CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

La Comisión de Economía analizó el veto presidencial al proyecto que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores (boletín 12409).

El ministro del ramo, Lucas Palacios, explicó las observaciones que apuntan, principalmente, a un tema en particular. Dicha temática refiere a prohibir, restringir o condicionar la aplicación de descuentos o el otorgamiento de beneficios a un medio de pago específico, administrado u operado por el mismo proveedor, para una empresa relacionada o una sociedad de apoyo al giro.

Al respecto, dijo que restringir la posibilidad de que los emisores de tarjetas no bancarias operen a través de descuentos, eliminaría la principal herramienta de competencia que poseen los actores de este mercado. Ello, agregó, trae repercusiones negativas en el desarrollo e innovación del mercado de pagos electrónicos.

Sostuvo que la norma tiene efectos contrarios al proyecto de ley, porque se perjudica a los consumidores. Afirmó que enfrentarán menos ofertas y peores condiciones a la hora de comprar bienes o servicios con tarjetas de pago. Además, estimó que sería perjudicial también para las pymes.

En contraposición, el veto establece la prohibición de condicionar la compra de un bien o servicio a un medio de pago. Sin embargo, suprime que los proveedores ofrezcan descuentos o beneficios adicionales asociados a un medio de pago administrado u operado por el proveedor o partes relacionadas (frase final art. 17H).

Otras especificaciones

Especificó que, adicionalmente, se prohíbe las ofertas con medios de pago condicionadas a operaciones de crédito asociadas en más de una cuota. Asimismo, se establece la obligación del proveedor de informar previamente el costo total del crédito. Esto, cuando el consumidor opte voluntariamente por esta alternativa de financiamiento.

Con ello, detalló el ministro, se persigue una clara división entre utilizar una tarjeta como medio de pago y la utilización de la tarjeta como medio de financiamiento.

Palacios sostuvo que el efecto de esta norma es permitir los descuentos asociados a un medio de pago, pero la prohibición del proveedor de generar un condicionamiento a dicha operación a la contratación de un crédito en más de una cuota. Planteó que ello garantiza que los consumidores podrán acceder a los descuentos sin tener que endeudarse.

De igual modo, se establece una obligación de publicidad para el proveedor. Este deberá informar el precio al contado del producto o servicio, en términos visuales iguales o superiores  al precio de oferta. Por medio de esto, se busca reforzar la transparencia e información para el consumidor.

Reacciones

El diputado Karim Bianchi (IND) llamó a declarar inadmisible el veto. Sostuvo que no tiene relación con las ideas matrices del proyecto.

En defensa de la norma cuestionada por el Ejecutivo, señaló que no puede ser entendida como “prohibitiva” para los consumidores. Recalcó que elimina un privilegio que se entregó a un determinado sector de la economía y, además, evita que se discrimine a quienes no pueden utilizar ese medio de pago asociado al mismo proveedor (por ejemplo, el retail).

El diputado Giorgio Jackson (RD) consideró que el veto no tiene fundamentos. Agregó que la propuesta buscaba regular medios de pago asociados a comercios, de los cuales hay 19 inscritos en la Comisión para el Mercado Financiero (principalmente, retail, supermercados y farmacias).

En ese sentido, resaltó que la totalidad de las pymes no tienen medios de pago propios y no serán afectadas, como señala el Ejecutivo. Agregó que, de aprobarse el veto, se favorecerá la concentración económica, porque las grandes empresas van a poder seguir haciendo ofertas con sus medios de pago.

A favor del veto se manifestó el diputado Pedro Velásquez (IND). Dijo que no se puede “coartar la libertad que tenemos todos los chilenos de elegir”. Afirmó que los sectores más vulnerables son los que acceden a dichos descuentos y a comprar a crédito, por ejemplo, en los supermercados. Agregó que las tarjetas bancarias ofrecen beneficios a personas ABC1, pero no a los más humildes.

En tanto, el diputado Miguel Mellado (RN) planteó que descalificar a las tarjetas de casas comerciales es descalificar también a la gente que accede a ellas. Planteó que la norma objetada afecta a los consumidores que podrán acceder a peores ofertas o peores condiciones a la hora de comprar bienes o servicios.

Consumidores

En la ocasión, expusieron brevemente representantes de empresas de consumidores citadas para el análisis de otro proyecto.

Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), sostuvo que el veto avanza, pero no resuelve el problema central. Indicó los consumidores no saben si les conviene o no, ya que la publicidad es poco clara y se manipula para acceder al crédito.

En ese sentido, plantean avanzar aún más y no condicionar la compra ni los beneficios, al uso exclusivo de tarjeta de crédito.

Mientras, Miriam Barreaux, abogada de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), indicó que están de acuerdo en que se regule el tema de manera adecuada, pero no con que se prohíban los beneficios. Entendemos que es un derecho de las empresas, que beneficia a los consumidores. También consideró que el veto es insuficiente, ya que no considera el pregago y, actualmente, el descuento solo se condiciona al pago en cuotas.

El grupo parlamentario acordó extender las audiencias antes de proceder a la votación del veto presidencial. Así, se invitará nuevamente al ministro de Economía y a las organizaciones de consumidores para la sesión del 20 de septiembre. Asimismo, se espera contar con la Fiscalía Nacional Económica, representantes de organizaciones de pymes y el académico Mauricio Tapia.