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Diputada Rojas expone cargos de acusación constitucional contra ministro Raúl Figueroa

La defensa del secretario de Estado desestimó hacer uso de la denominada cuestión previa, razón por la cual la sala de la Cámara entró directamente al debate del fondo del libelo.

Dip. Camila Rojas expone ante la Sala

Sin entrar a la discusión de la denominada cuestión previa, la Sala se abocó directamente a tratar sobre el fondo de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa.

Abrió el debate, en representación de los acusadores, la diputada Camila Rojas (Comunes), haciéndose cargo de cada uno de los capítulos del libelo.

Primero hizo un resumen desde el cierre de las escuelas en marzo de 2020 y pasó a criticar lo que calificó como la resistencia constante del ministro a considerar las realidades y aprensiones de las comunidades educativas. Esto, quedaría manifestó en los anuncios de reducción de presupuesto en abril de 2020, en que no se dio solución a las brechas tecnológicas entre colegios particulares y públicos, ni a generar pautas de trabajo que garantizaran el bienestar de profesores y asistentes de la educación.

Siguiendo cronológicamente los hechos, la parlamentaria criticó el anuncio de vacaciones anticipadas, justo cuando las escuelas estaban logrando pasar la etapa de ajuste a la educación a la distancia. Luego de esto, señaló que comenzó una presión por el regreso a la presencialidad, generando incertidumbre y angustia en las familias.

“Esta acusación no tiene que ver con si estamos de acuerdo o no con el retorno presencial. “Este es fundamental y deseable”, aseguró. Sin embargo, criticó que se promueva cuando existe infraestructura deficiente de muchos establecimientos educaciones, que no dan las garantías para un retorno seguro.

Reprochó que las y los docentes hayan sido apuntados por el ministro como los responsables de que no se reanuden las clases presenciales. Y, si bien reconoció las herramientas entregadas por el Ministerio, como las plataformas digitales y de televisión implementadas, aseguró que esto no debe ser felicitado, pues “es parte del trabajo que al ministro le corresponde”.

Otros aspectos en este marco

Continuó con un detalle de las infracciones del ministro a la Constitución Política y a diferentes leyes establecidas, calificándolas de carácter grave y que han agudizado la crisis del sistema educativo. Señaló también la falencia y reducción de recursos en la disminución de la brecha digital y en las subvenciones a los establecimientos, asegurando que los más afectados fueron las escuelas municipales y también las aulas hospitalarias que están en grave peligro.​

Remarcó que en este ámbito hubo una clara afectación a acuerdos internacionales y las normas chilenas que consagran el derecho a la educación. “El ministro de Educación incumplió por acción y omisión. Es un grave incumplimiento en sus funciones y exceso en sus acciones”, acotó.

Agregó que el punto se ahonda en la falta de entrega de recursos para los establecimientos educacionales. Criticó en este plano que no se consideran los efectos de la pandemia que implicó una baja obvia en la asistencia efectiva de los alumnos, la cual está ligada a la SEP.

Ello derivó en que, hoy, casi un 50% de los establecimientos presentan desfinanciamiento, ahondado por las inversiones que se tuvieron que emprender para avanzar en una educación a distancia para adaptarse a la nueva realidad, sin que tampoco se les aportaran dineros frescos.

Refutó también que se alteraran leyes por la vía de interpretaciones administrativas que, finalmente, tampoco permitió allegar más recursos efectivos. “Requería autorización legal y no se realizó”, afirmó.

Segundo capítulo

Acusación contra ministro de Educación

La diputada remarcó que la pandemia ha golpeado el trabajo educacional radicalmente. Dijo que se constata en ello jornadas no reguladas; falta de recursos de apoyo y de material; agobio del personal; y  carencia de regulación respecto de las horas lectivas y no lectivas, entre otros puntos.

En este plano sostuvo que se faltó al deber del Ministerio y de su titular de dictar las normativas necesarias para detallar la modalidad del teletrabajo para el área educativa.

Remarcó que no solo no avanzó en el punto, sino que se restó de aplicar textos salientes del Congreso Nacional que trataron hacer frente al problema. “A la fecha no existe un régimen de excepción que permita asumir las nuevas realidad”, puntualizó.

Asimismo, en este marco hizo mención a la falta de cumplimiento de las leyes relacionadas a incentivos al retiro, tanto de profesionales de la educaciones, como de asistentes de este sistema. Recalcó que ha habido un atraso constante en su aplicación y que, incluso, hay pendientes desde 2016. “Más de 30 asistentes de la educación y 23 profesores murieron esperando el bono”, lamentó.

Amenaza de salud de la vida

Sala

Respecto del tercer capítulo, Camila Rojas se refirió al tema de la amenaza a la vida y los daños psicosociales de niñas, niños y adolescentes. Sostuvo que se han detectado más de 110 mil casos de menores con Covid-19. Además, se constata la detección en Chile del SIM-C o Síndrome Híper Inflamatorio que puede traer consecuencias graves para a salud de los niños.

En este ámbito, afirmó que hace necesario un distanciamiento de al menos dos metros. Estimó que no estaría asegurado en la mayoría de los colegios del país. Mencionó, además, que la mayoría de los niños de trasladan en transporte publico, lo que amplía la posibilidad de contagios. “El ministro de Educación ha puesto en riesgo la vida y seguridad de los niños. Ha infringido la ley, con la insistencia en el retorno a clases presenciales”, precisó.

Agregó que el regreso a clases no ha sido acompañado de acciones que resguarden la seguridad de los menores.