Aprueban legislar para dar protección jurídica a Carabineros en Comisión de Seguridad Ciudadana
La iniciativa busca aumentar las penas de los delitos que se cometan en contra de los efectivos policiales, pero, en especial, cuando se trate de ataques que terminen con la muerte de alguno de ellos.
“El reciente crimen perpetrado en contra del carabinero Eugenio Naín constituye un aberrante atentado en contra de los principios fundantes de nuestra sociedad. Solo merece el repudio general de Chile y la aplicación ejemplar de las penas asociados a este asesinato”.
Así lo remarcan, en sus fundamentos, los autores de la iniciativa denominada “Ley Naín”, aprobada en general por la Comisión de Seguridad Ciudadana (boletín 13944).
El texto legal, originado en una moción, modifica el Código de Justicia Militar. Busca aumentar las penas aplicables a los delitos cometidos en contra de funcionarios de Carabineros de Chile, en el ejercicio de sus funciones.
El proyecto se enmarca dentro de un paquete de medidas propuestas para promover el respeto a la institución de Carabineros de Chile en nuestra sociedad. También, toma como base la protección social y económica de los efectivos policiales, cuando son víctimas de ataques en el ejercicio de sus funciones.
La presidenta de la instancia legislativa, Maite Orsini (RD), indicó que, hasta la próxima semana, se recibirán las indicaciones a la iniciativa.
Ejecutivo
Desde el Ejecutivo, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, señaló que la propuesta va en línea de lo que está trabajando el Gobierno. Además, señaló que es muy necesaria, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo como país.
Por otro lado, agregó que se requiere legislar sobre el uso de la fuerza por parte de las policías. “Es para darles garantías, tanto a los ciudadanos como a los miembros policiales. Es bueno que regulemos desde el nivel legislativo cuáles serán las conductas que se van a eximir de responsabilidad penal, para cuando se utilice las fuerza por parte de las fuerzas policiales”, precisó.
Fundamentos del proyecto
El texto señala, en sus fundamentos, que los atentados en contra de carabineros violentan la consciencia de nuestra sociedad. Por lo mismo, deben ser sancionados por las implicancias que generan estos ataques en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, remarca que se trata de un atentado en contra de una persona. Pero, además, constituye un atentado en contra de un funcionario público, quien es garante del orden y de la paz social.
Igualmente, indica que Carabineros es la institución encomendada para velar por el resguardo del orden público, sustentado en una tradición de más de 90 años de subsistencia. En virtud, no solamente del profesionalismo de sus miembros, sino de la legitimidad que el pueblo de Chile le ha otorgado durante estas décadas.
Aumento de las penas
Hasta ahora (el texto puede variar en la discusión del articulado definitivo), la iniciativa considera una pena de presidio perpetuo calificado para quienes maten a un carabinero que se encuentre en el ejercicio de sus funciones.
Para quienes hieran, golpeen o maltraten de obra a un carabinero que se encuentre en el ejercicio de sus funciones, las penas fluctuarán entre:
- Presidio mayor en su grado máximo (desde 15 años y un día a 20 años). Para los casos en que, como resultado de las lesiones, queda el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente.
- Presidio mayor en su grado medio (desde 10 años y un día a 15 años). En el caso que las lesiones produzca al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días. Tampoco podrá optar a beneficios consagrados en la Ley 18.216, sino una vez cumplidos 3 años de la condena privativa de libertad.
- Presidio mayor en su grado mínimo (desde 5 años y un día a 10 años). Aplicará si se causan lesiones menos graves.
- Presidio menor en su grado máximo (desde 3 años y un día a 5 años) y multa de seis a once UTM. Esto si se ocasionan lesiones leves.
Adicionalmente, se detalla que si el delito es cometido en el contexto del ejercicio de un derecho constitucional, no se podrán solicitar beneficios legales. Por otra parte, incorpora penas accesorias consistentes en la inhabilidad para desempeñar cargos públicos.
La propuesta fue presentada por los/as diputados/as UDI Jorge Alessandri, Nino Baltolu, Juan Antonio Coloma, Nora Cuevas, Juan Fuenzalida, María José Hoffmann, Cristhian Moreira, Nicolás Noman, Iván Norambuena y Osvaldo Urrutia.