Rechazan admisibilidad de la acusación constitucional en contra del ministro Raúl Figueroa
La admisibilidad del libelo fue rechazada tras reunirse 71 votos a favor de ella y 76 contrarios. Por efecto de ello, concluye su trámite en la Corporación y se entiende por no presentada la acusación desde la perspectiva formal.
Seis horas duró en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el tratamiento de la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa.
Luego de la presentación de la parte acusadora, a cargo de la diputada Camila Rojas (Comunes); y de la defensa, por medio del abogado Jorge Gálvez, se abrió el debate de las bancadas (ver más abajo). Inmediatamente después vino la votación: 71 votos apoyaron la admisibilidad, mientras que 76 la rechazaron.
Por efecto de dicho resultado, concluye su trámite en la Corporación y se entiende por no presentada la acusación desde la perspectiva formal.
Planteamiento de las bancadas
El diputado Juan Santana, a nombre del PS, recalcó que el titular de Educación tiene el deber de actuar preventivamente para aminorar los riesgos. En tal punto, afirmó que los protocolos decretados no están siendo implementados por los establecimientos. Así, ironizó mencionando que la lavada de manos solo sirve para prevenir del Covid-19 y no para evadir responsabilidades.
Para su tesis expuso los informes de la Contraloría que dan cuenta de graves deficiencias en los protocolos sanitarios y su incumplimiento efectivo. Tal hecho, resaltó, no fueron refutados por la defensa.
Desde el Partido Radical, José Pérez enfatizó que la acusación “se justifica plenamente” por el “pésimo manejo” que ha tenido el Ministerio durante la pandemia. “Se han cometido graves errores”, criticó. Agregó que se recordará como “el peor ministro de Educación del país”. Ello, por haber sido “indolente” e incapaz de mantener un diálogo constructivo con el Colegio de Profesores.
El diputado Luis Pardo, en representación de la Bancada de Renovación Nacional, llamó a descartar la acusación. Pidió hacer pesar los criterios objetivos y no dejarse llevar por opiniones políticas.
Dijo que es legitimo tener puntos diferentes respecto de la forma en cómo se han enfrentado algunas materias, pero no asociar ello a faltas constitucionales o legales. Además, sostuvo que ninguna de las afirmaciones de los acusadores tiene sustento y defendió las políticas impulsadas por el Mineduc, avaladas por organismos y autoridades, tanto internacionales como nacionales.
“El Plan Retorno Seguro ha permitido que hoy más de 10 mil establecimientos puedan abrir sus puertas para familias que así lo decidieron”, remarcó.
PPD, DC y PC
Desde el PPD tomó la palabra la diputada Cristina Girardi. Afirmó que la presencialidad es esencial para el proceso educativo. Sin embargo, se preguntó si el abogado defensor enviaría a sus hijos a un colegio que no tiene las cámaras de desagüe operativas. Pidió revisar las condiciones sanitarias de los establecimientos educacionales para el retorno seguro a las aulas.
El diputado de la DC Mario Venegas destacó que atentar contra el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes “es de la mayor gravedad”. Sostuvo que “no resiste justificar la infracción” por parte de la defensa del ministro.
Aseguró que era deber del secretario de Estado proponer y evaluar planes y políticas para hacer frente a las demandas de este tiempo. Como el ministro no lo habría hecho, señaló que es “deber jurídico y político” votar a favor, anticipando dicha posición en la mayoría de su bancada.
Por el Partico Comunista tomó la palabra la diputada Marisela Santibáñez, integrante de la comisión que analizó la acusación. Señaló que, con los antecedentes a la vista, “resulta absolutamente procedente esta acusación constitucional”.
Sostuvo que el ministro “decidió no proveer ni gestionar más recursos para los establecimientos educacionales”. Asimismo, destacó que la puesta en marcha de clases presencial “no puede ser una amenaza a la vida de quienes son partes del sistema educacional”.
UDI, Evópoli e independientes
Desde la UDI tomó la palabra el diputado Juan Fuenzalida, quien presidió la comisión que analizó el libelo. El parlamentario recordó que los mismos que presentaron la acusación fueron los que patrocinaron proyectos para impedir el retorno presencial y seguro.
También desde el comité UDI, el diputado Enrique Van Rysselberghe. Lamentó la “perdida de tiempo” para el ministro, cuando debería estar ocupado en mantener una educación de calidad. Descartó que no hubiesen recursos adicionales para cumplir con las medidas sanitarias. Recalcó, además, que ningún estudiante ha sido obligado a volver, porque siempre la voluntariedad estuvo primero.
Para el diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli), el verdadero propósito de la acusación “es destruir a un ministro que no les gusta”. Criticó, luego, que se hace mal uso de una herramienta constitucional de último ratio. “Se hace uso abusivo del mecanismo constitucional”, enfatizó.
Afirmó que lo realizado por el ministro Figueroa fue, justamente, cumplir con la misión de su cargo y garantizar la educación. Para ello, acotó, implementó 62 medidas, dentro de las cuales estuvo la vacunación del personal de la educación.
Hablando a nombre de la mayoría del Comité Independiente, el diputado Pepe Auth criticó el uso de la acusación constitucional y la polarización del debate en torno al retorno a clases.
El parlamentario argumentó que en prácticamente todo el mundo “las escuelas deben ser lo último que se cierra y lo primero que se abre”. Para esto, señaló que debieron implementarse más recursos. Sin embargo, puntualizó que esto es una diferencia política y no justifican una acusación constitucional.