Abogado de ministro Figueroa descartó cargos y entregó antecedentes para apoyar su defensa
Jorge Gálvez sostuvo que son completamente injustas las acusaciones al ministro de Estado. Afirmó que los cargos no se demuestran en la práctica y que las imputaciones corresponden a discrepancias políticas. Asimismo, consideró que la labor de Raúl Figueroa ha estado respaldada por diversas autoridades y organismos, tanto nacionales como internacionales.
Tras la exposición de la parte acusatoria, el abogado defensor del ministro de Educación, Raúl Figueroa, Jorge Gálvez, tuvo oportunidad de presentar sus descargos. En primer lugar, solicitó rechazar en todas sus partes la acusación constitucional, dividiendo su argumentación en tres capítulos: demostrar que es insostenible, que responde a discrepancias políticas y que las afirmaciones plasmadas en el líbelo se basan en imprecisiones, opiniones y hechos que no han sido demostrados.
Aseguró que hoy asistimos a un juicio jurídico, porque implicaría una inhabilitación para ejercer un cargo publico como castigo hacia el implicado. “Alguien puede no estar de acuerdo con el accionar del ministro, pero llegar a este tipo de herramientas no es lo correcto”, acotó.
Sostuvo que no se observan “deberes no habidos en el quehacer del ministro Figueroa”, ni “infracciones punitivas que conlleven a una sanción, como la imposibilidad de ejercer un cargo publico”. “Como ciudadano me parece que lo hecho por el ministro, en contexto de pandemia, es digno de felicitación”, expresó.
Principios y recomendaciones
En su relato, explicó cómo la acusación vulnera una serie de principios, entre ellos el de proporcionalidad, el debido proceso y la ultima ratio. Argumentó que el ministro ha desplegado un “trabajo incansable” para proteger el derecho a la educación.
Junto a eso, criticó la forma en que se plantea y estructura la acusación. Señaló que, “solo considerando estos argumentos, la acusación debería ser desestimada”.
Además, Gálvez hizo variadas referencias a declaraciones de organismos internaciones que recomendaron avanzar hacia las clases presenciales. Dicha opinión, acotó, fue compartida en Chile por variadas entidades y personas vinculadas al tema (alcaldes, defensora de la Niñez, sostenedores y apoderados).
En este contexto, mencionó a la Asociación Chilena de Pediatría, que hizo ver que los menores no suelen contagiarse en los establecimientos, sino en sus casas. Además, puso atención en que hubo un 33% de aumento en la depresión. Apoyado en esto, destacó las estadísticas confirmadas en la práctica. Ellas muestran que un 1% de los colegios presentó más de un caso de Covid-19; 14%, un solo caso; y el 85%, ninguno.
Otras acciones
Asimismo, el abogado remarcó que se realizó un amplio trabajo de consulta previa para la vuelta a clases, con 752 diálogos regionales y comunales. Además, dijo que se puso en práctica programas pilotos antes de implementar el Plan de Retorno Seguro. Este, acotó, tuvo bases técnicas y sanitarias y se basó en los principios de voluntariedad y gradualidad.
También recordó en este ámbito que se promovió la vacunación masiva del personal educativo (91% ya inmunizado) y se aplicó un plan de apoyo a la infraestructura por más de 13 mil millones.
Paralelamente, desmintió que no se avanzara en apoyo digital. Para ello se contó con programas, desde el primer día, como “Aprende en línea”; la incorporación de 90 mil recursos pedagógicos disponibles; apoyo de equipamiento para estudiantes; preuniversitario gratuito; biblioteca digital; y la distribución de más de 30 millones de canastas Junaeb a un millón 600 mil, entre otros esfuerzos, entre otras variadas acciones en este tema.
Acusaciones injustas
El abogado defensor recalcó que “son completamente injustas las acusaciones a este ministro de Estado por haberse obsesionado tozudamente con el regreso a clases”. Afirmó que solo hizo todo lo que estaba a su alcance para continuar con el proceso educativo en medio de una pandemia.
Según la defensa, los recursos en infraestructura escolar aumentaron en 65% en los años 2020-2021. Asimismo, se incrementaron también los fondos para transporte escolar. Y dijo que se entregaron más 25 mil millones de pesos para el resguardo sanitario de los establecimientos educacionales y ocho mil 20 millones de pesos para los kits sanitarios.
En tal plano, remarcó que resulta incomprensible que se hable de recursos adicionales inexistentes para enfrentar el Covid-19 en el proceso educativo.
En cuanto a las aulas hospitalarias, aseguró que el cierre de las mismas se tomó por decisión de las autoridades de salud y de los directivos de estos mismos centros. Explicó que el objetivo fue el resguardo de los menores y tuvo también razones en la ocupación de los recintos hospitalarios. Sostuvo, finalmente entre otras argumentaciones, que no es efectivo que se hubieran disminuido las subvenciones para este tipo de educación.
Tras su ponencia, la diputada Camila Rojas (Comunes) retomó la palabra en lo que se denomina “réplica”. A su vez, el abogado Gálvez hizo uso del mismo derecho.
Se espera que tras dicho proceso intervengan representantes de las bancadas y se proceda a la votación de la admisibilidad de la acusación constitucional.