CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

“Hoy el sistema penitenciario sufre una falla sistémica, la cual se aprecia en distintos aspectos. Es necesario un cambio en el sistema penitenciario en Chile, en post de que la lógica del sistema apunte a una reinserción y rehabilitación efectiva”.

Con dicha afirmación parte el marco de conclusiones de la comisión investigadora sobre actuaciones del Ministerio de Justicia en la elaboración de informes de libertad condicional, procesos de reinserción social; y de otros organismos en cuanto a medidas de resguardo de menores de edad vulnerables (CEI 55), texto hoy aprobado por la Sala de la Cámara por la unanimidad de las y los diputados presentes.

El informe, entregado por quien fuera promotor y presidente de la instancia, diputado Andrés Longton (RN), acusa la falta de medidas que apunten a una mayor reinserción y rehabilitación. Si bien se reconoce que existe algo incipiente con la implementación de los delegados de libertad condicional, se observa que es claramente insuficiente.

“Lo anterior tiene como consecuencia un fracaso de la política carcelaria de nuestro país; las cifras oficiales de reincidencia superan el 40%”, se acota.

Libertad condicional

La investigación tuvo su origen en el caso del asesinato de Ámbar Cornejo, en Villa Alemana, a manos de quien fuera pareja de la madre de la víctima, Hugo Bustamante. Este ya había sido condenado en 2005 por el asesinato de su pareja e hijastro. Desde abril de 2016, se encontraba con libertad condicional, otorgada por la comisión destinada a tal efecto.

Sobre esta materia, el informe sostiene que las comisiones de libertad condicional no cuentan necesariamente con conocimientos criminológicos ni se basan en los informes que recibe de Gendarmería. Tampoco existen audiencias donde se pueda cruzar información, sino que solo es documental y discrecionalidad.

“Esto es muy claro en el caso Bustamante. El informe hecho por profesionales de Gendarmería recomendaba no otorgar la libertad condicional al recluso”, se enfatiza.

“Se aplica instrumento Escala de Riesgo de Reincidencia, en el cual se advierte alto riesgo en los ámbitos de delito actual, actitudes, relaciones, estilo de vida, pares, comportamiento interpersonal y estilo de pensamiento” …  “su actuar se torna impulsivo y poco sensato frente a situaciones triviales y tampoco logra anticipar ni identificar posibles consecuencias de sus actos. Se observa reticente a seguir normas y convenciones sociales”, concluía el informe de Gendarmería replicado por la comisión investigadora.

En este ámbito, las y los diputados también critican la ausencia de una instancia donde las víctimas puedan ser oídas; que no haya una ponderación del ambiente donde se va a desenvolver el interno en el medio libre; y la ausencia de participación del Ministerio Público.

Protección de infancia vulnerada

También considerando el caso de Ámbar, la investigación determinó la existencia de una falla sistémica en la protección de la infancia vulnerada. De igual modo, observa la falta de sistemas de información robustos, que permitan hacer un seguimiento a los menores a lo largo de los distintos programas en los que participan.

“No existen sistemas de registro que puedan dar cuenta de la trayectoria vital de un menor que ingresa a los programas del Sename. A modo de ejemplo, en el caso de Ámbar, la menor levantó varias alertas, pero las mismas nunca fueron tomadas en cuenta. Es probable que, de haber tenido un registro, la suma de alertas podría haber generado acciones diferentes”, se acota.

Asimismo, se indica que existe un colapso sistémico en relación a la estructura estatal sobre protección de infancia vulnerada, tanto en el sistema judicial, como en los programas estatales.

Otras observaciones

El documento también constata condiciones graves de hacinamiento en los recintos penitenciarios y facilidades para que operen bandas desde el interior de ellos. Así, se observa que los reclusos terminan comprometiendo aún más sus posibilidades de reinserción.

El texto informa que el sistema, anualmente, cuenta con un presupuesto de 475.000 millones de pesos. “Alto costo que no se ve reflejado en la obtención de resultados esperados. Es decir, pareciera que no es un problema de falta de recursos, si no de eficiencia en la utilización de los mismos”, sentencia.

El informe también da cuenta que existen funcionarios de Gendarmería con serios problemas laborales. Se estima que, a lo menos, un tercio presenta problemas post traumáticos.

Se reconoce que el sistema requiere reformas y modernizaciones, pero dentro del marco existente. En tal plano, se valoran iniciativas como la incorporación del modelo de Riesgo, Necesidad y Responsabilidad (RNR), basado en evidencia; medidas anticorrupción en Gendarmería; el modelo de intervención psicosocial, que se llama a profundizar; e instrumentos para evaluar el riesgo de reincidencia en violencia sexual y para gestionar las necesidades.

Aun así, se estima que falta una mirada integral y coordinada entre los aspectos criminológicos y judiciales. “Es necesario que exista un análisis especifico de la conducta del interno al momento de la toma de decisiones judiciales, sobre todo en el otorgamiento de beneficios, mucho más allá del cumplimento de los requisitos como asistir a programas o trabajos, teniendo en cuenta los factores efectivos de cambio psicosocial del interno”, se concluye.

Propuestas

Entre las propuestas se plantea cambiar el paradigma de seguridad por el de reinserción e iniciar en forma inmediata un programa que permita superar el hacinamiento crónico en los recintos. También se estima imperativo que exista una Ley de Ejecución de Penas, con tribunales ad hoc que revisen los eventuales beneficios carcelarios que se puedan entregar.

Además, se postula ampliar la formación especializada de profesionales, no solo de los gendarmes sino también de psicólogos, asistentes sociales, entre otros; revisar las condiciones laborales del personal; y mejorar los niveles de conocimiento criminológicos de jueces y otros actores que intervienen en decisiones penitenciarias, entre otros aspectos.

Participaron en el debate Érika Olivera (IND), Marcela Sandoval (RD), Andrés Longton y Leonardo Soto (PS).