Responsabilizan al Gobierno por falta de competencias de los gobernadores regionales
La Cámara aprobó el informe de la comisión investigadora sobre descentralización, sindicando a los ministros y subsecretarios del Interior, así como a los subsecretarios de Desarrollo Regional, de las ambigüedades detectadas en la instalación de los cargos.
Por 70 votos a favor, 41 en contra y 15 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora de los actos del Gobierno relacionados con la implementación del proceso de descentralización política, administrativa y fiscal del país (CEI 56).
El objetivo de la instancia fue determinar las responsabilidades políticas y administrativas en el traspaso de competencias, dictación de los reglamentos necesarios, las modificaciones presupuestarias y toda otra materia relacionada con la instalación de los recién electos gobernadores regionales.
En el informe se sostiene que los gobernadores regionales asumieron en un contexto de incertidumbre. Ello, producto de la vaga legislación vigente y la ausencia de cuerpos normativos.
Dicha problemática se aprecia, por ejemplo, en el inicio del ejercicio de las competencias identificadas en los ministerios de Vivienda y de Transporte. Lo mismo se apreció respecto de Sercotec, Fosis y Corfo. Esto, producto de una demora en la tramitación de los decretos de traspaso, atendido la complejidad para identificar competencias en ausencia de una definición clara.
Responsabilidades
La instancia adjudica responsabilidades en los distintos ministros y subsecretarios del Interior, así como en los subsecretarios de Desarrollo Regional. Hace como única salvedad la actual autoridad de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Respeto de ello, se acusa no haber dado, de manera eficaz y con los estándares necesarios, las condiciones para el desarrollo óptimo del proceso de descentralización.
El texto también observa las dificultades que tuvieron que enfrentar los gobernadores al momento de asumir sus mandatos, en lo relativo a los instrumentos de gestión y presupuestarios. “La legislación vigente no consideró plazos intermedios o fechas para la implementación de cuestiones logísticas y de instalación”, se explica.
A la comisión investigadora no le dejó de llamar la atención la baja ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales en el período 2020 y lo que va corrido del 2021, en el marco de una pandemia y el escenario económico que requieren de inversiones dinamizadoras, efectivas y eficaces.
Otras conclusiones
El informe indica que, “desde ya, se vislumbra que habrá serios conflictos en materia de competencias, principalmente entre la figura del gobernador regional y del delegado presidencial”. Se estima que el tema debió ser resuelto antes de la asunción de las autoridades regionales.
Asimismo, se considera que el compromiso del Gobierno de contar con una Ley de Rentas Regionales está lejos de cumplirse. Observan que, al día de hoy, no se conoce un proyecto en tal sentido y menos del ingreso de un mensaje presidencial que lo proponga.
La comisión insiste en la necesidad de reforzar la figura del gobernador regional como la máxima autoridad de cada región. Plantea poner el máximo esmero en concluir los reglamentos y crear las mejores condiciones administrativas, materiales y financieras, para asegurar la mejor instalación de las nuevas autoridades electas.
Participaron en el debate Rodrigo González (PPD), Vlado Mirosevic (PL), Juan Manuel Masferrer (UDI), Pepe Auth (IND), Luis Rocafull (PS) y Jaime Mulet (FRVS).
Propuestas del informe:
- El Ejecutivo debe zanjar la situación de los edificios en los cuales funcionarán los futuros gobernadores regionales. Para ello deberá considerar el rol y la dignidad que tendrán las futuras autoridades regionales.
- Clarificar las competencias de los delegados presidenciales. Delimitarlas respecto de las funciones de los gobernadores regionales, estableciendo un mecanismo para la adecuada y oportuna resolución de controversias.
- Proponer modificaciones legislativas que otorguen verdadera independencia al gobernador regional. Por ejemplo, respecto del presupuesto anual y los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional.
- Solicitar a la Contraloría General de la República un pronunciamiento respecto de los procesos de contrataciones públicas que estarían realizando algunos gobiernos regionales.
- Creación de una comisión especial de seguimiento que fiscalice la correcta y oportuna implementación del proceso de descentralización en curso.