derecho a solicitar y recibir asistencia de estos cuando sea viable.
El informe financiero del tratado, analizado por la Comisión de Hacienda e informado a la Sala por el diputado Marcelo Schilling (PS), indica que el proyecto de acuerdo comprenderá un mayor gasto fiscal de $1.579 millones cuando que se realicen las reuniones de los Estados partes y de $4.637 millones cada vez que se efectúen las Conferencias de Revisión.