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Comisión Investigadora de descentralización aprobó conclusiones y propuestas

La instancia aprobó por unanimidad el informe referido a la implementación del proceso de descentralización política, administrativa y fiscal del país; pero con votación dividida aquellas referidas a las responsabilidades de las autoridades del Ministerio del Interior.

Los integrantes de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos del Gobierno relacionados con la implementación del proceso de descentralización política, administrativa y fiscal del país (CEI 56), concordaron y votaron las conclusiones y las propuestas surgidas a raíz de la información recabada.

El objetivo de la instancia fue analizar aquellos actos que dicen relación con el traspaso de competencias hacia los gobiernos regionales; el grado de tramitación de los reglamentos de ejecución de las leyes de descentralización; la ausencia de un proyecto de ley de rentas regionales; las reducciones presupuestarias por parte del Ministerio de Hacienda a los programas de inversión de estas instancias y con la centralización de los pagos que les corresponde efectuar a los gobiernos regionales.

Luego de las audiencias y el trabajo desarrollado, la comisión logró un consenso amplio respecto de las falencias detectadas e incluyó en su informe final tanto conclusiones y recomendaciones de parlamentarios de oposición y del oficialismo; respaldadas en forma unánime (9 votos). Además, por 5 votos a favor de la oposición y 4 en contra de Chile Vamos, se aprobó un tercer capítulo, propuesto por el diputado Jaime Tohá (PS) referido a las responsabilidades políticas.

Conclusiones

El informe señala que los gobernadores regionales asumirán sus funciones en un contexto de incertidumbre, producto de la vaga legislación vigente y la ausencia de cuerpos normativos claros.

Indica que el retraso se aprecia, por ejemplo, en el inicio del ejercicio de las competencias identificadas en los ministerios de Vivienda y Urbanismo; Transporte y Telecomunicaciones, además de Sercotec, Fosis y Corfo, producto de la complejidad de individualizar cuerpos normativos que den certezas.

Esto ya que pese a que el proceso de descentralización se planteó como continuo y gradual, la legislación no consideró plazos intermedios o fechas ciertas para la implementación de algunos aspectos, principalmente los referidos a cuestiones logísticas y de instalación.

A lo anterior, se suma la dificultad práctica de las nuevas autoridades de iniciar sus mandatos dotados de los instrumentos de gestión y presupuestarios necesarios; y que aun cuando no era parte del mandato de esta investigación, se reconoce la necesidad de reforzar la figura del Gobernador Regional como la máxima autoridad de cada región.

El informe concluye que se presentarán conflictos en materia de competencias entre la figura del Gobernador Regional y del Delegado Presidencial, cuestiones que debieron estar resueltas antes de la asunción de las nuevas autoridades electas.

En otro punto, las diputadas y los diputados criticaron la reducción del presupuesto para los programas de inversión en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Maule, Biobío, Ñuble y Los Ríos, porque constituye un claro detrimento para el futuro ejercicio de la labor de los nuevos gobernadores; abogando para que se corrija en la Ley de Presupuestos 2022.

Por último, el informe indica que es necesario considerar las denuncias sobre posibles contrataciones que se estarían realizando por parte de algunos gobiernos regionales.

Recomendaciones

En materia de propuestas, las (os) legisladores proponen clarificar las competencias de los delegados presidenciales, para delimitarlas respecto de las funciones de los gobernadores regionales, estableciendo un mecanismo para la adecuada y oportuna resolución de controversias.

Otras recomendaciones del informe, que será informado a la Sala por el diputado Renzo Trisotti (UDI) son:

  • Modificaciones legislativas que otorguen verdadera independencia al Gobernador Regional para solicitar, dentro del presupuesto anual, los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional que requiera para la implementación de sus programas de gobierno y desarrollo, acorde las necesidades de cada región.
  • Solicitar a la Contraloría General de la República un pronunciamiento, respecto a los procesos de contrataciones públicas que estarían realizando algunos gobiernos regionales, con el fin de determinar si fueron ejecutados conforme a derecho y teniendo en cuenta las reales necesidades e idoneidad del cargo.
  • Crear una comisión especial de seguimiento que fiscalice la correcta y oportuna implementación del proceso de descentralización actualmente en curso. Se recomienda que el Ejecutivo rinda cuenta trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre el avance del proceso de instalación de los nuevos gobernadores regionales.

 

Responsabilidades

La comisión investigadora aprobó un párrafo, propuesto por el diputado Jaime Tohá (PS) referido a las responsabilidades de las autoridades del Ministerio del Interior.

El texto enfatiza que, ante la realidad de una legislación que aún está en modificación y con grandes ambigüedades, es necesario poner el máximo esmero en concluir los reglamentos y crear las mejores condiciones administrativas, materiales y financieras, necesarias para asegurar la mejor instalación de las nuevas autoridades electas.

Asimismo, que los ministros del Interior, subsecretarios del Interior y subsecretarios de Desarrollo Regional, con la única salvedad de la actual subsecretaria de Desarrollo Regional, tienen responsabilidades de no haber dado, de manera eficaz y con el estándar necesario, cumplimiento a sus obligaciones, en relación a crear las condiciones necesarias para el desarrollo óptimo del proceso de descentralización que se encuentra en curso.