Apoyan informe único de investigadora sobre libertad condicional y protección de menores
Las y los diputados de la comisión especial investigadora sobre la actuación de organismos públicos sobre libertad condicional, reinserción social y protección de menores consensuó y respaldó, de manera unánime, un texto que busca, entre otros temas, cambiar el paradigma de seguridad por el de reinserción.
La comisión especial investigadora sobre la actuación de organismos públicos sobre libertad condicional, reinserción social y protección de menores (CEI 55) realizó un trabajo profundo en la materia y respaldó de manera unánime las propuestas presentadas por el presidente de la instancia, diputado Andrés Longton (RN), y la diputada Marcela Sandoval (RD).
Lo concreto es que los planteamientos de ambos eran similares, tanto en espíritu y forma, razón por la cual las y los diputados de la comisión decidieron respaldar los textos que serán refundidos en un informe de consenso.
“Siempre es bueno tener informes de consenso y más aún en una materia tan delicada y que se refiere a problemas tan sistemáticos como nuestro sistema carcelario y el hacinamiento o en el cómo se otorgan las libertades condicionales. La verdad es que distintos gobiernos, independientemente de los colores políticos no han sabido abordar de manera íntegra este problema”, indicó el diputado Longton.
Dichas palabras fueron respaldadas por la diputada Sandoval, quien agregó que era de toda lógica aunar los informes y, más aún, considerando “que se trata de propuestas complementarias, que ponen el énfasis en una serie de planteamientos que expusieron una serie de personas a lo largo del trabajo de la comisión.
La idea, adicionalmente, es incluir en el texto una serie de mociones que se han ejecutado a lo largo de los años y que buscan solucionar, en parte, los problemas que estudió la instancia. “Por eso, además, sería positivo que este informe sea entregado al ministro de Justicia para que pueda patrocinar algunas iniciativas que escapan a nuestra competencias”, señaló la diputada Marcela Hernando (PR).
Propuestas y conclusiones
El texto señala que el Estado de Chile, no ha logrado infundir entre sus ciudadanos la sensación de seguridad y, por otro, aquellos que son condenados por el sistema penal chileno no son rehabilitados y, en muchos casos, no logran reinsertarse en la sociedad, lo que en definitiva deriva en altos índices de reincidencia.
Agrega que diversos estudios han mostrado que alrededor del 50% de la población penal adulta pasó, durante su adolescencia y/o infancia, por la justicia penal adolescente.
A juicio de las y los diputados, se trata de una crisis del sistema al que se suman una serie de aspectos políticos que enfrenta diversas posiciones. Por ejemplo, entre quienes sostienen que se debe endurecer la respuesta penal y, con ello, aumentar el control policial de la sociedad; mientras, por otro, los que indican que la respuesta penal debe ir de la mano del abordaje de cuestiones estructurales que rodean al delito.
El informe señala que el sistema de protección a la infancia no está coordinado, ni cuenta con un sistema de información robusta. Además, no atiende la dimensión económica de niños, niñas y adolescentes y existe insuficiencia del apoyo social en materia de acceso a prestaciones de salud, educación, protección de derechos y otros.
En tal plano, se estima indispensable unificar la trayectoria del beneficiario, promoviendo la continuidad y sistematización de los procesos de acompañamiento.
En cuanto a la libertad condicional, se indica que es importante mejorar el mecanismo de otorgamiento de este beneficio. Se plantea como relevante bajar la discrecionalidad de la comisión ad-hoc y establecer audiencias. Además, se busca que las víctimas puedan ser oídas y tengan la posibilidad de impugnar la decisión.
Penas y Gendarmería
En las conclusiones también se considera fundamental avanzar en una ley de ejecución de penas. Se observa que el cumplimiento de las condenas no puede estar sujeto a un mero reglamento, en tanto que las controversias deberían ser resueltas por un tribunal capacitado de carácter permanente.
Señalan que es vital cambiar el paradigma de seguridad por el de reinserción, junto con iniciar en forma inmediata un programa que permita superar, de una vez, el hacinamiento crónico en los recintos penitenciarios. Respecto de ello se propone mejorar los niveles de conocimiento criminológicos de jueces y otros actores que intervienen en decisiones penitenciarias.
En lo que respecta a Gendarmería, se indica que es indispensable que cuente con sistemas digitales que le permitan hacer seguimientos completos a cada interno, de manera permanente, junto con poder realizar traspasos y llevar un registro actualizado por recluso.